LA CORTE SE METE POR LA VENTANA

 

Las víctimas de la causa de la Mesa Judicial son jueces y juezas, y la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó. Declararon bajo juramento de verdad. A medida que lo fueron haciendo, describieron presiones de distinta índole: llamadas de teléfono, visitas, causas penales, denuncias en el Consejo de la Magistratura y apertura de juicios políticos en el Congreso, pero todos mencionaron –como parte de los dispositivos– declaraciones públicas de ex funcionarios del gobierno de Cambiemos y de sus allegados. La fiscalía de Franco Picardi y el juzgado de María Eugenia Capuchetti ordenaron  distintas medidas de prueba en ese expediente, entre ellas, un relevamiento de declaraciones públicas en medios abiertos y de sus redes sociales. Ni el uso de Twitter ni las entrevistas que brindaron son delitos, advierte una de las partes de la causa. Lo que se busca es medir otra cosa: determinar si aquellas declaraciones respondieron, o no, a un ataque organizado y sistemático, y si se hicieron desde el aparato de poder del Estado. Hoy, esta es una de las líneas de investigación más novedosas de la agenda judicial. Esta semana, la Corte bloqueó la investigación con un pedido de informes al organismo encargado de la recolección de datos en una movida que pone en jaque el avance de otras causas.

“La medida se realiza en el marco del objeto procesal que se fijó al inicio de la investigación y es conocida por todas las partes”, explica la misma fuente. “Busca establecer la existencia de presiones de distinta índole a magistrados y magistradas. Los mecanismos que usaron fueron distintos. Esto es parte de lo que se denunció en el origen y, principalmente, es parte de lo que dicen las víctimas. A medida que se les fue tomando testimonio a los jueces y las juezas –esto es importante, porque acá hay un derecho de la víctima en el marco de la investigación–, todos manifestaron las presiones recibidas a través de las declaraciones públicas de los funcionarios. Y este es el punto importante: no sólo está en el objeto procesal, sino que radica en las denuncias de las víctimas y lo que ellas y ellos dijeron bajo juramento”.

 

 

 

 

 

Técnicamente, en la causa se investigan hechos ocurridos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, a través de un núcleo de decisión política al que se denomina Mesa Judicial, integrado por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y personas físicas allegadas al gobierno. Según la hipótesis, diversos mecanismos buscaban interferir en el trabajo funcional de algunos magistrados en el marco de sus capacidades jurisdiccionales y atribuciones legales, y/o determinar fallos concernientes a pleitos en los que la gestión era parte o mantenía intereses especiales. “Acá no se cuestionan ni manifestaciones de periodistas, ni notas, ni la actividad periodística en lo más mínimo –explican–, sino los dichos de los funcionarios. Se relevaron entrevistas o sus redes sociales porque son el canal que utilizaron. No hay una cuestión de ataque a la libertad de expresión o de los medios, no importa quiénes son los periodistas que estaban poniendo un micrófono, sino lo que dijeron aquellos funcionarios ante esos micrófonos y siempre en línea con lo que dijeron las víctimas”.

La causa entró esta semana en zona de llamas bajo el radar de la Corte Suprema. La fiscalía había pedido el relevamiento de las declaraciones de carácter difamatorio, persecutorio o amenazas a un organismo de la Corte, llamado Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, la Dajudeco. El organismo logró entregar apenas la primera parte del informe con un análisis de los mensajes en clave de ataques contra dos magistradas: la camarista Ana María Figueroa y Gils Carbó, sobre quien detectó un número de 156 manifestaciones, con picos en julio y octubre de 2017, cuando ella renunció obligada y bajo la amenaza del encarcelamiento a sus hijas. Apenas conocido el informe, la oposición habló de ciberespionaje y de ataque a la libertad de expresión. Elisa Carrió, señalada por el informe, presentó un escrito ante la Corte para frenar el trabajo de la Dajudeco y consiguió que los supremos acordaran un pedido de informe para que el organismo de cuenta de sus competencias legales en esta intervención. El escrito breve, que ninguno de los supremos firmó, le otorgó plazo de diez días para la respuesta. El pedido no sólo mostró a la Corte espabilada a tres días de las elecciones. También produjo un sacudón entre quienes trabajan la causa. Y una interferencia indebida y sin antecedentes en medio de un proceso judicial con mecanismo de presión a varias bandas.

