Errores que son horrores

 

En septiembre de este año, el responsable de la Unidad Funcional de Instrucción 1 del Departamento Judicial San Nicolás, Patricio Múgica Díaz, solicitó al secretario de la Fiscalía General el material incautado en cuatro allanamientos realizados el 4 de marzo de 2020 para realizar la prueba pericial correspondiente. En respuesta, le informaron que lo secuestrado “se había incinerado por error”. La destrucción de supuestos estupefacientes incautados en las Unidades Funcionales, realizada el 18 de agosto de este año en el cementerio Parque Celestial, correspondía a 700 casos de Investigaciones Penales Preparatorias. “Dentro de esos 700 oficios que yo firmé para destruir había uno que no decía ‘destruir’, sino que decía ‘custodio’”, explica Nicolás Barile, secretario de la Fiscalía General en diálogo con El Cohete a la Luna. Lo incinerado fue un sobre que decía contener 11 gramos de marihuana, 402,6 gramos de cocaína y 9 pastillas de Alplax. Su explicación es tan increíble como la droga que se supone secuestrada en uno de los domicilios allanados. Al respecto, un imputado declaró: “Esa droga me la pusieron los milicos”.

 

 

Barile argumenta que el error fue haber efectivizado la incineración de lo que hace tiempo tenía en custodia. Lo asume porque involucra su firma y su responsabilidad, y le atribuye la equivocación a una empleada que ya está jubilada, de la que no tiene nada para sospechar, aclara. El material incautado fue remitido el 5 de marzo de 2020 y debía peritarse en septiembre de este año. Además de Barile, en el acta de destrucción también figura la otra secretaria de la Fiscalía General departamental, Silvia Wanzl, prima hermana de la fiscal general provisoria, Sandra Bicetti. Consultada para esta nota, Bicetti expresó que “es Secretaría de Fiscalía General la que cometió el error” y desligó en Barile la entera obligación de responder por el asunto. Al parecer, resguardar a la familia es importante para ella.

 

 

 

 

Si se opta por la increíble versión del secretario de que le pasaron el oficio por equivocación, la pregunta es: ¿por qué se iba a mezclar un oficio de marzo del año pasado que tiene bajo su custodia con lo que tenía que autorizar destruir este año? Al querer profundizar un poco más sobre su explicación, la respuesta de Barile fue: “No tengo más por decir ni aclarar. Creo que ahora depende de usted, y está bien que así sea el tono de la nota”. En el primer diálogo con El Cohete dijo que solicitó personal para la Sala de Efectos a la fiscal general provisoria ni bien ella asumió en su cargo. De las dos personas que había pedido, Bicetti concedió una. Explicó que ahora está todo “más organizado, informatizado, incluso incorporamos código de barras para que se haga más rápido el ingreso y esté todo más controlado”. Aunque lo ocurrido es un escándalo sin precedentes, expresa que toma los siguientes recaudos: “A la persona que ahora me pasa los oficios, le digo que me subraye la palabra ‘incineración’ en el oficio. Entonces cuando voy a leer, tengo marcado con fibrón ‘incineración’”. Corregir sobre la marcha parece ser lo adoptado por Barile, quien afirma que “a medida que me pasan algunas cosas, voy procurando que no me vuelvan a pasar”.

 

 

 

 

 

Allana¿miento?

La noche del miércoles 4 de marzo de 2020, la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de San Nicolás, a cargo del comisario Gabriel Saldaña, llevó adelante cuatro allanamientos en la zona oeste de la ciudad. El procedimiento surgía del trabajo de la fiscalía tematizada en estupefacientes, encabezada por Múgica Díaz. En uno de los domicilios se procedió al secuestro de 401 envoltorios de nylon, fraccionados y listos para la venta, conteniendo en su interior cocaína –según la policía–, por un peso de 267 gramos.

Pero lo que declaró el imputado fue que en ese procedimiento lo llevaron a una habitación junto con sus hijos menores de edad, su mujer y una amiga de ella. Dijo que no podía ver lo que pasaba y que si bien la puerta estaba abierta, la bloqueaba un efectivo policial que le impedía observar lo que hacía la policía. Luego fue llevado al baño y requisado. En uno de los bolsillos de su pantalón le encontraron una bolsita de cocaína para consumo personal. Le hicieron firmar unos sobres, sin saber cuál era su contenido. Declaró: “Nunca tuve esa droga en mi poder. Nunca la manipulé. Esa droga me la pusieron”. Y añadió: “Me la pusieron los milicos cuando me tenían encerrado en la pieza sin ver lo que pasaba”. Cuando le preguntaron si hubo algún testigo en el allanamiento, respondió que sí, pero aclaró que esa persona estuvo parada en otra pieza cuando los policías revisaban otra habitación. Al interrogarlo cómo le constaba, cuando anteriormente había expresado que no podía ver, su respuesta fue: “Me levanté a pedir agua y ahí lo vi”.

