EL HADA BUENA TE ESCUCHA

 

La causa de espionaje político de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pasó de Lomas de Zamora a Comodoro Py cuando reunía las últimas pruebas sobre el responsable de las cárceles bonaerenses de la gobernadora María Eugenia Vidal. Juan José Baric fue subsecretario de Política Penitenciaria de su Ministerio de Justicia hasta diciembre de 2018 y ahora es juez federal de La Pampa. Natalia Roussillon es la directora de la alcaidía de Melchor Romero en La Plata, a quien Baric llamaba para preguntarle por los presos mediáticos y en estas notas por las cámaras con las que alambraron el penal.

—Juan Baric: ¿Nata, cuándo hace esta gente el trabajo?

—nroussillon73: Hola Juan, no me dijeron nada. Ni siquiera están las cámaras.

—Juan Baric: Ok. Excelente. A esperar. Nosotros hicimos nuestra parte.

—nroussillon73: La parte nuestra ya está. El pabellón 6 vacío, iluminado y limpio.

—Juan Baric: Perfecto. Listo.

Y luego, cuando comenzaron los trabajos, le dice: “Yo sé que no te gusta esto, pero acomoden los tantos”.

 

 

En el expediente se pudo probar una secuencia de datos hasta ahora desconocida que empieza el 6 de agosto de 2018 a las 17.21, cuando Baric pasó por la AFI. Estuvo 73 minutos, durante los cuales se reunió con Silvia Majdalani. Un día después, el 7 de agosto, visitó a la directora de la alcaidía de Melchor Romero para informarle que pondrían un sistema de cámaras por una "órden que viene de arriba". Y al día siguiente comenzó la instalación de micrófonos en tres celdas, un locutorio destinado a los abogados y una oficina de asistencia a los detenidos. Pusieron un tendido de cable en el techo que no lograron disimular, pese a cubrirlo con membrana asfáltica y pintura bordó. Baric monitoreó todos los movimientos vía teléfono. Y controló hasta el durlock que se levantó en la cabina de los abogados para tapar los aparatos. El Cohete accedió a las dos extraordinarias declaraciones de la directora del penal. “Hubo mucha insistencia con la pared y con las medidas —dijo ella—. Me pedían los datos de la pared. No entendía por qué insistían tanto con esa pared. Finalmente, la pared la hizo Infraestructura del Servicio Penitenciario”. Hoy, Baric es el engranaje inexplorado que une el espionaje de la AFI y el gobierno de Vidal. Su paso en esa trayectoria es casi desconocido. El tramo de esta causa avanzó hasta donde pudo en el mes de febrero: junto al resto de los imputados por el espionaje en cárceles federales, el juez Juan Pablo Augé procesó aquí y para este caso a la línea de la AFI y a un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), pero dejó afuera a los responsables del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Aquí los datos y una impresionante hipótesis fiscal, según la cual el cableado no estuvo destinado a Hugo y Pablo Moyano, sino al actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

 

 

 

 

El comienzo

“Todo empezó en julio de 2018”, dijo Roussillon. Ella es abogada. Declaró dos veces en la causa, en junio y septiembre de 2020. Primero, la noche del allanamiento al penal ordenado por el juez federal Federico Villena, que tenía el expediente. Aportó croquis. Fotos. Luego declaró ante el equipo de fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y brindó nuevo material. “No recuerdo bien si fue Juan Baric o Leandro Borghetti, que era director provincial de Alcaidías del SPB. Uno de ellos me comunicó que en agosto iban a declarar en los tribunales de La Plata, Víctor Schillaci y los hermanos Lanatta. Los iban a alojar en tránsito en la alcaidía porque era sólida y de alta seguridad. Lo que a mí me pidieron es que, atento a las características de los detenidos, que eran no comunes, peligrosos, con muchos antecedentes de fuga y delictuales, lo ideal era tenerlos solos en un pabellón”. Roussillon sugirió instalarlos en el pabellón 6 porque tenía cámaras en los patios. Con la propuesta aceptada, trasladaron a los detenidos que estaban allí, vaciaron el pabellón y lo limpiaron. Al comienzo, Baric le pedía información sobre los detenidos de “causas mediáticas”, en particular, Damián Lagaronne Grana, César Godoy de Agustín y Gabriel Bartone Festa, todos vinculados a causas donde, además, se investigaba a Pablo Moyano.

