La gente tiene que saber

 

El gobierno argentino está negociando con el FMI sometido a una fuerte presión externa e interna: al riesgo país lo colocaron los financistas globales en 1.800 puntos, esta semana se presenció el derrumbe en el exterior de las acciones representativas de las grandes empresas locales, mientras en el país medios y sectores empresarios trabajan todos los días en la creación de climas de hecatombe.

Hasta que no se sepa públicamente con claridad el estado de la negociación no podremos afirmar muchas cosas, pero las noticias que trascienden son preocupantes, en el sentido de que hasta ahora el FMI “que había cambiado” luego de otorgar un crédito absolutamente irregular, y en el gravísimo contexto de una pandemia global que no ha finalizado, no aceptó nada de lo que ha pedido la Argentina, ni en materia de alargamiento de plazos ni de reducción de la sobrecarga de intereses.

Al contrario, trascendió recientemente que exigía una significativa devaluación de la moneda –lo que impulsaría fuertemente la inflación y el malestar social–, que reclama una reducción sistemática del déficit fiscal en busca de superávit, y esta semana se publicó en la prensa especializada que tampoco los tecnócratas fondomonetaristas estarían muy conformes ¡con que la Argentina crezca en forma robusta en 2022!

Entre otros factores a considerar en relación con la actitud del Fondo, hay que tener en cuenta que los acreedores privados –con los cuales se arregló el año pasado– están presionando al FMI para que sea más riguroso e inclemente en las demandas a la Argentina. Y que el gobierno norteamericano está haciendo valer su fuerte influencia en el organismo para que nuestro país comprenda que se tiene que alinear plenamente con la visión internacional de la superpotencia regional antes de pretender cualquier alivio.

La negociación con el FMI para el gobierno de Alberto Fernández está acotada entre dos márgenes: 1) se va a acordar sí o sí, porque no hay ninguna alternativa preparada para un escenario de no acuerdo y el gobierno no puede ni desea imaginar ningún escenario rupturista; 2) el gobierno no quiere asumir compromisos con el FMI que lo obliguen en lo inmediato a descargar un fuerte golpe contra las mayorías, no sólo por cuestiones de principio sino porque sería su defunción política al provocar el colapso de la reactivación.

Lo que parece tensar la situación es que cada día aparecen nuevos “requisitos” del FMI que violan el segundo margen, mientras los aliados locales del FMI –medios y actores económicos– actúan desembozadamente para limar al gobierno. Los fondos de inversión acreedores que presionan en los mercados de deuda desvalorizando los papeles argentinos y haciendo crecer el “riesgo país” están mostrando su malestar por la resistencia que ofrece el gobierno argentino a diseñar un plan plurianual cuyo único eje sea pagar como sea los compromisos externos.

 

 

Qué hay detrás de la reducción del déficit

Es muy llamativo que el único que no está enterado de las cuentas que se hacen en torno del futuro de nuestro país sea el propio pueblo argentino.

En cambio los acreedores hacen sus cuentas: el resultado final debe ser que todos los años el Estado argentino disponga de todos los dólares necesarios para pagar en tiempo y forma capital e intereses de la deuda externa, tanto con organismos multilaterales como con fondos de inversión privados.

Ese es el único número relevante: el monto de dólares anuales a pagar. Que ese monto esté disponible en las próximas décadas depende de dos variables: a) que la Argentina tenga una balanza comercial superavitaria por el equivalente a los dólares que hay que pagar anualmente, y b) que el Estado Nacional, que es el ente que debe pagar los compromisos, tengo un superávit fiscal que le permita adquirir los dólares suficientes para cubrir los vencimientos anuales.

El apuro de los acreedores para que nuestro sector público pase a tener superávit tiene que ver con ese objetivo: liberar cada vez más fondos para que cuando haya que empezar a pagar los compromisos con los acreedores privados, el Estado pueda comprar los dólares correspondientes.

Y el “problema” con una fuerte reactivación, como la que necesitamos los que habitamos aquí, tiene que ver con el fuerte sesgo importador que en general tienen las reactivaciones argentinas: por cada punto que crece el producto, se estima en 3 puntos el incremento de las compras externas. El Fondo y los prestamistas privados temen que la balanza comercial argentina, que este año será superavitaria en aproximadamente 16.000 millones de dólares, entre en un sendero de reducción provocado por la reactivación y el incremento de las importaciones –tanto de bienes finales como de insumos productivos y de servicios–, que evapore el actual saldo comercial favorable y dificulte que el gobierno, luego de transcurridos los “años de gracia” libres de pagos a los acreedores, se encuentre con un saldo comercial casi nulo, que presagie nuevas crisis externas y nuevos incumplimientos.

