Un precio fijado por la ideología, no por los costos
El desproporcionado nivel de las tarifas de gas y electricidad –las de agua también, pero son locales en todo el país— tiene su origen en la arbitraria y discrecional fijación del precio de producción del gas –el PIST ó gas en boca de pozo—, por una parte; y en el sendero de actualización de su traslado a las tarifas, tanto a las de gas, como en forma indirecta a las de electricidad.
En esa vía establecida para los aumentos, tenemos que tener presente el valor vigente a diciembre de 2015: hasta 2 dólares aproximadamente el millón de BTU (unidad inglesa de medida del gas), que se proponen elevar en tres años hasta 6,80 dólares por unidad, a través de un camino ascendente. Actualmente, según los rangos tarifarios, oscila entre 4,50 y 5,50 dólares.
Esa definición de precios no se relaciona con costos sino con ideología y con intereses. Es importante decirlo porque la decisión no tiene racionalidad basada en los costos del producto: el gas. Ese valor, el costo, siempre ocultado por el mundo empresario, puede oscilar en el caso del convencional alrededor de los 2 dólares, valor que representa la mayor parte de la producción. Por otro lado tenemos el gas no convencional –Vaca Muerta— cuyo costo es mayor, puede acercarse a los 6 dólares y su participación, creciente, todavía es marginal. Como lo es también el importado de Bolivia y de los barcos metaneros, también con un costo de 6 dólares promedio. Costo que deberá ir en baja, acercándose al de EE.UU., que oscila en los 3 dólares el millón de BTU si quiere ser rentable para exportar su excedente.
Mientras tanto el precio actual impuesto a la producción de gas, que representa el 60 o 70 % de la tarifa final antes de impuestos, hace inviable e insustentable la economía nacional, cuyo componente energético la condiciona en gran medida, y en el cual el gas representa más del 55%, siendo el 35% el petróleo, y el resto de origen hídrico y nuclear. Una economía gas dependiente.
¿Por qué tanta insistencia en el precio del gas? Porque condiciona también el precio de la electricidad, cuyo precio de producción está alrededor de los 80 dólares el MW –el Mega, en la jerga—, valor influido en más del 30% por el precio del gas, y culpable también de gran parte del tarifazo.
Los otros responsables son las áreas de transporte y distribución tanto de gas como de electricidad, servicios públicos cuyo control por los entes es inexistente, y fuente de importantes negocios.
El tarifazo no sólo es impagable para vastos sectores de usuarios residenciales, con su secuela de reducción del consumo, sino que afecta de manera importante al sector empresario que no puede sostener con esos valores su evolución, su desarrollo.
Si este nivel de tarifas es insustentable, ¿por qué el capricho de seguir adelante con el tarifazo? Hay dos vertientes para explicarlo. A riesgo de simplificar en exceso el análisis, encuentro una cuota importante de ideología o fundamentalismo, con cierta dosis de venganza hacia el pasado reciente, que le permite al gobierno sostener a cierta clase media; y por otra parte un fuerte componente de negocios, de concentración empresaria, que es alentado por el nivel de renta que permite esta fórmula de avance sobre las tarifas.
Con lo cual el tarifazo representa una cuestión crucial del modelo económico, que no sería ya el tradicional neoliberal sino uno distinto, destinado a convertir al país en una estructura totalmente diferente a la conocida, de carácter neocolonial, con elites nacionales y extranjeras dominando la economía y en el cual la sustentabilidad económica como la conocemos y la pensamos ya no tiene sentido, ya que sería reemplazada por ese esquema neocolonial.
De allí la importancia que le otorga el gobierno a este aspecto crucial de su modelo económico, y a defenderlo.
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