 

 

 

 

 

 

Leopoldo Moreau preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que audita también a la Dajudeco. Pasado mañana, martes 16 de noviembre, la Bicameral pedirá a la Dajudeco la resolución de la Corte. En diálogo con El Cohete, Moreau sostuvo que la Corte se metió donde no la llamaban, intervino de manera irregular y está poniendo presión no sólo sobre la Dajudeco, sino sobre el fiscal, la jueza de esta causa y además sobre la jueza María Servini, que instruye un expediente caliente donde la Dajudeco halló decenas de llamadas entre Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Carlos Rosenkrantz. “La Corte se está entrometiendo en una causa judicial que está en plena instrucción: ¿por qué? Porque esta es una medida que solicitó un fiscal que tiene delegada una causa por Capuchetti, sobre la que producirán decisiones que más tarde tendrá que revisar la propia Corte. De alguna manera –añadió–, con el pedido, la Corte se está adelantando y ejerce presión indirecta sobre la jueza que va a tener que pronunciarse sobre la medida”. Moreau no deja de ver “el absurdo de que la Corte pida a la Dajudeco, que es un organismo que está bajo su dependencia, una interpretación sobre las facultades, cuando esas facultades las elaboró la propia Corte. Es decir, la Corte sabe mejor que nadie cuáles son esas facultades”. Por otra parte, sostuvo que determinar cuál es la legalidad de una prueba es un resorte del juez de la causa y no de la Corte. Por eso, entiende que esta medida encierra un mensaje más amplio: “Un intento de poner presión sobre los jueces de garantías y fiscales, que no sólo tienen que resolver en esta causa, sino también sobre otra que involucra a la Dajudeco y sus informes, como es la que está sometida a investigación en el juzgado de Servini, que reveló decenas de comunicaciones entre Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín” y el cortesano Carlos Rosenkrantz”.  ¿Es ciberpatrullaje? ¿Hay espionaje ilegal? Dice que no. Y que los reclamos tienen que hacerlos las partes dentro del expediente:

 

 

Y aclara:

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dice el informe?

El informe de la Dajudeco tiene 326 páginas. Identifica patrones de mensajes, emisores, temporalidad y la relación con lo que sucedía con las dos magistradas. Pero mirado de cerca, también empieza a mostrar la coordinación de todos los mensajes. El análisis de Gils Carbó identificó 156 mensajes entre 2015 y 2019, con picos en julio y octubre de 2017, 32 y 44. Hubo cinco emisores principales: Mauricio Macri y Elisa Carrió, detrás de Guillermo Lipera del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y de Laura Alonso, y antes de Germán Garavano. El día 12 de julio, por ejemplo, Mauricio Macri declaraba: “Gils Carbó está utilizando su lugar en la Procuración General de la Nación para demorar las investigaciones clave contra el gobierno anterior”. Y agregaba: “Tiene una manifiesta militancia kirchnerista”. Un día después, Elisa Carrió sentenciaba: “Debe estar presa”. El 15 de julio, Macri afirmaba: “No tiene autoridad moral para ejercer el cargo”. Y el 19 de julio, Carrió soltaba vía Twitter: “Gils Carbó es una delincuente”. Y llamaba a votar por Juntos por el Cambio.

 

En esos días, el juez Julián Ercolini citaba a Gils Carbó a indagatoria por la compra del edificio de la Procuración. Germán Garavano anticipaba en los diarios que iban a echarla por decreto y motorizaba una presentación judicial del Colegio de la calle Montevideo para sacarla del cargo vía decreto, sin el mecanismo del juicio político. En octubre terminó renunciando, bajo una “metralla” de presión, como lo sostuvo en su declaración. Según el informe, los resultados muestran que funcionarios y allegados al gobierno de Mauricio Macri usaron medios de comunicación masiva y sus perfiles de redes sociales con el objeto de desacreditarla, asociándola a determinada orientación política. En el caso de Gils Carbó, hubo desclasificaciones personales y profesionales. En todas, las presiones para que dejara su cargo se hacían bajo amenaza de someterla a juicio político porque “debería estar presa”. Las manifestaciones se iniciaron después de las elecciones de 2015 y antes de que Macri asumiera el mandato. A modo de ejemplo, mencionan una declaración de Laura Alonso citada como “amenaza”, en la que le advierte a Gils Carbó que si no renuncia, queda la opción de juicio político.

