Con marca de origen

 

A partir de esta semana comenzarán a desfilar por los tribunales federales de Comodoro Py empresarios de la construcción que declararán como testigos en la causa Vialidad. Para el lunes 4 está citado Juan Chediack, de Chediack Construcciones y para el martes 5 Carlos Wagner, titular de ESUCO. Ambos fueron presidentes de la Cámara de la Construcción. A Chediack y Wagner le seguirán otros colegas del rubro. Aunque aún sin fecha, pasarán Silvio Mion, titular de Ekimac; Enrique Eskenazi de Petersen y Thiele –Cruz; Eduardo Eurnekian de Helport y Ángel Jorge Antonio Calcaterra, dueño de IECSA y primo del ex presidente Mauricio Macri. Chediack y Wagner comparten otra cualidad además de haber presidido la Cámara de la Construcción: fueron imputados y declararon como arrepentidos en la denominada causa Cuadernos, que repite entre sus imputados en Vialidad. Un abogado defensor explicó a El Cohete a la Luna que al firmar un acuerdo como arrepentido, Chediack obtuvo como beneficio la eximición de prisión y una eventual reducción de la condena en juicio si se prueba lo que declaró. Si fuera falso lo que dijo, podría ser condenado por falso testimonio.

Chediack intentó faltar a la cita en los tribunales, que estaba prevista para la semana pasada. De hecho, logró demorarla siete días. El testimonio de Chediack había sido propuesto por la Oficina Anticorrupción y por la defensa de Lázaro Báez.  Pero eso fue antes de que declararan como arrepentidos. Legalmente es un tema espinoso: en este juicio Chediack está citado como testigo y como tal tiene obligación de acudir a la cita –si no lo hace puede ser buscado por la fuerza pública- y tiene obligación de decir verdad. Pero a la vez está imputado y procesado en la causa Cuadernos. En ese sentido, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 resolvieron que los empresarios de la construcción que fueron arrepentidos en Cuadernos podrán declarar en el juicio aunque también pueden negarse a hacerlo y aclararon que no se les podrá preguntar nada que no tenga que ver específicamente con las rutas de Santa Cruz, materia de este juicio. “Están creando una testimonial sui generis para que vaya a declarar [Chediack]”, dijo uno de los abogados defensores.

 

 

 

 

 

No puedo ni quiero

El abogado de Chediack es Pablo Lanusse, el mismo abogado de Mauricio Macri. Con su firma, Chediack presentó un escrito ante el TOF 2 en el que señaló que está imputado procesado “por cinco supuestos de cohecho activo, en calidad de autor, en concurso real” en Cuadernos. También sostuvo que eso le impide ser “testigo bajo juramento de ley”. Dicha situación, planteó el empresario, podría significar “ni más ni menos que colocar a todo imputado en una situación coercitiva a la hora de referirse a extremos que más tarde, eventualmente, pudieran ser utilizados en su perjuicio”. En el escrito, Chediack dijo que actuó “alejado de todo obrar doloso libre y voluntario” y que confía en que será declarado inocente pero subrayó que tuvo una “actitud espontánea de colaboración desde el origen de la investigación” iniciada en 2018 que “resultó de significativo aporte para el avance y progreso de la misma”.

El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pidió no sólo que declaren los empresarios sino que se incorporen al juicio sus declaraciones como arrepentidos en la causa Cuadernos. Chediack y Wagner, por caso, admitieron haber pagado coimas a funcionarios públicos. Pero los jueces del TOF 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron que se incorporen legajos de otra causa porque no hubo control de las partes en el proceso que instruyó el fallecido Claudio Bonadio.

 

 

 

 

Tridente

En las últimas semanas declararon ante los jueces del TOF 2 funcionarios y ex funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que fiscalizaron documentación vinculada a Austral Construcciones. Este bloque de declaraciones fue pedido por la fiscalía. “El Ministerio Público Fiscal intentó probar que desde la AFIP se buscaba beneficiar a Lázaro Báez lo cual quedó desmentido a partir de los mismos testimonios”, indicó un abogado de las defensas, que consideró la decisión de los fiscales como un error táctico.

Del capítulo AFIP resta que declaren Jaime Mecikovsky, ex Subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior y sus laderos Carlos Blanco y Silvia Huici. Mecikovsky, contador de profesión, trabajó en la AFIP hasta 2008, cuando fue despedido. Regresó diez años más tarde, en 2018 y en plena ebullición de las causas judiciales contra ex funcionarios del kirchnerismo. Hoy, fuentes con acceso a la causa Vialidad, aseguran que en aquella época se había armado un tridente entre Mecikovsky, quien robaba información de la AFIP para facilitar a Elisa Carrió, que armaba la denuncia y la presentaba en Comodoro Py. La tríada se completaba con un periodista de La Nación que publicaba la supuesta noticia.