Pero hay alternativas posibles a ese enfoque que nos condena a la miseria.

 

 

Formas y formas de reducir el déficit

Cuando se habla de reducir el déficit fiscal en nuestro país, se ha impuesto, como en tantas otras cosas, la visión excluyente del neoliberalismo periférico y de la elite subdesarrollante.

Se le ha enseñado a la población, pero también a los políticos, que la única forma de reducir el déficit nacional, provincial o municipal, es reduciendo el gasto público.

Reducir el gasto público, además, les ayuda a ir reduciendo el tamaño del Estado, haciéndolo cada vez más pequeño e insignificante. Reducir el gasto público es hacer que la función insustituible de locomotora que el Estado tiene para toda la economía quede reducida al tamaño de una carretilla. Reducir el gasto público es desamparar más a la sociedad, para que se adapte al salvajismo de mercado, como se logró hacer en Chile. Reducir el gasto público es hundirse más en el subdesarrollo y en la imposibilidad de proponerse objetivos nacionales trascendentes.

Dicho esto, hay que decir que se puede reducir el déficit fiscal sin reducir el gasto público.

Una vía es la que parece proponer el gobierno nacional, que consiste en que la propia reactivación económica en curso aporte los recursos necesarios, vía incremento de los impuestos recaudados en base a una actividad económica en expansión, para reducir la brecha fiscal. Si hoy el PBI es de 400.000 millones de dólares, reducir el déficit en un punto del PBI implica juntar 4.000 millones de dólares adicionales. Si el país crece un 5% en 2022, se agregarán 20.000 millones nuevos al producto. Si el gobierno logra captar por vía impositiva el 20% de ese incremento, contaría con los 4.000 millones necesarios para cumplir con la reducción del déficit reclamada por el FMI, sin haber tenido que achicar ninguna partida del presupuesto actual.

Otra vía no contractiva es encarar una política firme de reducción del contrabando y la evasión y elusión impositivas. Las estimaciones realizadas sobre los montos que se escurren ilegalmente de la economía nacional a través de exportaciones de productos primarios sin control, y que por lo tanto no aportan divisas ni pagan los impuestos que todos pagamos, hablan de decenas de miles de millones de dólares. Con capturar menos de una decena de miles de millones de lo contrabandeado, no sólo se puede bajar el déficit fiscal, sino también contar con fondos adicionales para una política expansiva. Para lograr esa captura se requiere reforzar fuertemente los organismos de control, utilizar todos los instrumentos tecnológicos y jurídicos disponibles para el Estado, y por supuesto instalar el tema con fuerza en la opinión pública.

En el resto del mundo conocen de las maniobras delincuenciales de los operadores del comercio exterior argentino, que han sido señaladas más de una vez en la prensa norteamericana. Durante el macrismo, China se asombró de la discrepancia entre las cifras oficiales de exportaciones argentinas a ese país, inferiores a las importaciones que registra la República Popular provenientes de los puertos argentinos.

Una tercera vía, que en su momento fue aludida por las autoridades oficiales pero luego fue abandonada en el arcón de los buenos sentimientos, fue el tema de una reforma impositiva progresiva. No cabe duda que se podría actualizar la legislación para adaptarla a las nuevas formas de renta y a las mutaciones de la estructura económica argentina, no sólo por razones recaudatorias sino también por razones distributivas. ¿Cuánto podría obtenerse por esa vía? Con un diseño inteligente se podrían capturar mucho más que los 4.000 millones necesarios para bajar el déficit público. Nuevamente, es imprescindible el fortalecimiento institucional y político del Estado. La función política de la agitación libertaria en la actualidad es reforzar la resistencia de los sectores cambiemitas a una reforma progresista, y presionar para que el ajuste fiscal se haga exclusivamente contra las mayorías y el mercado interno.

 

 

Ahora resulta que no les gusta el crecimiento

El miedo a perder su “platita” por parte de los acreedores externos si se diera una reactivación vigorosa que continuara en 2023 es grande. No quieren estar compitiendo con la población argentina por el uso de los dólares del superávit comercial. Los dólares son para ellos. Eso colocaría al gobierno argentino en la incómoda posición de tener que decirle a sus gobernados que moderen sus pretensiones de sacar la cabeza fuera del agua.