 

3 de agosto, 4:53 pm.

—nroussillon73: Hola Juan, ya tengo el listado de detenidos vinculados a causas mediáticas. Según mi criterio, las únicas “personas mediáticas” serían Jorge Castillo y el Bebote Álvarez. Te lo paso en foto. Cualquier observación o cambio que tenga que hacerle, decime! En total, son 41 detenidos (entre mujeres y varones). Con respecto al informe de Sanidad, ya se lo encargué al jefe del área (Dr. Pérez Duhalde). En cuanto lo tenga de lo envío.

—Juan Baric: Excelente. Dale gracias!!

—nroussillon73: Querés que te pase el listado de mediáticos por fax Juan?

—Juan Baric: Si lo tenes por mail mejor

—nroussillon73: Dale Juan, ya te lo paso.

—nroussillon73: Ya te envié el e-mail adjuntando el listado.

—Juan Baric: Gracias Nata. Mañana lo leo Trank. Te juro que hoy no me da mas el cerebro. Un beso!! Buen finde

—nroussillon73: Abrazo grande Juan, buen finde!

 

Luego, ella siguió. “Creo que cuando el pabellón estaba vacío se presenta en la alcaidía, una mañana, Juan Baric, acompañado de (el auditor general del Servicio Penitenciario) Fernando Manzanares”, a quien ella veía como asesor del entonces ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. “Vinieron a tomar contacto con el pabellón donde iban a estar estos internos y ahí sí recuerdo que Baric me comunica que se iba a presentar una empresa, pero que esa gestión venía por el lado del gobierno nacional, que iba a colocar cámaras de seguridad para reforzar la seguridad del pabellón. Hasta ahí no había inconvenientes”. La empresa no era una empresa, sino cuatro agentes de la AFI. Llegaban con Andrés Rodríguez, un agente con doble adscripción en el SPB y la AFI. Los cinco entraron varios días seguidos, dejaron registros en el libro de entrada y usaron un auto que el Registro Automotor tiene a nombre del organismo de inteligencia. “Se me avisa que iba a venir esta gente y me pidieron que les agilizara el ingreso, que no preguntáramos de dónde venían y que pasaran. Obviamente, fue una orden, es mi subsecretario”, continuó Roussillon.

 

14 de agosto, 10:34 a.m.

—nroussillon73: Juan, te confirmo que por las cámaras del pabellón 6 no vino nadie. Ya mandé a averiguar por lo del pabellón 11 de la UAIT 29. En cuanto tenga la información te la retransmito!

—Juan Baric: Entre jueves y viernes van allá.

 

El 15 de agosto, volvieron a escribirse.

—nroussillon73: Buen día Juan, recién se presentaron dos personas de Infraestructura para colocar la pared de durlock.

—Juan Baric: Gracias

 

El 18 de agosto, de nuevo:

—nroussillon73: Buen día Juan, vinieron a poner las cámaras.

—Juan Baric: EXCELENTE!! Un problema menos. Gracias Nata. Un beso!!

 

La directora, más tarde, declaró: “Esa gente vino acompañada de Andrés Rodríguez, que trabajaba en la privada de la Jefatura del SPB o vinculado a Manzanares, pero es la persona que a mí se me había designado ministerialmente para realizar la tarea”. Rodríguez llegó con dos hombres. “Yo infería que eran de esta empresa que iba a colocar las cámaras. Comenzaron a colocarlas en el pabellón 6. La cámara estaba en el fondo y había una consola o caja de metal cerrada”. Rodríguez parecía reticente, también los técnicos. Otros penitenciarios se inquietaron. Uno fue Gastón Barcia, abogado y jefe del Departamento Asistencia. Subió a los techos y encontró cables tapados con pintura. Sorprendido y molesto, habló con Roussillon. “Habían descubierto un cable pintado, que recorría los techos en un trayecto que iba desde la parte trasera del pabellón 6, pasaba por las oficinas del jefe de Asistencia y terminaba en el locutorio para abogados. Él estaba molesto y me decía: ‘Natalia, esto parece un cable de micrófono’. Él entiende bastante de electricidad y lo sospechaba”.

Alarmada, ella corrió a ver a Baric.

