La vida que queremos

A poco de cumplirse dos años de gobierno, quisiéramos señalar algunas situaciones que nos van a permitir comprender y analizar los tiempos que corren.

Durante el primer año, el gobierno de Alberto Fernández tuvo importantes logros referidos a la reestructuración de la deuda privada, redujo las usurarias tasas de interés, extendiendo los plazos de pago, lo que le permitió a la Argentina ahorrar millones de dólares y destinarlos a paliar en parte la difícil situación que atraviesa nuestro pueblo. Sin embargo, se encuentra aún en medio de una difícil negociación con el FMI, por una deuda impagable e inmoral de 45.000 millones de dólares.

Otro punto insoslayable fue la pandemia. El gobierno, desde los inicios de la misma, mostró la férrea voluntad de cuidar la vida y la salud, con más aciertos que errores, con una oposición inhumana que negó la gravedad de la misma y se opuso a todas y cada una de las medidas de cuidado, apoyada por los medios de comunicación concentrados que repetían en forma incesante ese discurso irresponsable y que fue avalado escandalosamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal es así, que, en marzo del 2021 comenzó la segunda ola, que nos dejó un saldo trágico: sólo en cuatro meses se llevó la vida de más de 50.000 personas, la misma cantidad que en todo 2020.

Tenemos que destacar los esfuerzos del gobierno argentino en conseguir las vacunas y el logro de haber implementado la campaña de vacunación más importante y exitosa de la que nuestro país tenga memoria.

Queremos gradecer el invalorable esfuerzo de las y los trabajadores de la salud, que nos cuidaron y cuidan, entregando en algunos casos hasta su propia vida. Nos abrazamos con las familias que hemos perdido un ser querido en esta pandemia.

Desde aquí, llamamos a nuestro pueblo para que se vacune, ya que es una responsabilidad social hacerlo y es en definitiva la solución que le pondrá fin a la pandemia y a tanto sufrimiento, junto con los cuidados que hemos aprendido en estos años.

En 2021 se cumplieron 18 años de la declaración de nulidad de las leyes de impunidad por el Congreso y de la consiguiente reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Este proceso, que por sus características es único en el mundo, se sigue desarrollando pese a los constantes intentos de terminar con su marcha.

Remarcamos nuestra preocupación ante la demora de la Corte Suprema de Justicia en resolver los recursos que se interponen en las causas que ya registran condenas confirmadas incluso por la Cámara de Casación.

Si bien este año la Corte ordenó que se lleve adelante el proceso contra Carlos Pedro Blaquier, resolviendo así recursos que llevaban más de cinco años de trámite, lo cierto es que la demora impide que las sentencias recurridas se consoliden como cosa juzgada, con el riesgo evidente de que quienes resultaron condenados fallezcan sin que sus sentencias estén firmes y por ende se los considere “inocentes”. Esta mecánica, que en los ambientes tribunalicios es conocida como “el punto final biológico”, constituye una verdadera burla a las víctimas y sus familiares y a todos quienes sostenemos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Según lo informado por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, al mes de septiembre existían 1.044 condenados por esos delitos. Sin embargo, la mayoría de estos condenados y de quienes están sujetos a proceso por los delitos cometidos hasta el 10 de diciembre de 1983 no se encuentran detenidos. 1.599 personas gozan de libertad y sólo 824 están detenidas, aunque de ellas 619 están en arresto domiciliario, mientras que sólo 142 están alojados en cárceles y otros 63 en distintos establecimientos.

Celebramos la decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de publicar la información actualizada de los juicios, según la cual en nueve provincias se están celebrando juicios orales y públicos, de los cuales dos tratan acerca de la responsabilidad de civiles en el genocidio; en siete se juzgan hechos de violencia contra niñas y niños; uno se refiere a los vuelos de la muerte; tres involucran a personal civil de inteligencia; en cuatro existe una motivación económica, y otros seis se refieren a delitos sexuales.

Como lo venimos haciendo desde hace años, reiteramos nuestros reclamos a las autoridades para que arbitren los medios necesarios para que los juicios avancen con celeridad. Es indignante que más de 45 años después de cometidos los crímenes muchos de sus responsables sigan impunes. Lo volvemos a decir una vez más: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Queremos cárcel común, perpetua y efectiva para todos los responsables del genocidio, sean civiles, militares, integrantes de las fuerzas de seguridad o de cualquier otra institución.

Con respecto al rol del Poder Judicial, podemos decir que la reforma estructural del mismo sigue siendo una deuda de la democracia.

