El Plan Cóndor sigue en juicio
En Roma se sigue procesando a los responsables de la represión de los '70 en América Latina
Las glicinas y los pinos mediterráneos de las callecitas romanas desaparecen ante las verjas grises del Piazzale Clodio (foto principal), antesala del no menos gris edificio de la Corte de Apelaciones, una estructura circular en la cual van y vienen togados de cabellos blancos y jóvenes profesionales de la justicia.
Pasillos, puertas, pocas indicaciones y mucho silencio. Una escenografía de extrema sobriedad que contrasta con las pulsiones en juego cuando en el Aula Magna del segundo piso, a las 14 del jueves 12 de abril, se anuncia “Todos de pie, la Corte sesiona”, para comenzar el Juicio de Apelación del caso conocido como Plan Cóndor.
La Giustizia e’ Uguale per tutti proclama en letras doradas una placa ubicada en lo alto de la pared central, sobre la ubicación del I Tribunal Penal de Apelación de Roma (I Corte di Assise di Appello di Roma), integrado por dos jueces togati –Andrea Calabria como presidente y Giancarlo De Cataldo como su ad latere y relator—, seis jueces popolari titulares y los seis suplentes de estos últimos.
Los fiscales Francesco Mollace y Tiziana Gugini completan el cuadro ante una sala colmada que reserva las primeras filas a los numerosos abogados de los querellantes y de los imputados y a dos presencias importantes: el Embajador de Bolivia en Italia, Carlos Aparicio Vedia, y el Secretario de la Presidencia de Uruguay, Miguel Angel Toma.
La audiencia de apertura fue breve, una hora y media dedicada a la lectura del listado de querellantes, imputados y entidades que intervienen, entre ellas las tres centrales sindicales italianas y dos Regiones, Emilia Romagna y Calabria, y sus respectivos abogados. Luego unos pocos minutos para comunicar dos novedades que determinaron la postergación inmediata de las sesiones al 21 de junio próximo a las 15 horas (hora de Italia).
Las causas de la postergación son la falta de respuesta oficial de las autoridades de Bolivia, Chile y Uruguay a la comisión rogatoria que se les envió para saber cuántos imputados detenidos en esos países desean participar por video-conferencia en el debate de apelación, y el pedido de abstenerse del juez relator De Cataldo.
De manera no oficial se sabe que dos imputados, el represor boliviano Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior del gobierno de Luis García Meza, detenido en la cárcel de Chonchocoro, y el ex presidente golpista peruano Morales Bermúdez Cerruti, expresaron su deseo de exponer en el juicio mediante Skype, modalidad no prevista en la Corte, que en cambio contempla la video-conferencia por cable.
El juez relator De Cataldo, por su parte, solicitó abstenerse en este juicio pues en el pasado fue asistido por uno de los abogados ahora querellantes en un caso que lo involucraba como parte ofendida. El presidente de la Corte de Apelación deberá expedirse al respecto y eventualmente comunicar la designación de un nuevo colegio togado para el proceso Cóndor, decisión que se conocerá el 21 de junio.
“Que la impunidad no se imponga”, subrayó el embajador Vedia en diálogo con El Cohete a la Luna y destacó: “Vamos a hacer un seguimiento muy de cerca en este juicio a los responsables de crímenes contra la vida, el trabajo, la opinión. Por nuestros pueblos y nuestras víctimas, buscamos que se haga Justicia”.
Familiares de las víctimas, entre ellos el hijo de Juan José Montiglio, escolta del presidente Salvador Allende a quien acompañó en La Moneda el 11 de setiembre del '73, manifestaron confianza en esta segunda instancia judicial. “Esperamos llevar a presidio a los responsables de estos crímenes y reescribir la historia de nuestros pueblos”, comentó Alejandro Montiglio, querellante y presente en el Piazzale Clodio.
La causa Cóndor se inició en Roma hace 20 años, 12 de los cuales se dedicaron a las investigaciones preliminares (fase de instrucción) y dos a las 61 audiencias desarrolladas desde 2015 hasta 2017 en el juicio oral y público contra 33 imputados por el secuestro y homicidio entre 1973 y 1978 de 42 personas de origen italiano.
El juicio de primera instancia finalizó el 17 de enero del año pasado con ocho condenas a cadena perpetua, 19 absoluciones y seis casos de absolución por fallecimiento de los imputados. Los ocho condenados en primera instancia fueron Luis García Meza Tejada (ex presidente de Bolivia), Luis Arce Gómez (ex ministro de Interior de Bolivia), Juan Carlos Blanco (ex canciller de Uruguay), Jerónimo Hernán Ramírez Ramírez (coronel chileno), Francisco Rafael Morales Bermúdez Cerruti (ex presidente de Perú), Rafael Ahumada Valderrama (ex coronel chileno), Pedro Richter Prada (general y ex primer ministro peruano, fallecido en julio de 2017) y Germán Ruiz Figueroa (ex jefe de servicios secretos peruano).
