Vaciamiento, fuga y lavado

 

El viernes último se hizo pública la demanda realizada por la Procuración del Tesoro para extender la quiebra del Correo Argentino a las empresas satélites del Grupo Macri, SOCMA y SIDECO, en el marco de las fraudulentas interrelaciones dispuestas para vaciar la sociedad e impedir que los acreedores – entre ellos el Estado– logren recuperar aquello que se les adeuda.

La quiebra se encuentra provisoriamente suspendida hasta que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirme su efectivización o disponga alguna modificación del dictamen. En la resolución del 3 de marzo de 2021, la jueza Marta Cirulli evaluó –acorde a los pormenorizados informes provistos por la fiscal Gabriela Boquín– que la deuda del Correo alcanzaba los 4.600 millones de pesos argentinos, sumados a unos 300.000 dólares.

Macri había propuesto pagar 1.011 millones de pesos, una quinta parte. La quiebra de Correo Argentino se dictaminó el 5 de julio de 2021, luego de que fracasara el procedimiento conocido como cramdown, a través del cual se ofrece la posibilidad, a la mayoría de los acreedores, de aceptar o rechazar las condiciones propuestas.

La presentación de la Procuración detalla los intrincados e insólitos manejos para vaciar el Correo Argentino, fugar sus recursos y alojarlos en guaridas fiscales, con el objeto de llegar a al Concurso de Acreedores sin nada que ofrecer. El artificio se instituyó de forma sistemática desde un inicio, cuando Carlos Saúl Menem decidió la liquidación de la empresa estatal ENCOTESA mediante el decreto 265 del 24 de marzo de 1997. Las coincidencias cronológicas nunca son casuales.

El pedido de extensión de la quiebra se sustenta en el entrelazamiento permanente entre Correo Argentino y sus mamushkas exteriores, SOCMA y SIDECO. Ambas participaron de forma explícita en las actividades espurias y fraudulentas que permitieron la quiebra. Esto sucedió desde los orígenes, cuando el 14 de diciembre de 1998 SOCMA se constituyó en el garante de uno de los créditos solicitados por Correo Argentino por un monto de 25 millones de dólares. Y recorrió un largo camino hasta la última etapa del cramdown, cuando los Macri involucraron a SOCMA al presentarla como entidad respaldatoria de la exigua propuesta –rechazada por los acreedores– de 1.011 millones de pesos.

Según la normativa vigente relativa a las quiebras, se habilita su extensión a empresas satélites o relacionados cuando existan evidencias explícitas de acciones comerciales o financieras abusivas, dispuestas –como en este caso– para vaciar al Correo y eludir el desembolso de los compromisos, pretendiendo dejar a salvo el activo y el patrimonio de las entidades relacionadas. La solicitud de la Procuración –detalla la presentación– tiene como único objetivo proteger el patrimonio del Estado frente a la pretendida falta de solvencia de los Macri para afrontar los 5.000 millones de pesos adeudados.

El documento presentado ante la jueza Cirulli se basa en el artículo 162 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), que habilita a la magistrada a decidir su extensión a otras empresas si se comprueba que existe un lazo de control (por parte de SOCMA y SIDECO en este caso); si ese vínculo implicó un carácter abusivo (para vaciar al Correo y beneficiar a las otras dos empresas) y si ese lazo coadyuvó a que el Correo quiebre. Si estas condiciones se dan –subraya la LCQ– las empresas cómplices debieran comportarse como solidarias respecto a las deudas con los acreedores. La jurisprudencia señala, además, que de comprobarse mecanismos fraudulentos, los montos adeudados podrán recuperarse del pecunio de los propios accionistas o directores partícipes de las maniobras producidas para insolventar al Correo.