Es necesario democratizar y transparentar los mecanismos de elección de los jueces y terminar con la arbitrariedad a la que nos han sometido, sobre todo, en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, máximo responsable político de la instalación del lawfare en la Argentina, una estrategia perversa de la derecha, implementada por Estados Unidos en toda América Latina, para perseguir y encarcelar a dirigentes opositores, funcionarios de gobiernos populares, empresarios nacionales y dueños de medios de comunicación que pudieran entorpecer sus propósitos de implementar un proyecto neoliberal.

El triunfo de 2019 implicó la firma de un contrato moral y político con la inmensa mayoría del pueblo argentino que dijo “basta” al gobierno neoliberal de Juntos por el Cambio. Ese contrato incluye la necesidad de poner un freno a la impunidad con la que el partido judicial ha actuado desde siempre. Imposible olvidar esas puertas que se cerraban durante la dictadura genocida, cuando los familiares recorríamos juzgados para presentar habeas corpus y pedir la aparición con vida de nuestros 30.000.

El partido judicial sigue operando impunemente como el brazo ejecutor del neoliberalismo. Son los mismos que con su discurso de odio permiten, entre otras cosas, que una negacionista confesa como Victoria Villarroel –quien al asumir como diputada volvió a agraviar la memoria de nuestros y nuestras 30.000 negando, una vez más, el terrorismo de Estado y pretendiendo reinstalar el discurso nefasto de que durante la dictadura genocida hubo dos demonios– llegue a ocupar un lugar en el Congreso Nacional. Igual que personajes violentos y antidemocráticos como José Luis Espert, a quien denunciamos por inhabilidad moral para ocupar el cargo de diputado nacional.

Es necesario hoy más que nunca reafirmar el camino de Memoria, Verdad y Justicia, por eso necesitamos que las instituciones lleven adelante todos los mecanismos que sean necesarios para evitar que estos discursos de odio y de negación de la historia vuelvan a instalarse en la Argentina desde una banca en el Congreso.

Aún hoy muchos de nuestros compañeros y compañeras víctimas del lawfare siguen privados de su libertad. Libertad que seguimos reclamando enfáticamente.

No podemos dejar de mencionar la situación de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del Poder Judicial, que actualmente cuenta con sólo cuatro miembros, cuyo presidente y vicepresidente fueron propuestos por un miembro del tribunal y se votaron a sí mismos. Lo que significa que el futuro de todo el pueblo argentino queda en manos de estos magistrados profundamente cuestionados.

Por eso hacemos nuestras las palabras del compañero Néstor Kirchner el 5 de junio de 2003, día en que fue planteada la renovación de la Corte Suprema de Justicia: “Es escandaloso y constituye el más grande agravio a la seguridad jurídica el solo hecho de que algunos especulen con tomar de rehén a la gobernabilidad para la obtención de garantías personales o institucionales”.

Para comprender la crisis económica mundial agravada por dos años de pandemia basta un dato de la Organización Internacional del Trabajo: 225 millones fueron los puestos de trabajo perdidos en todo el planeta. La situación más dramática para las y los trabajadores desde la segunda guerra mundial.

Cabe preguntarse entonces: ¿cómo es posible que los representantes del gobierno de las corporaciones trasnacionales, los pocos, poquísimos ricos de nuestro país, responsables del brutal endeudamiento, inflación, desempleo y pobreza, ellos, los responsables absolutos de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentra hoy la Argentina, no sólo no se hacen cargo de esta situación sino que pretenden volver a gobernar para seguir enriqueciéndose ilícitamente?

Es necesario que el gobierno pueda en los dos años que quedan, dar el debate de cara a la sociedad sobre qué modelo económico necesita nuestra patria y sentar las bases estructurales de la reconstrucción argentina.

Sabemos que los esfuerzos que el gobierno hizo y hace en el acompañamiento a los sectores más vulnerados por el neoliberalismo y la pandemia han sido constantes, pero no suficiente.

Hoy, a pesar de las dificultades, la Argentina está en un proceso de crecimiento económico como consecuencia de la aplicación de políticas públicas del gobierno nacional.

Pero el crecimiento no es sinónimo de distribución de la riqueza. Para que esto suceda hay que aumentar salarios, jubilaciones, regular precios y tarifas para que sean accesibles y poner así en marcha la rueda de la economía con inclusión social. Como bien lo manifestara la Vicepresidenta de la Nación, la compañera Cristina Fernández de Kirchner: “Ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más”.

