Tablero de posiciones

 

La estrategia política de resolver el conflicto por los derechos al territorio en la Patagonia a través del Poder Judicial se expresa, las últimas semanas, en dos escenarios complementarios –uno en Chubut, otro en Río Negro–, que nutren y se articulan con otro tercero en Neuquén. En tres meses cayó gran parte de la causa conocida como “La Trochita”, uno de los momentos clave de la espiral persecutoria contra el pueblo mapuche-tehuelche que generó las condiciones para la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en 2017 en una fracción en disputa con el grupo Benetton. La semana próxima, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia resolverá si va más a fondo y si promueve (o no) algún tipo de acción contra el juez y la fiscal de Esquel que habilitaron la persecución con la Gendarmería Nacional dentro del espacio de la Pu Lof Resistencia Cushamen, entre otros puntos.

En paralelo, la fiscalía atribuyó un móvil económico al crimen de un joven mapuche y el intento de homicidio de otro, ambos de la Lof Quemquemtreu, cometido el 21 de noviembre pasado en el paraje rural Cuesta del Ternero, próximo a El Bolsón (Río Negro). Es la primera vez que un funcionario público reconoce abiertamente en una causa judicial el uso de la violencia extrema en manos de empresarios para garantizar la apropiación de la renta de los bienes de la naturaleza, al menos en los casos que he seguido en varios años. La semana pasada, la Justicia rionegrina confirmó la prisión preventiva de los dos imputados como coautores con último domicilio real en Esquel, pocos kilómetros al sur del lugar del crimen. Ambos portaron armas de fuego y son cuatro los testigos presenciales del ataque, precisó la fiscalía en la audiencia de control de impugnación promovida por las defensas.

 

 

Los mismos actores se verán la semana próxima en el revés del conflicto, la causa por presunta usurpación de tierras rurales explotadas por capitales privados que se inició en septiembre, después del asentamiento de Quemquemtreu en una fracción junto al río Ternero, a unos 20 kilómetros al noreste de El Bolsón. La querella insistirá en impulsar el desalojo por la fuerza, ante lo que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reclamará, por tercera vez en este caso, la conformación de una mesa de diálogo. Martín Cruz Feilberg, socio de General Simón S.R.L. y uno de los coautores del ataque con armas de fuego, fue quien hizo la denuncia original de presunta usurpación, reveló Betiana Cendón, fiscal jefa de la Zona Andina, y no Rolando Rocco, con permiso precario de ocupación de tierra fiscal provincial para sus plantaciones forestales exóticas. En dos audiencias previstas para los próximos días en el legajo por presunta usurpación, se verán los alcances de los tres balazos calibre 22 de la tarde del domingo 21, especialmente en la posición de la fiscalía.

 

 

Dos pares 

Guido Sebastián Otranto y Silvina Ávila, juez y fiscal del juzgado federal de Esquel respectivamente, han sido engranajes fundamentales de la estrategia de criminalización sistemática del reclamo territorial mapuche-tehuelche, en consonancia con sus pares Leónidas Moldes y Sylvia Little desde Bariloche. En marzo de 2016 comienza el conflicto por el paso inconsulto del tren de trocha angosta que une El Maitén-Esquel por el espacio reivindicado por Resistencia Cushamen en el cuadro La Herradura de la estancia Leleque, inscripto como propiedad privada de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. de Benetton en la Argentina. El 22 de diciembre de ese año dispone que el 5 de enero de 2017 se despejen las vías de La Trochita, supuestamente bloqueadas a la altura de la lof, y se identifiquen a lxs ocupantes del lugar, para lo que pide al Ministerio de Seguridad de la Nación que arme un operativo conjunto con fuerzas provinciales. Pablo Noceti, jefe de Gabinete de Asesores, intervino en el diseño operativo del dispositivo que se hizo el 10 de enero, a partir de las 7, con por lo menos un centenar de efectivos de Gendarmería dentro del territorio y decenas de policías de Chubut y vehículos haciendo un cerrojo en las rutas para no más de veinte personas (adultos y niñxs), según se verificó durante el juicio oral.