 

 

 

 

Los ataques crecieron entre finales de 2016 y 2017, con el pico en julio y octubre de ese año. Tras la renuncia, decrecieron exponencialmente: en noviembre de 2017, sólo se relevó 1 publicación; en diciembre de 2017 hubo 3 y en todo el año 2018, 5 publicaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Ana María Figueroa, contaron cinco declaraciones en 2016. Mencionan a Guillermo Lipera y recogen la entrevista de Mauricio Macri a Radio Nihuil tras la reapertura de la causa del Memorándum: el entonces Presidente felicitaba a los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky por el fallo y expresaba su descontento con la jueza. Figueroa y Gils Carbó declararon en esta causa. Las dos hablaron del ataque de funcionarios públicos a través de los medios. La ex Procuradora habló de violencia estatalizada, y de dos momentos: el primero con declaraciones públicas “a los gritos” de diversos funcionarios para que se vaya. Cuando eso no funcionó, comenzaron las causas judiciales. “Esas presiones obviamente, además de dar mucha vergüenza ajena –dijo–, de que el país se sometiera a esa degradación institucional, que se pretenda echar a un Procurador a los gritos (...) (es) absolutamente público que yo era presionada y amenazada para obtener mi renuncia, no dieron resultado (…). Entonces se optó por una segunda estrategia, que fue la persecución judicial”.

 

 

El fondo y la espuma

La Corte tuvo reunión de acuerdo el jueves a la mañana. Los cuatro varones discutieron la presentación de Carrió, y decidieron pedirle explicación a la Dajudeco. La resolución salió sin firmas, una señal de que no fue ajena a las tensiones que sacuden el frente interno de la Corte. Y el pedido de Carrió como una excusa con la que la nueva presidencia intentará meter el tema en agenda. “La Dajudeco, ¿qué es? ¿Órgano de escuchas? Escuchas, sí, pero no todo esto”, explicaron desde una vocalía. “Esto es un hecho nuevo”, dijeron, y hablaban del análisis. “Nunca se había hecho antes este tipo de análisis”. En realidad no es así porque, según explican desde el organismo, la Dajudeco hace el mismo tipo de sondeo en causas de trata y secuestro. Pero las funciones del organismo, en realidad, son un tema irresuelto y en permanente discusión.

Hasta diciembre de 2015, las escuchas estaban bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal en el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom). Era un organismo administrativo dedicado exclusivamente a la interceptación de escuchas, por debajo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) que dirigía Cristina Caamaño. Mauricio Macri cambió la jurisdicción con el primer decreto de necesidad y urgencia que firmó, quince días después de asumir el mandato y para vaciar de poder a Gils Carbó. La Dicom pasó del Ministerio Público a la Corte, bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti. Con el correr de los meses, 12 acordadas y 18 resoluciones, la convirtieron en una mega-estructura con funciones de policía judicial y capacidad de monitoreo sobre todas las causas. En diciembre del año pasado, la Bicameral de Inteligencia terminó una auditoría en la que sostuvo que con esas acordadas y resoluciones, la Corte había cambiado la matriz, usurpando competencias del Congreso.

 

 

 

Este año, la Dajudeco produjo pruebas de alto voltaje en causas sensibles que investigan al gobierno anterior. Presentó dos peritajes en el expediente por la condonación de la deuda del Correo Argentino, en línea con la investigación de la fiscala Gabriela Boquin. Trabaja en la causa de la Mesa Judicial. Y produjo el informe de la causa por extorsión al Grupo Indalo, que detectó las comunicaciones entre “Pepín” Rodríguez Simón y el supremo Rosenkrantz. La Bicameral de Inteligencia no hizo recomendaciones en diciembre, pero mostró elementos que sostenían que no podía quedar en la Corte. Aún así, intervenir hoy sobre el organismo también es hacerlo sobre los casos sensibles en los que está trabajando con un problema añadido: quién interviene. Es posible que el organismo se dirima como botín de guerra en medio de las pulseadas internas. El nuevo presidente de la Corte, Horacio Rosatti, está recibiendo delegaciones de jueces de todo el país en su propia construcción de lealtades, mientras Lorenzetti le arma programas paralelos. El miércoles, Rosatti se reunió y publicó foto del encuentro con presidentes de las Cámaras de todo el país. Horas después, Lorenzetti recibía a la misma platea también en la Corte con el presidente del Consejo de la Magistratura como invitado.

 

 

Mientras tanto

Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero integra la Sala B de la Cámara Civil y Comercial, donde está la causa por la quiebra del Correo Argentino. La semana próxima cumple 75 años. Presentó una medida cautelar para quedarse en el cargo, que habilitó el juez contencioso administrativo Pablo Cayssials, pese al precedente Schiffrin de 2017. En octubre de 2017, Cayssials fue uno de los que activó uno de los mecanismos para desplazar a Alejandra Gils Carbó. Aceptó la presentación de Lipera, y abrió la puerta para que el gobierno pueda desplazarla por decreto.

 

 

 

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