MANOS LIBRES

 

La vida cotidiana del pueblo argentino lo enfrenta a una creciente carestía de la vida, los salarios que no alcanzan, la alta informalidad laboral, la existencia de un desempleo que supera los dos dígitos. El informe de agosto de 2021 de CIFRA-CTA  constata que “en el segundo trimestre de 2021, el salario real promedio de los trabajadores registrados en el sector privado fue 4,2% inferior al mismo trimestre de 2020 y 5,3% menor al mismo período de 2019. Así, el poder adquisitivo del salario es 20,1% menor al cuarto trimestre de 2015”. La pérdida del salario promovida por el gobierno de Cambiemos y con la que se atravesó la pandemia significó para el Instituto de Investigaciones de la Central de Trabajadores Argentinos también una consecuencia del aumento del desempleo, ya que “cuando la tasa de desocupación arriba a dos dígitos afecta el nivel del salario real ya que bajo esas circunstancias las organizaciones sindicales y los propios trabajadores y trabajadoras defienden la ocupación de sus respectivas actividades, aminorando sus reclamos salariales”. CIFRA-CTA sostiene el punto de vista clásico de los economistas heterodoxos consustanciados con el nacionalismo popular y democrático, afirmando: “En escenarios de crisis y desempleo la teoría económica sugiere implementar políticas fiscales, monetarias y de ingresos expansivas de forma tal de romper el círculo vicioso de la crisis y, por medio de una inyección adicional de ingresos, reactivar el consumo y, por consiguiente, la inversión y el empleo. En tal sentido, el balance del primer semestre parece constatar que el gobierno no tuvo como meta prioritaria la de desplegar una política fiscal lo suficientemente expansiva como para revertir el ciclo económico, sino que procuró resolver los profundos desequilibrios económicos generados durante el gobierno de Cambiemos –es decir, una importante recesión económica, un elevado nivel de inflación, un déficit fiscal insostenible por los vencimientos del inédito endeudamiento que consumó, entre otros– y que se profundizaron, con sus más y sus menos, por la inesperada pandemia sanitaria”.

Sin embargo puede leerse como contradictorio con el combate a la recesión el relevamiento que hicieron los investigadores sobre la evolución del gasto público. Sólo no hubo ajuste en el subsidio a los servicios ya que “el 'resto del gasto primario corriente' se ubicó en torno al nivel de ajuste del primer semestre de 2019, principalmente por la reducción del gasto en términos reales en materia de jubilaciones y pensiones (-6,9% en el primer semestre de 2021 respecto a igual período de 2019) y salarios (-12,8% en el mismo período). El gasto de capital registró, por su parte, un bajo nivel de ejecución en el primer semestre 2021, siendo 8,2% superior al nivel de 2019 y 42,2% inferior al del primer semestre de 2016. La magnitud del gasto en el primer semestre resulta insuficiente para hacer sostenible en el tiempo la recuperación económica”.

Por su parte el IPYPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas) informa que el excedente bruto de explotación evolucionó desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo de 2021 desde el 35.2% hasta el 50.2%.  El importante retroceso del salario real y la magnitud del avance de la participación de los propietarios de medios de producción supone una redistribución del ingreso a favor de los sectores concentrados y en perjuicio de las capas populares, que debe generar una profunda reflexión en el gobierno del Frente de Todos respecto a dar vuelta estos resultados como una media. El IPYPP calcula que esa suba del excedente bruto de explotación ha significado una transferencia de ingresos del trabajo al capital por un 11,3%.

 

 

Rapiñas en la peste

Estos números reflejan los comportamientos del empresariado concentrado durante la pandemia. Son los mismos que hicieron barullo y pusieron resistencia al impuesto a las grandes fortunas, al que finalmente se le cambió el nombre y se lo llamó aporte, aprobándolo al final con la aclaración de que sería por única vez.

