Ecocidio e impunidad

 

Nuevas imágenes registradas por la asociación Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) de Ramallo en las islas Lechiguanas (Entre Ríos) –localizadas frente a la ciudad bonaerense– muestran cómo el explotador agrícola Fabio Di Fonzo, en tierras del empresario Juan José Pedro Nazar, siembra más de 1.000 hectáreas de maíz sobre humedales, lagunas, riachos y arroyos, en incumplimiento de la resolución judicial que lo impide. También constataron la existencia de varios silos bolsas sobre las islas. Las recorridas realizadas por UPVA confirmaron que, en pos de los negocios, un grupo de empresarios agrícolas violan la medida cautelar vigente dispuesta por el Juzgado Federal 2 de Paraná, cuyo objetivo es proteger a las Lechiguanas de la degradación ambiental a la que son sometidas.

Desde El Cohete a la Luna contamos la historia de los negocios detrás del humo que UPVA había revelado el año pasado. El nuevo material probatorio fue remitido al Juzgado Federal 2 a cargo de Daniel Edgardo Alonso para que lo anexe a la causa. También enviaron una nota a Prefectura Naval, destacamento reforzado de Ramallo, exigiendo que se haga cumplir la cautelar vigente. “Después de varias visitas al predio, nuestro drone constató la existencia de varios silos bolsa sobre las islas, lo que nos llevó a realizar varias recorridas por agua, aire y tierra en las que pudimos obtener contundentes imágenes y videos de la cosecha de maíz en los terraplenes. Se descubrieron y filmaron cosechadoras trillando en el lugar y un buque con el nombre Flecha Misionera operando en horario nocturno para evadir los controles de Prefectura”, señaló UPVA en un comunicado.

La medida cautelar a favor de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná y del Foro Medio Ambiental (FOMEA), por la que el Juzgado Federal 2 de Paraná impuso el amparo ordenando “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio, aun de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”, no ha sido respetada por los empresarios. Aunque el juzgado había instruido a las fuerzas de seguridad con jurisdicción sobre la provincia de Entre Ríos a garantizar que tales medidas sean implementadas, todo control se diluye cuando se trata del sutil asunto del dinero.

Fabio Di Fonzo vive en María Ignacia (Estación Vela) de Tandil, donde también es explotador agropecuario. En esa localidad es conocido por tener un galpón donde guarda sus maquinarias para fumigaciones que se encuentra –pared de por medio–, pegado a la Escuela de Educación Secundaria 5, uno de los establecimientos estudiados en el informe realizado por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN) Tandil sobre agroquímicos-plaguicidas en las escuelas rurales de ese distrito. Realizado en 2017 y 2018, la investigación descubrió la presencia de 16 ingredientes activos de agroquímicos-plaguicidas en 15 escuelas primarias y secundarias rurales.

Di Fonzo pertenece a la tercera generación de una familia de productores, que incluye a sus hijos y a sus nietos. Su empresa trabaja más de 4.000 hectáreas en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires. En marzo del año pasado contó a Todo Agro: “Estamos tratando de aprender cómo podemos manejar el compost que hemos iniciado hace un mes en nuestro galpón estabulado para unas 250 vacas con sistema de ordeñe robótico, con cuatro robots de tecnología de DeLaval”, el cual le permite superar una producción de 30 litros diarios. Optimizar recursos para maximizar la ganancia es parte de la lógica empresarial; no respetar la ley para seguir el mismo fin en el predio que explota en las islas Lechiguanas, es parte de su accionar ilegal. Ahí trabajaron como robots en la noche para que nadie los pesque.

 

 

La relación de Di Fonzo con Juan José Nazar es, al menos, la de una sociedad de hecho, en la que Di Fonzo es quien trabaja esas tierras y recibe por parte de Nazar el pago por la producción. En la causa penal se presentaron de manera conjunta y con un mismo abogado. Juan José Nazar es hermano de Gabriel (Gabo) Nazar. Su padre era Rómulo Benjamín Nazar Anchorena, quien falleció el año pasado. Su apellido acortado a Nazar quizás sea para no portar el de Anchorena, uno de los financistas del saqueo al que la historia oficial llamó “Conquista del Desierto”, la matanza de pueblos primitivos que habitaban esas tierras, ejecutada por Julio Argentino Roca para después repartir riquezas entre los financistas Martínez de Hoz, Anchorena y Unzué, entre otros.

