Palabras de arsénico

 

El jueves escuchaba al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, hacer referencia a que los policías de civil y sin ningún tipo de identificación que asesinaron a Lucas González hacían “tareas de prevención”. Por su parte, el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Oscar Berard, hablaba de “mala actuación del personal policial”. Ya en esas dos consignas hay mucho por discutir. Qué son tareas de prevención, cómo las clasifican, qué protocolos las regulan, cómo se diseñan, planifican y ejecutan, quiénes las controlan, cómo se evalúan y mejoran, qué resultados son los esperados, con quiénes se articulan. ¿Qué significa una “mala actuación”? ¿Significa que esos protocolos existen y no se cumplieron? ¿Cómo funciona la cadena de mando? ¿Cuál es la estrategia de despliegue territorial? ¿Cómo se evalúa el nivel del conflicto sobre el que va a operar la policía? ¿Cómo se determina la doctrina (la acción policial) a aplicar sobre un escenario de conflicto y cuáles son las herramientas que debe utilizar? ¿Cómo se pasa de una tarea de prevención a un pibe con dos balas en la cabeza? ¿Es un problema de “mala actuación” o es un problema más complejo?

Me animo a decir que el problema es mucho más complejo. Y es complejo en varias dimensiones. Una de ellas tiene que ver con la profesionalización y el diseño institucional de las policías y las fuerzas de seguridad: qué esperamos de ellas, cuáles son sus objetivos, cómo queremos que funcionen. Todo eso implica un rediseño de la organización y de las estrategias de funcionamiento que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es urgente. Pero esto es sólo una parte de un sistema, el de la gestión de la conflictividad, mucho mayor. Pero hay otra dimensión (en realidad hay muchas, pero en esta ocasión quiero centrarme en esta en particular) que obedece a otro problema. Un problema que requiere un tipo de tratamiento diferente. Y es la dimensión discursiva.

Antes me (y nos) preguntaba cómo es posible que un grupo de policías sin identificación, presumiblemente ejecutando tareas de prevención, cruce el auto a unos pibes y disparen obteniendo como resultado a uno de esos pibes con dos balas en la cabeza. Pues bien, hay que decir que, más allá de todo aquello que obedece a las estrategias de funcionamiento de la propia policía, hay una trama discursiva que genera las condiciones de posibilidad para que eso suceda. En los últimos cinco años, si sólo tomamos las muertes por gatillo fácil perpetradas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el número asciende a 121 personas asesinadas. La posibilidad de que las policías puedan disparar no obedece sólo a que porten un arma cargada, sino también a que hay un discurso envenenado que corre como reguero de pólvora y que promueve ese tipo de situaciones.

De la doctrina Chocobar, impulsada por la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al “hay que dejarlos como un queso gruyere” de Espert, pasando por el pedido de portación de armas para “los honestos” de Milei y los titulares que hablan de “enfrentamientos”, se desprenden centenares de discursos cotidianos que no sólo abonan el “pedido de balas”, sino que incrementan los niveles de violencia y conflictividad convirtiendo al territorio en un escenario de todos contra todos.

 

 

La lengua de plomo

Víctor Klemperer fue un importante filólogo alemán que experimentó en carne propia el nazismo. Por el hecho de estar casado con una alemana no judía se salvó de que lo llevaran a un campo de concentración pero sí vivió como un prisionero interno durante esos años. Sin posibilidad de ejercer públicamente su profesión, se dedicó a escribir un diario personal en el que intentó recolectar lo que llamó “la lengua del Tercer Reich” (LTI), la lengua del nazismo. Según él, “así como se suele hablar del rostro de una época o de un país, la expresión de una época se define también por su lenguaje”. Y el lenguaje no sólo crea y piensa por nosotros, sino que también guía nuestras emociones en la medida en que más natural nos parecen las expresiones a las que nos entregamos.

“Las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico —dice Klemperer—, uno las traga sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno, y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico”. Si en los discursos que abundan en los medios de comunicación se asocia todo el tiempo “armas” con “seguridad” entonces, en efecto, muchos creerán finalmente que para que exista seguridad sólo hace falta tener un arma y estar autorizado a disparar. Lo mismo podríamos decir de los discursos que apelan al fenotipo juvenil-popular-deportivo-gorrita como sinónimo de delincuencia. Este es un mensaje tan falaz como peligroso. Con ver las estadísticas podemos poner en evidencia lo primero, pero lo segundo es mucho más complejo. “Las afirmaciones de una persona pueden ser mentira, pero su esencia queda al descubierto por el estilo del lenguaje”, escribía Klemperer. El lenguaje de las Bullrich, los Espert o Milei, no puede ser asociado sólo a un clima de época, “a una bolsonorización” o a una mera cuestión electoral. Sus afirmaciones preexisten a todo esto: ya estaban ahí antes del surgimiento de Bolsonaro en Brasil; ya estaban ahí antes de su designación como Ministra de Seguridad de la Nación, ya estaban ahí antes de ser electos como diputados. Son las expresiones que conforman un marco ideológico que construye todo el tiempo un “ellos o nosotros”. Es menester que salgamos rápido de esta lógica de amigo/enemigo.

 

 

Aquí también, un acuerdo

Cuando se alude a la posibilidad de consensuar qué cosas decir y qué cosas no decir, rápidamente salen al cruce las almas puras de nuestra crema republicana a exigir “libertad de expresión” o a denunciar “censura”, “coerción” y ese tipo de cosas. Por ese motivo abro el paraguas antes de decir lo que voy a decir: mi intención no es coartar la libertad de expresión ni censurar a nadie ni establecer un código moral ni de disciplinamiento. Al contrario.

Así como necesitamos acuerdos y consensos para llevar adelante un montón de políticas públicas, así como proponemos un diálogo entre las distintas fuerzas políticas para encontrar las mejores formas y alcanzar los objetivos deseados en materia económica, sanitaria o social, también debemos buscar un mecanismo para ponernos de acuerdo en temas de seguridad y justicia. Y no sólo en términos de diseño y gestión de las políticas públicas, sino también en cómo comunicar lo que tenemos para decir. Hemos ingresado hace tiempo en un espiral discursivo que sólo genera más violencia. El lenguaje de la cancelación, la inmediatez, la superficialidad y el patoterismo “piola” (y muchas veces anónimo) de las redes sociales, no pueden ser los modos que gobiernen la comunicación. Comunicar es “poner en común”. Y, al igual que reclamamos seriedad en la gestión de todas las políticas públicas (seguridad y justicia incluidas), el mismo reclamo debemos hacer sobre nuestros modos de “poner en común” lo que deseamos para nuestra sociedad.

No sirve primero “pedir bala” y después salir a decir “eso yo no dije, me sacaron de contexto o me refería a otra cosa”. Tenemos que construir un marco de posibilidad sobre lo decible: qué cosa, una vez dicha, genera más riesgo, acrecienta la violencia, atenta contra el estado de derecho y la vida. Y tampoco sirve que de esa construcción participen sólo las fuerzas políticas: sindicatos, patronales, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, todos los actores. A mayor participación en la discusión, mejores resultados se obtendrán. No hay lugar ni tiempo para escudarse en una estrategia electoral, en el diseño de un perfil del candidato o en un “reclamo social” (el famoso “en la calle dicen”); no hay tiempo ni lugar para el discurso que abone a la violencia. En juego están los lazos sociales que sostienen el funcionamiento de nuestra vida en común. No hay tiempo ni lugar para hacernos los distraídos.

 

 

 

(*) Matías Molle es diputado de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, ex director del Renar de Nación y director del Instituto de Políticas Públicas de Seguridad y Justicia, IPPSEJU.

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