“Fui a hablar con Baric y le dije directamente: ‘Mirá, Juan, estoy preocupada porque hay un cableado extraño que viene del pabellón 6’. Yo tenía fotos del cableado y no me parecía normal”. Además, “nos habían dicho que necesitaban un lugar seguro para instalar equipamientos. Nosotros entendimos que era para las cámaras. Para eso se dividió el locutorio de abogados con una pared de durlock y, en teoría, la dependencia que se ganaba se iba a usar para colocar el ‘equipamiento’. Le dije a Juan Baric que no quería quedar pegada en nada extraño, que soy una simple directora de alcaidía. Le pregunté si existía alguna orden judicial. Me respondió que no estaba en conocimiento de ello, me escuchó respetuosamente. Al otro día vinieron a sacar ese cableado y yo respiré”.

 

 

 

 

 

 

Barcia también declaró en la causa. “Directamente le avisé a la directora que me llamaba la atención que instalaran cables sobre el techo de la sala de abogados y que los cables ingresaran por la losa”, dijo. “Soy abogado y me pareció que no estaba bien”. Había intentado hablar con los técnicos, pero le decían que “no sabían nada y que no podían darme información”. “Me quedé con la impresión de que ninguno quería decir lo que estaban haciendo”.

Los micrófonos y cámaras se retiraron de manera parcial el 24 de agosto de 2018, un día después de las quejas. El penal quedó con algunas marcas, pero las fotografías más impactantes de aquel tendido fueron aportadas por los responsables del penal. Las imágenes muestran todos los detalles: cables tendidos como víboras en el techo, agujeros de entrada en las celdas, en el locutorio y en el techo del área de entrevistas con los presos. Barcia usaba esa sala para atender a los detenidos, incluso esos días. Los fiscales le consultaron qué preguntaba. Él veía a todos, desde que ingresaban hasta que se iban. Ellos hablaban de los motivos de detención, de sus familias, amigos y relaciones “intramuros”. Los fiscales también pidieron los libros de visitas de abogados para saber a quiénes escucharon durante esos días en el penal.

Con el cierre de la primera parte de esta causa, quedó probado que la orden partió de Silvia Majdalani y continuó a través de Alan Ruiz, quien envió a cuatro agentes del área de Operaciones Técnicas de la Dirección Operacional de Contrainteligencia para instalar el sistema en las celdas 2, 3 y 4, el salón de usos múltiples, el patio interno del pabellón, la oficina de Asistencia y el locutorio de abogados. Conectaron dispositivos a un cable bipolar sobre techos, ocultado con pintura y membrana asfáltica. Compraron los equipos con dinero en efectivo y usaron el auto de la AFI. Los cuatro agentes fueron: Fernando Gustavo Whaler, jefe del Servicio Técnico; Claudio Héctor Marcus, Emiliano Darío Picabea y Sebastián Alejandro Iglesias. Con ellos, también fue procesado el doble agente Andrés Rodríguez. No está el nombre de Baric.

 

 

 

¿A quién querían espiar?

La causa de Melchor Romero empezó con una denuncia de Daniel Llermanos, defensor de Hugo y Pablo Moyano. Dos integrantes de los Súper Mario Bros tenían fotos del cableado en su teléfono, enviadas por Alan Ruiz. Ellos se lo mostraron a Llermanos, y él hizo la denuncia. Los dos espías declararon ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Dijeron que el cableado se estaba poniendo porque preparaban la cárcel para alojar a Hugo y Pablo Moyano. Ambos fueron objetivos de espionaje prohibido. Y para octubre de ese 2018, el juez de Avellaneda Luis Carzoglio recibió la visita del jefe de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián “El Enano” De Stefano, quien pidió sus detenciones. Sin embargo, en ese momento el penal de Melchor Romero ya no estaba cableado. Por eso, los fiscales que aún no saben quiénes eran las víctimas creen que no tuvo como objetivo a los Moyano, sino a los hermanos Lanatta y a Víctor Schillaci, y detrás de ellos, a Aníbal Fernández.

