Un límite a Macri, Caputo y el capitalismo de amigos
La Justicia prohibió innovar en el Cerro Catedral
Una Cámara de Apelaciones Civil frenó la entrega del cerro Catedral a la empresa Vía Bariloche y, al mismo tiempo, el desarrollo inmobiliario que iba a beneficiar al amigo del alma presidencial, Nicolás Caputo. Quedaron al desnudo todas las irregularidades cometidas en el proceso entre el Municipio de Bariloche y la empresa, por presiones de los gobiernos de la Nación y de la provincia de Río Negro, de las que El Cohete a la Luna viene informando en solitario. Crisis política local, con renuncia de un concejal oficialista incluida.
Tan endeble era desde el punto de vista jurídico e institucional el intento de extender, sin licitación, la concesión por 38 años de la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA, del grupo Vía Bariloche) en el cerro Catedral, que la Justicia, con un sólo fallo, puso freno al proceso y desnudó las irregularidades.
El frentazo lo sufrieron el Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso; el gobernador Alberto Weretilneck, de estrecho vínculo con la famiglia Trappa —dueña de Vía Bariloche y CAPSA—; el Presidente Mauricio Macri y Nicky Caputo.
Tal como reveló El Cohete a la Luna, Caputo es dueño del cerro San Martín. El pretendido desarrollo inmobiliario en la base del cerro Catedral —incluido en la prórroga contractual— lo hubiera beneficiado de manera directa con la extensión de la red de servicios como agua, luz, gas y el sistema de tratamiento de líquidos cloacales. Con los servicios en la puerta de su cerro, Caputo hubiese podido avanzar con su proyecto de urbanización previsto desde 2013, que incluye un loteo y construcciones de viviendas y un hotel por valores millonarios.
El miércoles 18, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería hizo lugar al planteo formulado por legisladores y concejales del Frente para la Victoria (FpV) y resolvió suspender cautelarmente todo lo actuado por la Municipalidad para la extensión de la concesión del Cerro Catedral a la empresa CAPSA.
El fallo resuelve “prohibir cautelarmente a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche toda innovación sobre la concesión pública relativa al centro de deportes invernales del cerro Catedral, quedando particularmente prohibido en términos cautelares la modificación de la contratación vigente y la celebración de una nueva mientras subsista la actual previa sanción juratoria de los demandantes”.
Por mayoría, dos de los tres jueces de esa Cámara, Emilio Riat y Edgardo Camperi, pusieron límites a la violación de las normativas ambientales e institucionales —incluida la Carta Orgánica—; así como indirectamente le recordaron a los sectores más concentrados de la economía y la política que no todo es posible bajo el imperio del capitalismo de amigos.
Las presiones para que el Intendente rubrique el acuerdo fueron constantes, y tienen un reflejo en la vida financiera del Municipio: Bariloche es la ciudad de la Provincia de Río Negro que más Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibió por parte de la gestión Macri. Fueron 47 millones de pesos, distribuidos en un año y medio. Para vislumbrar lo que implica esa cifra en las alicaídas finanzas locales, debe tenerse en cuenta que la masa salarial mensual del Municipio ronda los 60 millones de pesos.
Durante 2016 el intendente Gennuso reconoció esas presiones a este cronista, y confió que su interlocutor para pedir que cesen fue el Vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, con quien mantiene una relación personal de amistad. Un año y medio después, el jefe comunal se convirtió en el impulsor del acuerdo con CAPSA y Quintana visitó hace tres semanas la ciudad para dar el empuje político final al convenio que debía aprobarse en el Concejo Municipal.
Gennuso y Weretilneck justificaron el regalo a CAPSA en la necesidad de lograr las inversiones necesarias para modernizar los medios de elevación del cerro y hacerlo más competitivo. Es que la empresa había amenazado con no realizar esas inversiones hasta la finalización del actual contrato, es decir 2026.
Por eso el tramo medular del fallo de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial plantea que esas advertencias “no parecen causales de justificación suficiente ni parecen constituir un estado de necesidad palmario y relevante” como para “sacrificar principios y garantías constitucionales indisponibles para el poder político, como eludir los protocolos ambientales, o soslayar los procedimientos ordinarios previstos para elegir a los contratantes públicos, o arriesgar el dominio municipal”.
Además explicó que “el peligro en la demora” de inversiones “es de apreciación especialmente discrecional, y en materia ambiental debe prevalecer el principio precautorio”.
En relación al pretendido desarrollo inmobiliario en 70 hectáreas ubicadas en la base del cerro —un negocio de cientos de millones de dólares—, los jueces plantearon que “el Catedral y sus tierras circundantes pertenecen al patrimonio inalienable de San Carlos de Bariloche, de modo que la negociación jurídica ratificada por la Resolución aludida parece aparentemente incompatible con ello al proyectar ciertos negocios sobre esas tierras en favor de la concesionaria”, es decir CAPSA y la famiglia Trappa.
Las últimas semanas políticas fueron turbulentas en Bariloche. La mayoría automática del oficialismo —Juntos Somos Bariloche de Gennuso y el monobloque del PRO— aprobó en el Concejo el acta firmada por el Intendente y la empresa concesionaria. En medio de protestas y un abrazo al Concejo protagonizado por los vecinos que presentaron un proyecto de convocatoria a una consulta popular —avalado por 3354 firmas, más de las exigidas para pedir por esa figura de iniciativa ciudadana—, la mayoría clausuró el debate y se disponía a observar cómo el Ejecutivo sellaba su acuerdo con el privado.
Pero el fallo judicial puso límites, y comenzaron a verse las grietas dentro del propio oficialismo: el jefe de la bancada de Juntos Somos Bariloche, Andrés Martínez Infante, renunció este viernes, aduciendo problemas de salud. En realidad, fuentes del Concejo y del Gobierno admiten que el edil pretendía que se escuchara el pedido ciudadano para convocar a una consulta popular y dar legitimidad a un proceso viciado por el apuro y la falta de cumplimiento de las normas.
Para dejar en claro su pertenencia ideológica y metodológica al campo que lidera el presidente Mauricio Macri, el intendente Gennuso y el gobernador Weretilneck culparon al “kirchnerismo” por el límite que puso la Justicia. “Estamos en presencia de la acción sistemática del kirchnerismo, con sus dirigentes locales, de trabar y dificultar toda acción para que Bariloche mejore”, arriesgó este viernes Weretilneck, mostrando toda su potencialidad de construcción discursiva.
Ahora resta que el Ejecutivo municipal apele el fallo y posteriormente saber si el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia está a la altura de los dos jueces de la Cámara de Apelaciones que pusieron límites al arrebato.
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