 

 

En su momento, Ávila acusó a seis personas por diez hechos, que incluyeron lesiones graves a una gendarme, leves a dos, daño a una yegua de la unidad montada y resistencia a la autoridad. Nada hizo respecto a lxs heridxs ni las vejaciones y detenciones ilegales de la Gendarmería, entre otros delitos. Cuatro años después, el fiscal ante el TOF Teodoro Nürnberg no encontró pruebas suficientes para sostener los cargos contra cuatro y sostuvo la acusación contra dos mujeres mapuche con argumentación dudosa.

El juez Enrique Guanziroli dará a conocer su fallo la semana próxima, que incluye planteos de las defensas:

 

• La absolución o condena de Mirta Curruhuinca y de Ailin Pilquimán para establecer si desobedecieron una orden judicial ejerciendo violencia física (como afirmó la fiscalía) o si protegían a los niños durante el desalojo y destrucción parcial de una ruka (como sostuvieron ellas);
• Los fundamentos de la absolución de Vanesa Millallanco del cargo de resistencia a la autoridad, que la fiscalía dictó por falta de pruebas, lo que rechazó la defensa ejercida por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina;
• Si promueve causa por falso testimonio contra Luis Eduardo Loncón, dirigente del Partido Justicialista de El Maitén, uno de los testigos convocados por Gendarmería para el procedimiento, que mantiene una hostilidad pública con Resistencia Cushamen y mintió en el juicio, según la Gremial de Abogadxs;
• Si promueve investigación de las actuaciones de Otranto, Ávila y Gendarmería Nacional por la legalidad de dos órdenes para el operativo (una de ellas verbal y telefónica); eventual acuerdo con el gobierno provincial para terminar con una mesa de diálogo que desató el operativo; montaje de un plan que incluyó un hospital de campaña ad-hoc en El Maitén, semanas antes del procedimiento; torturas y vejaciones a lxs detenidxs; manipulación de pruebas y testimonios; detención ilegal de un joven de 18 años; golpes y torturas a niñxs; entre otros puntos debatidos en el juicio, en el que los acusados mostraron que fueron víctimas de la violencia del aparato estatal.

 

 

Aproximación a la escena del crimen

 A cuentagotas, la fiscalía aportó algunos elementos fundamentales para acercarnos un escenario del crimen de Elías Garay Cayicol (29 años) en Cuesta del Ternero. Cendón parece haber dicho sólo lo imprescindible para mantener la prisión preventiva de Feilberg y Diego Ravasio, su empleado en General Simón, quienes permanecían alojados en un penal provincial en Viedma al cierre de este informe.

Fin de semana largo y muy buen clima para el turismo en la Cordillera. Poco después de las 15, un grupo de al menos cinco personas de la Lof Quemquemtreu advirtió que un vehículo paró y dos varones ingresaron al espacio en conflicto, cercado desde setiembre por la policía de Río Negro por orden judicial. Altos, delgados, pelados; uno vestido de negro, otro con camisa a cuadros clara; uno con una carabina calibre 22. Dijeron que eran cazadores que estaban perdidos y la gente mapuche les pidió que se retiren. Hasta ahí lo conocido. Ravasio, de ropa oscura, iba un poco adelantado con la carabina. Cabrera (25 años), sobreviviente al intento de homicidio, dijo que intentó desarmar a Ravasio y este le disparó dos veces, a corta distancia, en la boca del estómago y los intestinos. Feilberg sacó un arma corta, disparó una sola vez. Nadia Silveyra mira desde más atrás a Cabrera. No alcanza a darse cuenta de la trayectoria del tercer disparo cuando Elías, su pareja, cae herido de muerte a su lado.