A inicios de septiembre, la contadora de la AFIP Laura Iglesias Garrido contó ante el TOF 2 que le asignaron una auditoría a Austral Construcciones y concluyó que no hubo irregularidades en la facturación de la compañía. Dijo que la deuda de Austral Construcciones por impuestos –al momento de la auditoría- era de 200.000 pesos y no de 254 millones de pesos, como había circulado al momento de definirla. “Este importe, menor, hace que se descarte la posibilidad de que Báez sea juzgado por evasión fiscal”, explicaron a El Cohete desde la causa. Pero ese informe le generó a la contadora Iglesias Garrido una pesadilla, según declaró ante la Justicia. A la funcionaria, que se desempeña en el organismo recaudador desde 1990, le iniciaron un sumario administrativo del que se enteró años más tarde, cuando la convocaron a declarar. Al finalizar el juicio interno, no tuvo ninguna sanción disciplinaria. Funcionarios que respondían a Mecikovsky decían que había habido facturación apócrifa de los proveedores Repas S.A. y Reton S.R.L. y maniobras irregulares en la compra de motoniveladoras por parte de Austral. “Se pudo verificar la documentación de la compra, el despacho, la documentación contable y del pago”, dijo Garrido. La hipótesis de la facturación apócrifa habría salido desde la delegación Comodoro Rivadavia.

También prestó declaración Roberto Ariel Gonzalo Llorente, quien trabajó como portero en una de las oficinas porteñas de Austral Construcciones. Según uno de los abogados que lo escuchó, Llorente “repitió el libreto del programa de [Luis] Majul”. Dijo que las facturas de ABL llegaban a la compañía a nombre de Cristina Fernández de Kirchner.

 

 

 

 

¿A dónde van las rutas?

La causa se inició a comienzos de 2016 a pocos días de la asunción de Javier Iguacel al frente de la Dirección Nacional de Vialidad. Jorge Lanata había dicho en TV que había rutas que no llegaban a ningún lado. En el caliente verano de 2016 Iguacel ordenó a un grupo de técnicos viajar a Santa Cruz para constatar obras contratadas a la empresa de Lázaro Baez, Austral Construcciones, y evaluar calidad y precios. Les dio apenas 14 días para armar un informe en el que sostuvieron que no advirtieron irregularidades.

Aún así, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques firmaron, en diciembre de 2017, 584 páginas de acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Abel Claudio Fatala, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez. La causa la instruyó el juzgado de Julián Ercolini. En mayo de 2019 arrancó el juicio oral con informe técnico deficiente que debió consolidarse con instrucción suplementaria ordenada por el TOF 2, que pidió peritaje a la Corte para 5 de las 51 obras en discusión. El peritaje sumó al Ministerio Público Fiscal y control de perito de parte. Con la documentación de la DNV y a diferencia de la perito de parte, los dos peritos oficiales determinaron sobreprecios. Usaron como parámetro la oferta de menor valor en la licitación. Y, entre otros, la revista El Constructor con la que compararon valores de obras en el centro del país sin tener en cuenta diferencias topográficas de zonas con temperaturas bajo cero. Maximiliano Rusconi, uno de los defensores, resume que esas diferencias están dadas por costos en asfalto, cemento, mano de obra, mantenimiento de máquinas, y porque nivelar suelo con material árido en el sur tiene un costo de 300 por ciento más elevado, como ya narró El Cohete a la Luna.

 

 

 

Lo que viene

Una vez que declaren los empresarios de la construcción podrían ser convocados los ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015: Carlos Alberto Zaninni, Sergio Massa, Jorge Milton Capitanich, Juan Manuel Abal Medina, Alberto Ángel Fernández y Aníbal Domingo Fernández. Los seis fueron propuestos por las defensas de la vicepresidenta, que encabeza Carlos Beraldi y de Lázaro Báez, a cargo de Juan Villanueva. También tendrán que sentarse frente a los jueces Iguacel y su segundo Ricardo José Stoddart y el arrepentido estelar Leonardo Fariña. “Estos hechos ya fueron juzgados y los imputados absueltos en otras causas. Y si bien hasta ahora la mayoría de los testigos está desechando la hipótesis de la acusación, una vez que una causa es elevada a juicio en Comodoro Py las chances de que haya condenas son muy altas”, vaticinó, algo desganado, un abogado defensor.

 

 

 

 

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