Gabo Nazar es el creador de la marca Cardón y accionista de Pampero. También se dedica al desarrollo inmobiliario. Entre sus emprendimientos inmobiliarios están Cardón Torre Rural en Palermo, Torres Cardón Tigre, Cardón Miramar Links y Estancia Estrella Federal. En la localidad El Paraíso del partido de Ramallo, cruzando el arroyo Las Hermanas, está la estancia histórica. Tiene un club de campo que operó sin estar aprobado a nivel provincial. El predio de 400 hectáreas, con importantes áreas forestadas, tenía definidos sus trazados generales en 2007. En la actualidad es comercializado por diversas inmobiliarias como sitio vinculado a la naturaleza, en el cual cada chacra, de un total de 115, tiene una superficie promedio de 1 hectárea. Recién se acogió a la resolución 493 que armó la ex ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, para que diferentes barrios privados no registrados puedan normalizar su situación. El año pasado, Gabo Nazar brindó una entrevista al programa radial Ventana Productiva de FM Meta de Villa Ramallo. “El problema central tiene que ver con el flagelo que significa el incendio en sí, pero el segundo flagelo es la desinformación. Si al drama del incendio, con las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista ambiental, productivo, le agregamos la desinformación, se hace un cóctel complicado”, afirmó, para luego asegurar que su objetivo era echar luz sobre esa desinformación. La verdadera luz fue la de las máquinas cosechadoras trabajando por la noche en las tierras que hace explotar su hermano, en violación a lo determinado por el Poder Judicial.

 

 

“La quema de pastizales, con la consiguiente quema de monte nativo, expresa un desastre ambiental de innumerables consecuencias sobre el Delta del Paraná: pérdida de salinidad del suelo, alteraciones en el clima, aumento de escorrentías, mayores emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, extinción de especies forestales y animales de gran valor, pérdida de biodiversidad, pérdida de sustento económico e incluso de entorno paisajístico”, expresa el abogado Jonatan Emanuel Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad y fundador de la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM), consultado por El Cohete a la Luna.

“Hace unas semanas, vecinos de Ramallo nos fueron expresando su preocupación sobre este tema que nos ocupa. Porque estuvimos ahí cuando prendieron fuego, estuvimos ahí cuando fumigaron, cuando cosecharon”, dice Matías Scarpacci, militante de UPVA, en diálogo con El Cohete. En base a esas denuncias de quienes se acercaron para alertar lo que pasaba, decidieron ir al terreno en las islas Lechiguanas. “Pasando por el zanjón de Gregorio, empiezan los terraplenes. El paisano que pasa en lancha no puede ver nada, aun sabiendo que ahí se está llevando adelante un ecocidio, porque los terraplenes tan altos impiden poder observar. Nos acercamos caminando kilómetros, pasando por zanjones, con el agua al pecho”, describe Matías. “Al maíz lo sacaban de noche porque sabían que en cualquier momento podíamos evidenciar su maniobra”, indica, y agrega: “Desde la costa y desde los edificios se podían observar los tractores y las tolvas de las cosechadoras”.

“Cuando llegamos fue una tristeza subir el terraplén y ver que, en definitiva, le termina cerrando el círculo, porque el maíz ya estaba en silos bolsa. Es triste porque hay todo un ecocidio que se comete para que ese maíz termine en ese silo bolsa. Maíz que seguramente no llegará en impuestos al Estado, por no estar declarada la operación”, señala Matías. Reflexiona que esa ganancia para pocos “fue en base a prender fuego todo lo que se les ocurrió. Fumigaron en base a violar todas las leyes porque se creen los dueños de hacer lo que quieren en terrenos sumamente sensibles y con absoluta prohibición judicial para que la mano del hombre no modificara el suelo”. Con enojo expresa: “Mataron flora y fauna y nosotros –los de este lado del río–, nos fumamos toda esa flora que se estaba quemando. Las personas con asma, con problemas respiratorios, tuvieron que sufrir. Y otros sufrimos con el corazón, porque era muy triste ver ese ecocidio tan grande”.

Fabián Maggi es el abogado de FOMEA que intervino ante el Poder Judicial por las quemas. “Este hecho ya se puso en conocimiento del juez Alonso”, explica a El Cohete. “Con esas mismas imágenes que contiene el video, que hizo pública la gente de UPVA –actores en la acción civil preventiva de daño ambiental en esa conocida causa donde se había dictado una medida cautelar–, se demuestra que existió una actividad agrícola que se desplegó con máquinas pesadas, cosechadoras, que era justamente la actividad prohibida que tiene un impacto en el ambiente”, señala. Luego reitera que todos los hechos fueron puestos en conocimiento del juez Alonso, por lo que esperan una resolución al respecto. Para el abogado especialista en ambiente, las imágenes tomadas, comparadas con imágenes satelitales, son una muestra fiel de esa violación, como también “la identificación de la embarcación que transportaba los granos al puerto de San Pedro. Hay toda una serie de elementos que han sido recabados y acreditados”, concluye.

 

 

 

 

 

 

 

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