Jinetes inmobiliarios desatados

 

Los espacios verdes desempeñan un rol fundamental en el ambiente urbano ya que brindan un conjunto de servicios ambientales: son mitigadores de la contaminación, sumideros de dióxido de carbono, amortiguadores del impacto de las precipitaciones y, desde otra perspectiva, son también fundamentales como ámbito de socialización y como alternativa de recreación y esparcimiento de amplios sectores de la población.

La temperatura máxima en la Ciudad de Buenos Aires viene aumentando sostenidamente desde la década del ‘60. Sin embargo, en lugar de adoptar las medidas necesarias para su mitigación, el modelo urbano que hace décadas se consolida ha potenciado el fenómeno de calentamiento a partir de la ocupación del entorno ribereño y de la privatización sistemática de las superficies verdes públicas. Sólo en los últimos 13 años, la Ciudad privatizó 500 hectáreas de tierras públicas, de las cuales 150 eran superficies verdes.

Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran muy por debajo de los estándares recomendados. Mientras la ley de ordenamiento territorial de la Provincia de Buenos Aires establece como saludable 10 m² de superficie verde por habitante y reconocidos estándares internacionales recomiendan entre 10 y 15 m², la Ciudad de Buenos Aires en promedio cuenta con 6 m² de superficie verde por habitante.

 

 

Este indicador ambiental no se distribuye de manera uniforme en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires y resulta extremadamente crítico en los barrios populares, donde alcanza valores 100 veces menores a los recomendados.

Se estima que actualmente los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires representan un 15% de la población total de la ciudad, es decir aproximadamente 400.000 habitantes que no acceden formalmente a los servicios básicos y se encuentran expuestos permanentemente a elevados riesgos sanitarios y ambientales. En el sur de la Ciudad, en las Comunas 4 y 8, donde uno de cada tres habitantes vive en una villa, asentamiento o barrio popular, la mortalidad infantil se multiplica entre dos y tres veces respecto a las comunas del norte y la esperanza de vida está reducida en promedio en diez años. Democratizar el espacio público nos obliga a replantear dos dimensiones centrales y en permanente diálogo: la ambiental y la accesibilidad, ambas críticas en los barrios populares.

Durante el período 2019-2021, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA junto a mujeres integrantes de la organización social Salvador Herrera y la Secretaría de Discapacidad de la CTA Capital relevó diferentes dimensiones del espacio público en los barrios populares Villa 20, el sector de Caacupé de la Villa 21-24, Inta, Scapino y Albariños de la Ciudad de Buenos Aires. Las dimensiones del espacio público relevadas fueron las condiciones de accesibilidad al espacio público, el arbolado, la disposición de los residuos sólidos urbanos, las luminarias y las superficies verdes públicas.

Los resultados del relevamiento evidenciaron que en Villa 20 hay un árbol cada 80 habitantes y la superficie verde por habitantes es de 0,122 metros cuadrados. En el caso del barrio Scapino se obtuvieron resultados coincidentes: un árbol cada 71 habitantes. Y en el barrio Albariños, uno cada 600 habitantes.

 

 

El relevamiento del espacio público se complementó con la realización de una encuesta de discapacidad, que incorporó un módulo donde las familias encuestadas debían priorizar dimensiones del espacio público a mejorar en su barrio. Los resultados fueron coincidentes en todos los barrios relevados: mejorar las condiciones de accesibilidad, la oferta de superficies verdes y la luminaria pública.

 

 

 

El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la UBA, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) y la Defensoría de Laburantes elaboraron, a partir de un reciente pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Espacio Público y las Secretarías de Ambiente y Gestión Comunal, un informe en relación con el estado actual de las superficies verdes públicas de la Ciudad. El informe revela, por un lado, que la información proporcionada por los organismos competentes no coincide con la que figura en sitios oficiales y, además, corrobora que el gobierno porteño contabiliza como superficies verdes absorbentes a plazas cementadas, terrenos no absorbentes bajo la traza de las autopistas, canteros, “veredones” y bulevares.

A través del nuevo Código Urbanístico, sancionado en 2018, el gobierno porteño se comprometió a promover lo que llamó “Espacios Verdes de Proximidad”, una serie de parques y plazas de uso cotidiano que debían estar al alcance de les vecines, a una distancia no mayor de cinco minutos de caminata (400 metros). Se trató de una suerte de contraprestación a cambio de permitirle al mercado inmobiliario que triplicara y hasta quintuplicara la capacidad constructiva en barrios residenciales de casas bajas, que iban a llenarse de potenciales nuevos habitantes. Sin embargo, este mandato legal se encuentra incumplido.

