Pandora Papers

 

La investigación de “Pandora Papers” pone al descubierto nuevamente la despiadada opacidad del sistema financiero y tributario global, así como el grave perjuicio que ello provoca a nuestro país. Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), esta es la filtración más grande de la historia sobre guaridas fiscales. Los documentos abarcan cinco décadas, y la mayoría se crearon entre 1996 y 2020. Incluyen información sobre más de 29.000 beneficiarios finales (verdaderos titulares de los activos en el extranjero), asociados a 27.000 sociedades. Los periodistas de ICIJ sostienen que esta investigación es mucho más amplia que las anteriores, conocidas como Panamá Papers, Paradise Papers, Swiss Leaks y Lux Leaks, entre otras.

Según ICIJ, la investigación revela los acuerdos secretos y los activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios públicos de alto nivel en más de 91 países y territorios, incluidos 35 líderes nacionales, y las tenencias secretas en el extranjero de más de 130 multimillonarios de 45 países.

La filtración se basó en 11,9 millones de documentos, provenientes de 14 proveedores de servicios offshore –empresas que establecen y administran sociedades fantasma y fideicomisos en guaridas fiscales de todo el mundo–.

Todavía no están disponibles los documentos revelados. Tampoco se ha publicado la información completa sobre personas, empresas e instrumentos utilizados. Solamente se han divulgado algunos nombres de personajes políticos y celebridades. No es de público conocimiento quién realiza la selección de la información que se publica. Los medios argentinos que participaron de la investigación periodística son La Nación, DiarioAR e Infobae, según el sitio de ICIJ.

De la información divulgada hasta el momento se conoce que la Argentina tiene una posición predominante en las filtraciones. Un 8% de los beneficiarios finales descubiertos son argentinos. En total son 2.521 argentinos sobre el total de 29.000 beneficiarios finales, lo que ubica a la Argentina en el tercer lugar del ranking de beneficiarios offshore de la filtración Pandora Papers, debajo de Rusia (4.437) y del Reino Unido (3.506), según DiarioAR.

Según el diario La Nación, la mayoría de los argentinos optó por crear sus empresas de papel en las Islas Vírgenes Británicas (1981 compañías). El resto se distribuyó entre Belice, Panamá y Estados Unidos, más otros destinos menores.

Si se analiza la información por cantidad de compañías involucradas (27.000 en total), la Argentina se posiciona como el quinto país con más sociedades controladas, con al menos 1.448 compañías, detrás de Reino Unido (3.936), Rusia (3.694), Hong Kong (2.104) y China (1.892), según detalla La Nación. Esto indica que un 5% de las sociedades descubiertas eran controladas desde la Argentina.

Un aspecto que vale la pena resaltar es que en la Argentina no es legal utilizar sociedades extranjeras fantasma o cáscara (sociedades offshore sin actividad en la jurisdicción donde operan), es decir como instrumento para evitar el pago de impuestos en la Argentina, defraudar a acreedores laborales, simular operaciones en el exterior, ocultar riqueza de herederos forzosos o de la cónyuge –por lo general es LA– o fugarlo con el propósito de ocultarlo de las autoridades nacionales. Este tipo de estructuras, además, facilita el encubrimiento de flujos financieros ilícitos, provenientes de soborno transnacional, lavado de dinero, evasión fiscal, trata de personas y otros delitos que afectan derechos humanos.

Asimismo, se destacan algunos elementos contundentes que revela esta filtración internacional. Por un lado, demuestra que Estados Unidos, en particular, se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para la riqueza oculta, a pesar de que este país y sus aliados occidentales acusan a los países más pequeños de permitir flujos de dinero ilícito y activos vinculados a la corrupción y el crimen.

Los “Pandora Papers” incluyen documentos de 206 fideicomisos estadounidenses en 15 estados de los Estados Unidos y en Washington D.C., y 22 sociedades fiduciarias estadounidenses. Los documentos brindan detalles sobre el movimiento de cientos de millones de dólares desde paraísos marítimos en el Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un estado estadounidense escasamente poblado, que se ha convertido en un importante destino de dinero extranjero.

Otro dato muy revelador que surge de la investigación es el rol del bufete de abogados más grande de los Estados Unidos, Baker McKenzie (una firma global), como facilitador ayudando a crear el moderno sistema offshore. Este estudio de abogados internacional cuenta con 4.700 abogados en 46 países e ingresos de alrededor de 3.100 millones de dólares anuales. La investigación de ICIJ revela que Baker McKenzie ha ayudado a las multinacionales (tales como Nike, Facebook y Apple) y a los ricos a evadir impuestos mediante el uso de empresas fantasma, fideicomisos y estructuras complejas en guaridas fiscales. Estos vehículos, envueltos en secreto, contienen grandes riquezas: casas, yates, acciones y dinero que, a veces, es de origen ilícito.