Sabemos que la cuestión excluyente por estos días es la negociación con el FMI, que como es de suponer no declinará en el intento de imponer su consabida agenda de ajuste y reformas estructurales.

Reafirmamos que acompañamos lo comprometido por el Presidente Alberto Fernández en la apertura de las Sesiones Ordinarias el 1º de marzo de 2021, cuando textualmente expresó: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más”.

Ante esta realidad, sería inaceptable que nuestro país vuelva a perder su soberanía para implementar el modelo económico con inclusión social que este gobierno representa y que nuestro pueblo vea nuevamente postergado su derecho de tener una vida digna. Por esto apoyaremos al gobierno nacional en un acuerdo con el FMI que salvaguarde la construcción de una patria igualitaria, libre, feminista y soberana, con la que siempre soñamos y que alguna vez tuvimos muy cerca con Néstor y Cristina.

Desde la recuperación democrática en 1983 nuestro pueblo ha vivido en permanente tensión y lucha con los poderes fácticos y sus representaciones corporativas. Pero nunca como ahora esa tensión y ese enfrentamiento se han manifestado con tanta crudeza.

Las democracias en el mundo y en especial en nuestra región deben enfrentar el poder de las corporaciones supranacionales que han concentrado y acumulado no sólo riqueza sino también poder político.

Nuestra patria ha sufrido el gobierno de estos sectores con la administración de la alianza Juntos por el Cambio (Pro-UCR-Coalición Cívica), que logró en cuatro años destruir el aparato productivo y social con métodos que en otras épocas utilizaban las dictaduras que asolaron el país.

La persecución y el espionaje a opositores, la violencia estatal para el control social, la mentira con forma de promesas, la compra de voluntades propias y ajenas, la propaganda con forma de noticias utilizando los medios de comunicación concentrados y a comunicadores que son verdaderos mercenarios a su servicio para difundir discursos de odio, ponen a la sociedad en un estado incertidumbre permanente sobre el futuro y busca estigmatizar a personas o grupos sociales para construir el enemigo interno.

Estas prácticas impulsadas por sectores de la derecha tienen capacidad criminal, como ya lo han demostrado cuando fueron gobierno al ocultar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y el perverso espionaje a las familias de los submarinistas del ARA San Juan.

Repercuten además en el accionar de las fuerzas de seguridad en las distintas jurisdicciones, que continúan con prácticas represivas ilegales, gatillo fácil, torturas en comisarías, utilización de sicarios, que se han llevado en las últimas semanas, la vida de Lucas González en Barracas, Alejandro Martínez en San Clemente o el joven mapuche Elías Garay en Río Negro. Es otra deuda de la democracia erradicar estas prácticas que son resabios de la militarización de las fuerzas de seguridad, herencia de las dictaduras militares.

Llamamos a nuestras y nuestros representantes a promover la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan el bien común, a construir una democracia participativa que renueve las estructuras sociales, políticas y económicas, que fortalezca los intereses nacionales y saque definitivamente de la pobreza, la marginación y la indigencia a nuestros compatriotas.

Una democracia que garantice los derechos de las minorías que, como en el caso de los pueblos originarios, son pisoteados por los sectores del privilegio; una democracia que vele por el cuidado del medio ambiente para beneficio de las generaciones futuras.

Por eso hoy decimos que es necesario avanzar firmemente en “poner de pie a la Argentina” y conquistar la vida que queremos las mayorías populares.

Para concluir, y luego de escuchar y ver el video de nuestras Madres, mujeres valiosas y valientes, hacemos nuestras sus palabras.

Aprendimos en la lucha a pensar, debajo del pañuelo tenemos un cerebro que nos hizo estar presentes en cada momento de la historia de nuestro país.

Necesitamos saber qué pasó con cada hija o hijo desaparecido. Nos dejan un legado que tenemos como sociedad. Es nuestra obligación continuar la búsqueda de las Madres, que estuvieron y están cada jueves en la Plaza de Mayo.

Saber y transmitir que las y los jóvenes desaparecidos eran militantes que luchaban por un mundo mejor. La militancia es compromiso, compañerismo, ocuparse del otro, ayudar con amor.

Repetimos las palabras de nuestras Madres: son los que ya no están, los que no nos van a perdonar si no salimos de esta pobreza.

Seguimos luchando por una patria más igualitaria, libre y soberana,

Nunca Más el Odio

Nunca Más el Silencio

Por Memoria, Verdad y justicia

30.000 compañeros y compañeras presentes.

 

 

 

 

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