Estas mismas organizaciones, acompañadas por decenas de asambleas y colectivos urbanos, presentaron el año pasado en la Legislatura porteña un proyecto de Ley de Marcos de Espacios Verdes. Este proyecto definía los espacios públicos verdes en función de la accesibilidad, el uso, la proximidad, la conexión vertical hidrológica entre las aguas de lluvias y las napas y sus dimensiones mínimas. Además, incorporaba la dimensión de la agroecología urbana, la educación ambiental y mecanismos democráticos de gestión. Si bien el proyecto fue impulsado por numerosos colectivos ciudadanos, está a la espera de que alguna legisladora o legislador de la Ciudad le dé estado parlamentario para que pueda comenzar a debatirse en las diferentes comisiones de la Legislatura Porteña.

Uno de los grandes desafíos en el marco de la agenda climática es repensar nuevos modelos de ciudad basados en la democratización de todas las dimensiones urbanas desde una perspectiva ambiental y de género. La pandemia por Covid-19 ha profundizado las desigualdades urbanas y ha visibilizado la importancia de los espacios públicos para garantizar una calidad de vida adecuada a los habitantes. Alcanzar la democratización de la ciudad con estándares adecuados de calidad de vida implica poder habitar, transitar y disfrutar de los centros urbanos en igualdad de condiciones.

 

Los privilegios legislativos del sector especulativo inmobiliario

En este contexto, finalizados los comicios electorales, Horacio Rodríguez Larreta y los bloques oficialistas en la Legislatura dieron rienda suelta nuevamente a sus cuatros jinetes inmobiliarios. Hablamos del mega emprendimiento inmobiliario en el predio conocido como Costa Salguero en la Costanera Norte, del nuevo Puerto Madero que IRSA pretende construir en el predio de la Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur, de los 11 Convenios Urbanísticos que autorizan torres en los barrios con el valor del suelo más caro y del Régimen para legalizar edificios que exceden, en hasta 5000 m2, lo permitido por las normas urbanísticas.

En la sesión legislativa del jueves 25 de noviembre se votó dar tratamiento preferencial a estos cuatros proyectos de ley. Esto implica acortar los plazos a fin de que puedan ser votados con la mayor celeridad posible. Una demostración flagrante de la denuncia que venimos sosteniendo de que la Legislatura durante la pandemia tuvo como prioridad abocarse a cuánto negociado inmobiliario le remitiera el jefe de gobierno. Además se estableció como fecha para la sanción definitiva (segunda lectura) de estos proyectos el próximo jueves 2 de diciembre. La Legislatura se auto ordenó organizarse para tratar, en una semana, los negocios inmobiliarios más relevantes de las últimas décadas.

Al día siguiente, viernes 26, se reunieron de forma conjunta las comisiones de Planeamiento y de Presupuesto. En la reunión, que duró seis horas, lxs legisladorxs oficialistas no hicieron uso de la palabra para explicar los cambios de los proyectos ni para comentar qué consideraciones realizaron de los resultados de las audiencias públicas que se llevaron adelante con relación a cada proyecto de ley. En cada una de ellas, la ciudadanía de forma unánime rechazó la continuación del trámite y aprobación de estos delirios urbanísticos. Finalmente, en un cierre repentino de la reunión, con gritos incluidos, se despacharon los cuatros proyectos, quedando listos para su aprobación el jueves que viene.

 

 

Están cumplidos los pasos formales para que en la sesión del 2 de diciembre se aprueben definitivamente estos cuatros proyectos. De ser así, estaremos frente a una sesión tan escandalosa como la del Consejo Deliberante que aprobó la urbanización del barrio de Puerto Madero hace treinta años, un modelo de negocios comandado por la Corporación Antiguo Puerto Madero que no permitió que ni un dólar ni un peso de los ingresos obtenidos por la venta de las tierras públicas saliera del mismo barrio para ser utilizado en las necesidades del resto de la ciudad.

El interés extractivo del sector especulativo inmobiliario-financiero y la ambición presidencial del jefe de gobierno están desbocados. Los niveles de destrucción y sacrificio de la Ciudad, y de la calidad de vida y del ambiente de la comunidad porteña se encuentran en niveles históricos. Está en manos de la propia comunidad buscar las alternativas para accionar el freno.

La semana próxima un conjunto de asambleas y colectivos de la ciudad llevarán adelante la “Semana de la Resistencia Verde”, donde con diferentes acciones van a visibilizar la emergencia ambiental y climática de la ciudad para oponerse a la aprobación de estos proyectos de ley.

 

 

 

 

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