El empresariado concentrado tuvo una pésima conducta durante la época grave y dura de la peste. Percibieron ayudas generosas del Estado para afrontar sus gastos durante los tiempos de cuarentena, que recibieron con beneplácito, y pusieron el grito en el cielo para no ser gravados con una tributación acorde con la emergencia. Pero entre los empresarios también hubo diferenciaciones, así se desprende de otro informe que difundió CIFRA-CTA en octubre de este año en el que expresa que “la inflación mundial que tuvo un capítulo especial en el elevado crecimiento de los precios internacionales de la energía, los alimentos y los minerales que entre los primeros 8 meses de 2021 respecto a igual período del año anterior treparon en dólares 82,1%, 29,4%, 35,3%, respectivamente. Es tan claro que la economía argentina no está aislada de estas circunstancias internacionales como que la inflación doméstica no se agota en ellas… [porque también se debe a] las distorsiones que se advierten en los precios relativos… [y] a las capacidades diferenciales de formación de precios que tienen los actores económicos en el marco de las pugnas por la distribución del ingreso y las presiones que ejercen los precios mundiales. Esto se pone de manifiesto al advertir que los precios mayoristas de rubros con elevada concentración económica se incrementaron por encima de los precios minoristas totales y de sus derivados durante los primeros 9 meses de 2021. Es el caso, por ejemplo, de los aceites (111,3%), sustancias plásticas y elastómeros (92,6%), cereales y oleaginosas (90,7%), productos siderúrgicos (70,9%) y minerales no ferrosos (54,9%). (…) Como consecuencia de ello los oligopolios que lideran esas actividades registraron una recomposición significativa de sus niveles de rentabilidad. Ternium Argentina declaró utilidades netas por el 40,1% de las ventas en el primer semestre de 2021, cuando en el mismo período del año anterior había registrado pérdidas contables (-1,5%). Aluar pasó del -6,7% al 8,8% de utilidades sobre ventas en los respectivos períodos mencionados. Molinos Río de la Plata, después de un buen primer semestre en 2020 (2,9%), aumentó su rentabilidad a 3,6% sobre ventas en el mismo período de este año”. CIFRA-CTA también calculó un fuerte aumento del excedente bruto de explotación, tomando en cuenta la comparación entre el primer semestre de 2020 y el del 2021; constata que el mismo aumentó del 48.2% al 53.1%.

Los análisis precedentes suministran con rigurosidad la información necesaria para sacar una conclusión fundamental: por debajo del proceso inflacionario de estos años, en su base, se produce una transferencia de ingresos colosal. Las restricciones de movilización popular determinadas por los cuidados necesarios para defender la vida fueron el escudo humano que el capital concentrado utilizó para ganar mucho más que en normalidad, pero a su vez para reestructurar la distribución de ingresos y preparar una reprimarización de la economía argentina de la mano de una industrialización exportadora “pinedista” .

 

 

La inflación del presente

Pues entonces, el debate teórico sobre la inflación, debe ser también – y fundamentalmente discutido- abordando el campo concreto en que se despliega hoy en el país. La inflación de demanda no existe porque los salarios están deprimidos, tampoco por una exacerbada puja distributiva porque la tasa de desocupación es lo suficientemente alta para que no haya una respuesta empresaria a una presión de costos causada por la suba de los sueldos. Con niveles altos de inflación siempre hay cuestiones de inercia por expectativas y conductas anticipatorias (aumentar antes que aumenten los proveedores, temer un aumento de insumos importados por una devaluación, etc.). Pero esa inercia no es más que la propagación por una causalidad de base. La inflación es de carácter estructural y está determinada por fuertes cambios en la distribución del ingreso entre beneficios y rentas por un lado y el salario por otro. Pero, además, por cambios relativos en los ingresos intracapitalistas,  ganando los sectores tradicionales de la exportación –por la mejora de los precios internacionales de los commodities— y otros muy oligopolizados proveedores de éstos o con demanda popular muy inelástica (los productores de artículos indispensables al consumo popular).

Está claro que el mecanismo de propagación inercial puede resolverse con un acuerdo de precios y salarios. La llamada política de ingresos. Pero con la distribución actual sería una política conservadora y favorecería el cambio estructural regresivo de reprimarización de la economía argentina.

El reordenamiento sustancial de la economía tiene su base en las retenciones y el control de precios, conservando el orden de la discusión paritaria del debate salarial y las medidas necesarias para la suba de los ingresos fijos de los asalariados y los sectores más vulnerables del pueblo. El castigo a la capacidad de consumo ha causado mucho daño. La derrota popular en las elecciones de 2015 arrasó con las condiciones de vida del pueblo. La política de ingresos con control de precios y recomposición de salarios deberá reestructurar la relación capital-trabajo, mientras las retenciones ayudarán a ese objetivo, a la vez que desacoplando los precios internacionales de los locales promoverán una recuperación del papel del mercado interno como elemento esencial de la dinámica virtuosa de una economía más cercana al beneficio de la mayoría. Es el control de precios del comercio exterior el que permite la elevación del salario, y es un mercado interno extendido lo que se necesita para disminuir el desempleo e incluir cada vez más sectores vulnerables a la formalidad del trabajo. El proyecto de país del movimiento popular requiere de una industrialización intensiva, y del consumo asalariado como factor decisivo y principal de la demanda.