El análisis de la fiscal Gabriela Boquín demuestra que la famiglia Macri utilizó el tiempo del concurso para dos operaciones combinadas. Una de vaciamiento hormiga y otra de fuga canalizada a través de SOCMA, SIDECO, y abonos a estudios jurídicos, consultoras y empresas de redes informáticas, comunicación e incluso –para no dejar rubros olvidados– de limpieza.

 

 

 

La canaleta

 

 

La dilatación del proceso concursal tuvo como objetivo darle continuidad a las maniobras dispuestas para desviar fondos. Los controlantes del Correo, a través de sus directores, apoderados y letrados, configuraron una asociación para vaciar los activos y –en el caso de ser necesario, dada las posibles requisitorias judiciales– montar la arquitectura retrospectiva capaz de justificar los abusos.

Desde 2001 a 2012 el Correo informó pérdidas por 264 millones de pesos. En 2003 el Presidente Néstor Kirchner decidió rescindir la concesión ante una deuda acumulada de casi 300 millones de dólares. A pesar de estos quebrantos, nueve años después de cesar sus tareas y atravesando el concurso de acreedores, decidió alquilar cuatro oficinas a su controlante, SIDECO, por un valor de 18.000 dólares mensuales. La sede estaba emplazada en los pisos 18 y 20 del edificio ubicado en Avenida Libertador 498 y un relevamiento sobre los valores de la época advirtieron que dependencias similares –incluso ubicadas en el mismo edificio– eran alquiladas por montos sustancialmente inferiores, de alrededor de 3.000 y 4.000 dólares.

El dato más llamativo, sin embargo, es que ese contrato de locación se mantuvo a pesar de que el Correo sólo contaba con tres empleados y declaraba como inexistente toda actividad desde hacía 17 años. Por simple coincidencia, la locación residual del Correo coincidía con los domicilios del grupo SOCMA. La sección del vaciamiento, vía políticas de inquilinato, quedó sellada, de esta manera, con valores de descomunal sobrefacturación.

Los abultados alquileres se sumaron al estipendio de contratos millonarios con apoderados y letrados, por montos cercanos a los 15 millones de pesos, equivalentes –en valores de la época– a 3,5 millones de dólares. El estudio Kleidermacher & Asociados, por ejemplo, logró facturar un poco más de 2 millones de dólares y uno de sus abogados, Sebastián Lebenglik, se vio agraciado con la designación como apoderado de 19 acreedores que intentaron, sin fortuna, promover la aceptación de la oferta ruinosa del Correo, por 1.011 millones de pesos. En ese mismo rubro se destaca el caso del estudio Tonelli, que logró embolsar alrededor de un millón y medio de la moneda estadounidense.

Este modelo de desfalco también se pudo detectar en la insólita adquisición de acciones de una sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay, perteneciente a SOCMA, dedicada a ensamblar los automotores chinos Chery, inscripta en Montevideo como NEFICOR. En septiembre de 2008, cuatro años después de cesar sus actividades, el Correo le compró a SOCMA el 25% del capital integrado de NEFICOR, aportando dos millones de dólares. Sin embargo, en la letra chica se detectó que dicha inversión suponía una recuperación futura de 102.000 dólares: aportó 2 millones de dólares pero SOCMA sólo se comprometía a reconocerle una veinteava parte.

Además, el contrato entre ambas dispuso que –en el caso de quiebra o apertura del cramdown– las acciones de NEFICOR, de titularidad del Correo Argentino, debían escapar al control del juez a la hora de su realización. Lo que se llama un vaciamiento con garantía de cobertura, a favor de un beneficiario apellidado Macri, en flagrante violación de la normativa de orden público que prohíbe a una concursada desarrollar actividades en un territorio extranjero, a menos que obtenga una autorización judicial previa.

El sistemático desvío, de carácter ilícito, implicó la transferencia de sus activos a favor de SOCMA, SIDECO y otras sociedades satélites, para llegar al cramdown y posteriormente a la quiebra, representando una situación de penuria absoluta. Ese mismo mecanismo es el que utilizó el Grupo Macri para licuar y fugar los ingresos por créditos otorgados al Correo por la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial –58 millones de dólares– y el Banco Interamericano de Desarrollo –62 millones de la misma moneda–.