Allí mismo la policía se encargó de realizar un test orientativo sobre la sustancia, que arrojó –según la versión policial–, resultado positivo. Eso fue informado al instructor judicial Fabricio Luciani, quien puso en conocimiento a Múgica Díaz. El instructor no estaba en ese domicilio, como tampoco el fiscal. El acusado –que no lo declaró en su momento por no haberlo advertido–, dijo que luego del allanamiento encontró en el cesto de basura de su domicilio un paquete vacío de harina que, asegura, tomaron de su alacena. Con eso armaron los 401 envoltorios que le plantaron como si fuera cocaína, sostiene. Si la supuesta evidencia que estaba en resguardo y fue requerida en septiembre de este año por el fiscal Múgica Díaz para peritar “se incineró por error”, y si es que todavía se respetan las garantías de los acusados, toda esa causa va camino a la nulidad.

Que no se crea en la versión de quien ha sido culpado por comercialización y tenencia de estupefacientes tiene que ver con su fama de no haber caminado del todo derecho por la vida. Pero la reputación de la policía, cuando está sola en allanamientos, tampoco es la mejor. Nada más torcido que lo acontecido con pruebas que, de haber existido, se hicieron humo celestial. Ese mismo humo que muy bien agitó mediáticamente el poder policial-judicial como golpe al narcotráfico es el que calla lo que, a todas luces, es un pésimo funcionamiento del Departamento Judicial San Nicolás.

 

 

 

Lo provisorio y sus efectos

Desde 2018, Bicetti ocupa la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Nicolás en forma provisoria, luego de la jubilación de Héctor Tanús. Su designación es producto de un acuerdo político entre Manuel y Santiago Passaglia –intendente de San Nicolás y diputado provincial, respectivamente–, el procurador general Julio Conte Grand –atornillado en su sillón–, y el por entonces senador radical nicoleño Julio Marcelo Dileo, miembro en ese momento del Consejo de la Magistratura.

Desde su lugar, Bicetti le ha dado más poder a su prima Silvia Wanzl, ya en funciones desde la época del fiscal general Tanús. El hijo de Wanzl, Federico Argüello, entró a trabajar en el Departamento Judicial de la mano de Bicetti. También favoreció a otro hijo de la hermana de Wanzl, Lautaro Espinosa Viale, también empleado en el Departamento. Si falta personal en Sala de Efectos para mejor custodia, la familia ingresada por Bicetti podría dar una mano.

A su vez, la Fiscal General provisoria no olvida su origen partidario. Fue por eso que se lanzó al respaldo de otra heroína fiscal, Verónica Marcantonio, quien allanó el Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe, de la ciudad de San Nicolás, el 23 de febrero pasado para obtener el listado de vacunados contra el Covid-19. Respaldada por Bicetti, actuó de oficio a partir de notas periodísticas escritas por su primo hermano Guillermo Insúa en el diario El Norte, de la familia Passaglia, sobre supuestos “vacunados VIP”. Todo un circo armado y ventilado en forma mediática y judicial para desprestigiar la campaña de vacunación del gobierno de Axel Kicillof. La fiscal luego declinó continuar con la investigación porque entendió que la competencia podría ser federal. “No es delito, pero podría serlo”, expresó la pescadora judicial, como contamos oportunamente en El Cohete.

Si Barile tiene que firmar muchos oficios y entre ellos se le mezcla lo que debe resguardar con los que autoriza incinerar, es porque su labor también está abocada a preocupaciones de índole familiar de Sandra Bicetti, como contamos también en esa misma nota. En octubre de 2020, Prensa Libre San Nicolás reveló audios en los que se lo escucha solicitando a un efectivo policial de nombre Esteban, con motivo del robo de una moto al sobrino de la fiscal general. Ante ese pedido, el jefe departamental de la Policía de Seguridad, el comisario inspector Gabriel Cabral, envió un mensaje a su personal en el que prometía recompensar con 15 días de franco a quien recuperara la moto.

 

 

 

Para que esta enumeración incompleta de sucesos irregulares cese y la provisionalidad que ocupa Bicetti no se haga eterna, es necesario que el gobierno bonaerense avance en la conclusión del concurso para la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Nicolás. Si continúa en agenda de las políticas de Estado que el Poder Judicial recupere cierto rumbo, con personal probo, calificado y seleccionado en forma transparente, debe culminar un concurso que se llevó adelante en julio de 2019 y que tuvo resultados del examen escrito en agosto de ese mismo año, pero que luego de que se presentaran impugnaciones –que fueron rechazadas–  quedó sin resolución. Resulta indispensable tomar la decisión política de designar a un o una fiscal general que sea la persona mejor calificada para el puesto y que evite que se contabilicen errores que, en realidad, son horrores.

 

 

 

 

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