Los 14 proveedores de servicios offshore –cuyos documentos componen el conjunto de datos de Pandora Papers– operan en jurisdicciones que incluyen a Anguila, Belice, Singapur, Suiza, Panamá, Barbados, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Seychelles y Vietnam, y atraen a clientes de más de 200 países y territorios.

En este tipo de publicaciones existe cierta a tendencia a excluir del centro del debate a la criminalidad económica corporativa (por ejemplo, los delitos cometidos por las empresas multinacionales en materia de evasión fiscal internacional). Sin perjuicio de que los casos de corrupción política puedan representar una porción menor de los flujos financieros ilícitos descubiertos, estos son los más condenados por las audiencias y, por tanto, los más difundidos.

No está mal que se condene socialmente este tipo de crímenes, por el contrario. Aunque debería otorgársele el mismo espacio en la agenda de los medios masivos de comunicación a la denuncia del crimen económico corporativo. Los delitos de cuello blanco sirven como uno de los mecanismos de opresión y sometimiento de las democracias de los países periféricos, agotando sus recursos, que drenan hacia las principales plazas offshore –ubicadas en países centrales e influencias–, y profundizan los lazos de dependencia.

Estimaciones internacionales como las de GFI (Global Financial Integrity) calculan que la mayor parte de los flujos financieros ilícitos se originan en operaciones del sector privado. Raymond Baker (2005) reveló que solamente el 4,5% de los flujos financieros ilícitos desde los países en desarrollo eran originados en hechos de corrupción política, mientras que el 31% provenía de otras actividades criminales (trata de personas, contrabando de armas, narcotráfico, etc.) y la mayor parte de estos, el 64,5%, provenía de operaciones comerciales.

La escasa eficacia en materia de persecución del crimen económico del sector privado es resultado, en buena medida, de la construcción política y social del poder corporativo. Por ello, persiste una tendencia hacia la legitimación de los hechos de criminalidad económica que cometen las empresas multinacionales, a pesar de constituir actos verdaderamente lesivos para los Estados y sus pueblos.

Otro aspecto negativo de estas filtraciones tiene que ver con la posible manipulación de la información. Por un lado, se desconocen, al menos por ahora, las fuentes de información que revelaron estos casos. Por otro, algunos de los medios de comunicación –aunque no todos– de los que manejan esta fuente de información son grandes grupos económicos, como el diario La Nación e Infobae en la Argentina. Por estas razones, el Estado debería acceder a la información de manera inmediata para poder llevar adelante investigaciones administrativas –y penales, en caso de ser necesarias– eficientes.

La publicación del ICIJ de Pandora Papers llega en un momento crítico en el debate global sobre la inequidad del sistema tributario y financiero internacional, el papel de los profesionales “facilitadores” y el “shadow banking” (la banca en la sombra, que refiere a la actividad financiera no regulada) y, en la Argentina, en pleno auge del debate sobre la prevalencia de los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho de autodeterminación de los pueblos, frente al pedido de reducción del déficit fiscal –ajuste de facto– que propone el FMI para nuestra economía.

En tiempos de pandemia, en una época signada por una creciente desigualdad social, este tipo de filtraciones nos brinda una perspectiva acerca de cómo opera el poder económico, y cómo el Estado de Derecho ha sido doblegado por el sistema del secreto financiero y fiscal habilitado por las naciones ricas.

Los países “en desarrollo, de bajos y medianos ingresos”, dependientes, se ven desproporcionadamente perjudicados por el drenaje de su ahorro doméstico hacia las principales plazas financieras offshore y la acumulación de estos activos financieros en el exterior, lo que reduce los recursos fiscales y empeora la restricción externa. El desvío de moneda extranjera fuera del circuito financiero doméstico reduce la disponibilidad de divisas necesarias para realizar pagos de importaciones, de rentas del exterior y de endeudamiento externo, agudizando aún más los problemas de balanza de pagos.

La fuga de capitales acumulada en seis países de la región (la Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y México) entre 1980 y 2017 suma 2 billones de dólares acumulados en el exterior, que equivalen a 3 veces las reservas internacionales de estos países. En la Argentina, la riqueza financiera acumulada en el exterior (estimada mediante el Método Residual de la Balanza de Pagos) suma 431.000 millones de dólares, entre 1970 y 2019.

Esto revela que el desarrollo económico, social y cultural de los países periféricos se ve obstruido por el poder real, lo que ha impedido abordar el verdadero problema de fondo –y del Fondo, si se me permite la ironía–. La opacidad del actual sistema financiero y tributario internacional acrecienta la divergencia global y la desigualdad social que sufren internamente los países que no califican como “avanzados”. Los organismos multilaterales y los gobiernos nacionales poco han avanzado para poner fin a este tipo de abusos.

 

 

 

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