 

 

Despejar los nubarrones del transformismo

El gobierno del Frente de Todos tiene la urgencia de recomponer para la post pandemia las herramientas de política económica que constituyeron su programa de arribo al poder. Un programa no sólo es un conjunto de medidas sino también una alianza de sectores y clases que coinciden en un proyecto de país. El elemento principal de ese programa debería anclarse en atender las necesidades populares.

Ninguna lógica de ordenamiento fiscal y monetario constituye un elemento principal en las urgencias del momento. El gobierno de derecha de Cambiemos tuvo como dinámica y propósito la recomposición del poder político empresario para desbaratar lo construido por los gobiernos que lo precedieron, cuya estrategia de disciplinamiento bastó para recomponer de manera sustantiva las condiciones de vida popular. La Argentina está llena de antecedentes de programas de estabilización, que fracasaron en bajar la inflación o duraron un tiempo con relativo o mayor éxito, pero todos tuvieron la consecuencia común de volcar los sacrificios sobre las espaldas de los sectores populares.

Nuevamente vale recurrir al pensamiento de Eduardo Basualdo en Sistema político y modelo de acumulación, con la aplicación a nuestro país de la categoría gramsciana de transformismo. Para evitar que, como ocurriera con la intelectualidad del Plan Austral –proveniente del pensamiento heterodoxo y “progresista”—,  se reitere que una nueva generación de intelectuales y economistas heterodoxos sean cooptados hoy por el establishment para el establecimiento de algunos de sus dos proyectos: la valorización financiera o la industrialización exportadora “pinedista". O para algún acuerdo entre ambos enfoques y bloques del poder concentrado.

La amenaza proviene de las urgencias desatadas por el FMI para que se arribe prontamente a un acuerdo. El organismo, que tuvo una actividad de claro corte injerencista en los asuntos nacionales entre 2018 y 2019, debe ser excluido de la determinación del rumbo de la política económica, que ha sido el motivo esencial que lo condujo a otorgar préstamos para profundizar la crisis argentina y conducir al país a un endeudamiento desde el cual destrozar su soberanía política para restaurar condiciones de dependencia que venían superándose.

Resulta esencial superar la naturalización de la inevitabilidad de pagarle al FMI dentro del paradigma que el organismo multilateral quiere. No hay que ir al acuerdo que el Fondo impuso siempre, puntos más, puntos menos. Se trata de crecer rápidamente y de usar las divisas para crecer. Hay que evitar el privilegio a los exportadores tradicionales y el fomento de la inversión extranjera directa sin una genuina y cuidadosa selectividad de la que sí conviene y la que no. La ampliación de plazos es imprescindible como la condonación de sobrecargos y las quitas penalizadoras por las irregularidades cometidas por el organismo. No hay que acceder al camino de priorizar el ingreso de divisas por cualquier medio.

La idea de un sendero virtuoso de expansión mediante el crecimiento del producto por encima del gasto público que redunde en una mejor recaudación a la cual se le agregue una reforma tributaria progresiva es equivocada. En un país de desarrollo medio y autonomía política con un perfil de redistribución popular de ingresos, el producto se incrementa de la mano de un crecimiento mayor del gasto y la inversión pública, mientras la inversión privada reacciona luego del crecimiento del producto. Ese es el orden. Y una reorganización del sistema tributario requiere de una mayor presión impositiva sobre los sectores concentrados. Este último principio axial para una política actual hoy está amenazado por distintos proyectos de ley que incluyen regímenes de estabilidad tributaria, como el que se otorgó en los noventa a la minería. La estabilidad tributaria es una forma de cortarse las manos para impedir la independencia económica en la determinación de una fiscalidad nacional por parte de la voluntad popular, tal como lo fue la convertibilidad como cepo a tener una política monetaria determinada por el poder democrático.

 

 

 

 

 

 

 

 

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