El 4 de noviembre de 2005, el Meinl Bank de Austria compró las acreencias de ambos en el módico y sospechoso valor de 6 millones de dólares, pero poco tiempo después se constató que dicha operación fue el producto de una testaferrización garantizada por el Grupo Macri a través de una guarida fiscal asentada en Liechtenstein, con el rótulo de Mervet Establishment Ltd. El acuerdo entre los Macri y el Meinl –mediante el cual se esfumaban más de 100 millones de dólares– se firmó pocos meses antes, el 7 de septiembre de 2005.

 

 

Guaridas

 

 

En el libro de Santiago O’Donnell titulado Hermano, el menor de los Macri señalaba: “El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el Meinl Bank, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá”. En el periodo en que Mariano Macri brindaba su testimonio a O’Donnell, el Tribunal Comercial de Viena decidió la insolvencia del Meinl Bank y la revocación de su licencia. Eso se produjo el 2 de marzo de 2020, mientras el Correo intentaba presentar a la entidad austríaca como su principal acreedor.

En esa misma lógica, a pesar de las pérdidas millonarias del Correo, sus directores no dejaron de embolsar cifras incongruentes con la crisis corporativa. Entre 2001 y 2012 sus directores cobraron dividendos –durante ese mismo lapso– por 12 millones de pesos, equivalentes a una suma cercana al millón y medio de dólares. Esa montos fueron oblados pese a que la Ley General de Sociedades dispone que los dividendos no pueden ser distribuidos sino como resultado de ganancias realizadas y líquidas, es decir, ganancias que resultan netas de todo gasto o cargo correspondiente al ejercicio. Al no existir utilidades en una empresa deficitaria o en liquidación, no les corresponden derechos de retribución a sus socios.

Los honorarios a los directores fueron fijados en contra de la normativa societaria, esfumando fondos que debían estar disponibles para el proceso concursal. La canaleta del vaciamiento también premió a los directores integrantes del Correo mediante anticipos, también irregulares, que alcanzaron –según la estimación realizada por la fiscal Boquín– los 8 millones de pesos. Pero los directores no fueron los únicos agraciados por la fallida empresa de los Macri. También recibió fondos su controladora accionaria, SIDECO, facturados como servicios de consultoría en recursos humanos. Los montos desviados por los Macri hacia otra de sus sociedades supusieron una erogación mensual de 40.000 pesos, alrededor de 13.000 dólares.

Cuando la fiscalía intentó detectar cuáles fueron las tareas ejecutadas se encontró con que no existían detalles ni evidencias de su realización. Sucedió que aparecía como complejo justificar la consultoría en recursos humanos de una compañía que carecía de actividad y que sólo contaba con tres empleados.

Otro de los llamativos rubros utilizados para ejecutar el vaciamiento sistemático del Correo –y poder de esa manera excusarse a futuro de las responsabilidades frente a los acreedores– fue la compra de acciones de una empresa denominada Comunicación Dinámica, carente de ingresos operativos. El aporte desinteresado del Correo consistió en este caso en 817.934 pesos, alrededor de 270.000 dólares a valores de 2005.

La famiglia del ex Presidente no se privó de ninguna canaleta de vaciamiento: entre las decenas de derivaciones financieras aportó, además, 100.000 dólares hacia la empresa Alfa Desarrollos Comerciales, cuyo objeto residía en la comercialización y elaboración de productos alimenticios y de limpieza. Una lavandería fastuosa, acorde a la suciedad comercial, financiera y política acumulada durante medio siglo. “Con una hábil manipulación de la prensa –advirtió Malcolm X– pueden hacer que la víctima parezca un criminal, y el criminal, la víctima”.

 

 

 

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