Ese día hubo lágrimas de alegría y otras de rabia, opiniones favorables y otras de bronca y perplejidad. Favorables por el reconocimiento jurídico de la existencia del Plan Cóndor de coordinación sistemática de las dictaduras latinoamericanas de los ’70 y ’80 del siglo pasado para secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer personas en el “patio trasero” estadounidense. Bronca y perplejidad por las absoluciones, en particular la del uruguayo Jorge Troccoli, prófugo de su país y residente en Italia desde 2007, que si hubiera sido condenado habría sido encarcelado de inmediato.
Este genocida y otros once connacionales suyos fueron absueltos por “prueba insuficiente”, recordó ahora la ex fiscal uruguaya Mirtha Guianze, según la cual Troccoli estuvo en contacto con Videla y con Massera y otros responsables argentinos de crímenes de lesa humanidad.
“Es una afrenta que Troccoli esté suelto. Como además de uruguayo es ciudadano italiano y por un tratado bilateral no es posible su extradición, estamos confiados en que las cosas cambiarán en esta segunda instancia”, sostiene la ex fiscal.
“Confío en nuestros abogados, que se han puesto la camiseta y están peleando junto con nosotros”, agrega y lanza una frase para reflexionar: “La Justicia que tarda no es Justicia”. Pero la seguimos esperando, en algunos casos a más de 40 años de los delitos de lesa humanidad, imprescriptibles.
Cuatro décadas “visibles” este jueves en el Piazzale Clodio en las ausencias, las canas y las arrugas de abogados, querellantes, familiares y periodistas.
Recuerdo, por ejemplo, que en Milán, en 1983, Angela “Lita” Boitano, ahora presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas en Argentina y entonces exiliada en Italia y cocinera en una parroquia de Roma, y yo, conocimos al pasional abogado Marcello Gentili, que aún hoy, a pesar de su avanzada edad, batalla a nuestro lado. Y poco después al togato cantante Giancarlo Maniga, quien en conferencia de prensa afirmó ahora que en Italia “el Juicio Cóndor, como antes el de Suarez Mason y el de la ESMA, no solo buscan condenar a los responsables sino también evocar los hechos y, en consecuencia, proteger la memoria de estos trágicos momentos históricos y de las víctimas”.
Maniga explicó que en la sentencia de primer grado del Cóndor “se condenó solo a las cúpulas de varios países pero quedaron indemnes las figuras intermedias”. Y agregó que “la cooperación en un delito no se mide solo por el uso del arma sino también cuando de algún modo se contribuye al resultado final”, el homicidio y la desaparición forzada.
Con esta argumentación se avanzará en la Apelación, dijo, en busca de condenas a los absueltos en primera instancia y para contraponerse a las intenciones de los condenados que pretenden ser absueltos.
Junto a estos abogados “históricos” de los querellantes hay figuras jóvenes y no menos apasionadas, entre ellos Andrea Speranzoni y Arturo Salerni.
Speranzoni, que además de abogado es escritor, se explayó en la conferencia de prensa realizada en la sala de la Lega Lelio Basso, donde emocionan los recuerdos del Tribunal Russell contra la Represión en América Latina y del poeta Juan Gelman, sobre “la resignificación del tiempo que implican estos juicios para los familiares de las víctimas y para la sociedad en su conjunto”.
“Estos crímenes de lesa humanidad congelan el tiempo, detienen el reloj, como en verdad se detuvo el reloj del hermano de Margarita Maino cuando fue secuestrado y desaparecido en Chile”, afirmó. “La Justicia puede hacer andar esos relojes detenidos, esas vidas en suspenso”, reflexionó.
Del otro lado del Atántico, en conexión Skype con Chile y Bolivia, Margarita Maino y Ruth Llanos escuchaban y compartían sus opiniones. Maino destacó que esta instancia judicial es un “consuelo para el alma”. "Siento que no estamos solos”, concluyó. Ruth, en nombre de Familiares de su país (ASOFAMD) y de la FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de de Familiares de Desaparecidos, nacida en 1981 por el empeño de Patrick Rice) , llamó a “seguir adelante y unirnos”, unidad que también pidió en Roma la ex fiscal uruguaya. “Estamos tratando de acercarnos los países que sufrimos el Plan Cóndor. Tenemos por delante una labor docente para movilizar dos o tres generaciones posteriores a la nuestra. La ignorancia produce indiferencia, por eso es una tarea primordial para nuestros países enseñar las cosas que pasaron”, afirmó Guianze.
Salerni, a su vez, insistió en la importancia del juicio Cóndor que “reconstruye la historia y nos vincula a tantos países de la otra parte del Atlántico donde numerosos italianos vivieron y lucharon”. El proceso Cóndor de Roma es el segundo en el mundo luego del que se realizó en Argentina y el único en Europa, subrayó Salerni.
La apelación, que se suponía breve, se presenta “más compleja y articulada”, coincidieron los abogados y estimaron que las audiencias “pueden prolongarse más allá del verano” europeo.
Resistencia no falta y de las glicinas primaverales pasaremos a las castañas asadas del invierno romano.
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