Pero aquí también hay opciones teóricas, que pasan tanto por el incremento de las exportaciones (o sea, más ingreso de divisas) como por la sustitución de importaciones (o sea, menos egreso de divisas). El gobierno parece inclinarse especialmente en la primera dirección, y allí se abre una disputa sobre cuáles serían los sectores a privilegiar en una estrategia exportadora: si recursos naturales en bruto, si productos elaborados, si grandes grupos o pequeñas y medianas empresas, industriales, agrarias, de servicios… En realidad la Argentina cuenta con muy variadas capacidades, con lo cual se puede trabajar en diversos frentes con resultados positivos. Siempre asumiendo que la economía internacional no se descalabra producto de los múltiples desequilibrios que la atraviesan. Una estrategia prudente no debería reposar en una visión noventista del mundo actual.

Pero también en materia sustitutiva de importaciones hay mucho por hacer, y esto requiere una acción pública muy inteligente y eficiente para detectar sectores que estén en condiciones –contando con un decidido empujón público– de suministrar bienes o servicios que estamos actualmente importando. En este caso, generación de empleo genuino y ahorro de divisas irían de la mano.

Avanzar en estas alternativas permitiría evitar la maldición fondomonetarista de atrofiar las fuerzas productivas para pagar deudas que se vuelven impagables precisamente por esas “recomendaciones”. Ir hacia una balanza comercial superavitaria con expansión del mercado interno y con un Estado con fuerte capacidad recaudatoria progresiva haría innecesario todo sacrificio popular y podría neutralizar las presiones regresivas externas y locales.

 

 

Mirando desde afuera la correlación de fuerzas

Al final, todo termina dependiendo de la voluntad y de la audacia política para enfrentar los problemas. No todas son limitaciones externas. El gobierno puede mover el amperímetro con sus propias acciones.

En el corto plazo, las menguadas reservas de divisas del Banco Central, sometidas a todo tipo de presiones, obligaron a tomar medidas para limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior. Pueden irse por esa vía miles de millones de dólares que hoy hacen falta aquí, para controlar las presiones devaluatorias. Recordemos que hasta el propio Carlos Melconian opinó que uno de los errores económicos de Mauricio Macri fue no haber fijado un dólar turista más caro para frenar el fuerte drenaje de divisas por esa vía.

Todo sería políticamente más fácil para el gobierno si el Frente de Todos tuviera un discurso consistente y sistemático sobre la herencia macrista, el acuerdo irregular que llevó al mega-endeudamiento con el FMI y los problemas que afronta la actual gestión debido a ello. Discurso que no debería ser un comentario de ocasión frente a algún comunicador sino una verdadera campaña de esclarecimiento político y de formación económica básica, para que no sea tan fácil venderle buzones a la población y llevarla a indignaciones funcionales al poder económico.

Si quiere que su destino político sea distinto al resultado de las PASO de este año, el gobierno del Frente de Todos tiene que empezar a articular un discurso propio y comunicarlo masivamente, en forma efectiva.

Las graves limitaciones que tiene el Banco Central para proporcionar dólares “con libertad” a quien lo desee no es entendida por buena parte de la población. Falta mucho para que el país disponga de tantos dólares como para que no sea necesario administrarlos de alguna forma, otorgando prioridad a las actividades más importantes.

Dado que es evidente que parte de la población no entiende por qué estamos así, y en qué medida los endeudamientos externos sucesivos y la falta de una estrategia planificada de desarrollo nos han puesto en este lugar, alguien, algún actor político relevante, debería explicarlo. Pero el gobierno, o el Frente de Todos, parece considerar que no hace falta transmitir nada especial a la opinión pública.

Pero también debe decirse, a partir de afirmar la absoluta legitimidad de toda medida que impida una explosión del dólar y de los precios internos, que el gobierno también debería tomar medidas para eliminar todo el resto de las salidas innecesarias de dólares, como por ejemplo las compras de dólares para pagar importaciones sospechosamente incrementadas o para el pago de deudas empresarias con el exterior acortando los plazos habituales. Y también recordar que se podrían incrementar las reservas con la importante masa de recaudación que se pierde cotidianamente vía las subfacturación de exportaciones y las maniobras para demorar la liquidación de divisas en el Banco Central.

Tomar esas medidas conjuntamente con las restricciones al gasto en turismo externo sería un primer paso para mostrar mayor equidad en el ahorro de divisas y empezar a explicar limitaciones que ya deberían estar muy claras en la opinión pública.

Se podría entender que meros tecnócratas no pudieran comprender la importancia de la comunicación pública y de la clarificación colectiva de los problemas económicos. Pero más difícil es entender los gruesos errores que se cometen desde la política, entregando franjas electorales enteras a la derecha por no salir a disputar el sentido de las medidas económicas que con toda legitimidad se están tomando.

Entiéndase bien, no es un problema de campañas publicitarias, ni de una conferencia de prensa puntual. Es un problema de cómo se entiende la política, y sobre todo de cómo se entiende una política popular y democrática.

 

 

 

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