Un oficial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro, junto con un efectivo que manipulaba el dron, controlaban el lugar desde un punto alto, una roca en medio del bosque nativo. Había viento cuando el dron documentó el Duna rojo de los presuntos cazadores en el acceso al campo forestado por Rolando Rocco, titular de los permisos oficiales que después de los últimos incendios de marzo de este año firmó un contrato de aprovechamiento de madera quemada con General Simón. Acababan de perder el dron cuando escucharon una detonación de arma de fuego y el grito de una mujer. Descendieron al camino de tierra y ya no estaba más el vehículo.

Los testimonios de lxs mapuches y de al menos dos policías permitieron acotar la hora del crimen. A las 16 y algo, Néstor Anticura, de una población lindera a la del conflicto, llegó al destacamento policial de la Cuesta a pedir ayuda, como quedó documentado en la cámara de video que portan todos los efectivos en actividad. A las 19.45 prestó declaración ante el fiscal Francisco Arrien en El Bolsón. Los partes diarios de los retenes precisaron que la dupla ingresó por El Bolsón (el oeste) y huyó por El Maitén (el este). Falta conocer muchos detalles: si la policía requisó el vehículo, cuándo ingresaron las armas. Aunque, sobre todo, falta determinar si actuaron solos y por sí mismos o si son los ejecutores materiales de un plan de un tercero y, en cualquiera de los dos casos, si contaron con algún tipo de respaldo.

 

 

Cendón planteó la motivación económica: “estaban perdiendo mucho dinero por el conflicto territorial”. Esa hipótesis, necesariamente, tiene que vincularse con las prácticas forestales en la zona, el impacto económico de los incendios, la relación del aprovechamiento de la madera y los planes institucionales de asistencia de leña y el papel de las burocracias de las áreas de Bosques y de Tierras Fiscales. Y, claro, el creciente peso político de Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón, quien incide en los proyectos para la Cuesta del Ternero aunque no son tierras bajo su ejido.

 

Tercer escenario

La lonko y la werquen del Lof Campo Maripe, asentadas en tierras del yacimiento Vaca Muerta (Neuquén), impulsan una causa en la Justicia Federal como víctimas del allanamiento ilegal realizado el 17 de junio de 2017. Este mes declararán como imputadxs la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti; el comandante principal Carlos Ariel San Emeterio; el comandante de la Región V de Gendarmería Nacional Luis Héctor Lagger y el comandante principal Jorge Elías Mariani. Con mucha desigualdad en las fuerzas, el pueblo mapuche (con sus organizaciones, comunidades, asociaciones políticas de abogadxs) no sólo resisten los desalojos en los territorios, sino que cuestionan el papel del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad en cada legajo.

 

 

Siguiendo a Cendón, sería deseable plantearse el móvil económico de Bullrich y Otranto en los casos de Chubut, así como otra alianza en Campo Maripe, porque no siempre es lo que parece.

En marzo de 2015 se asentó Resistencia Cushamen en el cuadro La Herradura, de la estancia Leleque. En el juicio “La Trochita” la montada galopó tras unos jóvenes que corrieron hacia el río Chubut. Declararon que lo cruzaron, pero los mapuches aseguran que ninguno lo hizo. Un video del dron mostró señales de humo desde una loma, hechas por quienes escaparon a la represión a los que aguantaron la golpiza y la tortura. Después de varios intentos de desalojo frustrados, el 1° de agosto de 2017 una protesta sobre la ruta 40, muy pocos kilómetros al sur, fue la oportunidad para ingresar por la fuerza al cuadro La Herradura, donde la comunidad construía un resguardo pequeño. Santiago Maldonado estaba allí y corrió hacia el río, pero no ingresó porque no sabía nadar, aseguraron sus compañeros. Su cuerpo sin vida apareció 72 días después, plantado en el lecho del río.

Crimen, motivación económica, impunidad, memoria activa. Elementos básicos para seguir los expedientes.

 

*Javier Grosso, geógrafo, docente de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para esta nota.

 

 

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