¿Por qué? Hay dos elementos que sugieren esa posibilidad. Por un lado, un oficio del juez de ejecución penal a cargo de los tres acusados por el triple crimen de General Rodríguez. Según el oficio, en esos días comenzaba el juicio oral en La Plata por la fuga de diciembre de 2015 y los tres iban a ser trasladados al penal que también estaba en La Plata de manera transitoria. Pero además, hay otro dato: la fiscalía descubrió el año pasado que los tres fueron objeto de espionaje sin orden judicial desde comienzos de 2016 en las celdas de Ezeiza. Los datos surgieron del allanamiento a la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), conocida como Área 50, que funcionaba en el edificio de la calle Varela del barrio porteño de Flores. Encontraron documentos de compra de cámaras y micrófonos destinados a sus celdas. Por esa razón, es posible pensar que el sistema buscaba no perderles el rastro durante el tránsito en La Plata.

El dato añadido es Aníbal Fernández. Según uno de los investigadores, el único hombre político de interés detrás de este grupo de detenidos. Y lo único que pudo haber activado el espionaje con patrones definidos del SPF. La historia se sabe. El nombre de Aníbal apareció asociado a ellos en medio de la campaña electoral de 2015, en una entrevista de Jorge Lanata a Martín Lanatta. Clarín replicó aquello de que el entonces candidato a gobernador era “La Morsa”. Luego los tres se fugaron, volvieron a la cárcel y Cambiemos siguió agitando el fantasma también con la detención de Ibar Pérez Corradi en Asunción. Y para cuando se hacía el juicio oral en agosto de 2018, en medio del cableado, Martín Lanatta dijo que con lo de aquello de "La Morsa", "los usaron para la campaña política". ¿A eso buscaban anticiparse las escuchas?

 

 

 

 

 

Y ella, también

Vidal evita hablar de espionaje en la campaña. Tuvo un cruce con Leandro Santoro en el debate de los candidatos porteños. Ella dijo algo, él replicó. Mencionó las siete bases de la Agencia Federal de Inteligencia en la Provincia y la infiltración a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. También el espionaje a Diego Santilli y a ella misma. Vidal respondió: “Yo fui querellante en esa causa, y como conozco el expediente, sé que no hay nada que vincule a Mauricio Macri con esas escuchas”. ¿Y con ella? ¿Qué puede decir de este expediente?

El tramo Melchor Romero tiene entre los querellantes a la Comisión Provincial por la Memoria, que en su último informe anual marcó la responsabilidad del Ejecutivo bonaerense. Uno de los datos que relevó es que María Eugenia Vidal modificó dos veces la estructura del Ministerio de Justicia vía decreto, en noviembre de 2016 y en marzo de 2018. En las dos ocasiones, tocó la estructura de Baric. El decreto 1.577/2016 creó la Dirección Provincial de Análisis de Información Penitenciaria en la Subsecretaría de Política Penitenciaria de Juan José Baric, del Ministerio de Justicia. Bajo esa dirección quedó el control de la Dirección de Secretaría de Inteligencia del SPB. Y en marzo de 2018, eliminó la Dirección Provincial de Análisis de Información Penitenciaria, pero sus funciones quedaron centralizadas en la Dirección Provincial de Política Penitenciaria de la misma Subsecretaría.

Para la CMP, “resulta evidente que durante el periodo 2016-2019 existió una clara voluntad del Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires de jerarquizar el área de inteligencia en la órbita del sistema penitenciario provincial, quizás a la luz del amplio aparato de reunión y análisis de inteligencia penitenciaria existente en el SPF. Esto implicó no sólo el funcionamiento de la histórica Dirección de Inteligencia del SPB, sino una estructura de inteligencia penitenciaria dentro de la orgánica ministerial de la cartera de Justicia provincial”. De acuerdo al análisis de los decretos, “las funciones contemplaban todos los pasos del ciclo de inteligencia: planificación y dirección, reunión de información, procesamiento, análisis y diseminación. Las normas carecían de previsiones y prohibiciones de la ley nacional de inteligencia 25.520, más aún si recordamos que no existe legislación provincial que regule las tareas de inteligencia criminal a nivel provincial. Esta voluntad política de engrosar funcional y financieramente las áreas de inteligencia tuvo como consecuencia inevitable el incremento sustancial de prácticas de espionaje ilegal, actualmente investigadas por la Justicia”. La alcaidía de Melchor Romero era parte de ese sistema: un eslabón entre la AFI y el SPF, pero también de la gestión del Ministerio de Justicia provincial y del entonces subsecretario de Políticas Penitenciarias. Roberto Cipriano es secretario de la CPM. Y dice que la responsabilidad de Baric es muy clara, era además el eslabón político de la cadena.

 

 

 

 

 

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