Aceiteros dan pelea

 

Concentrados en la cabeza de Goliat, como Ezequiel Martínez Estrada había rebautizado a Buenos Aires, los medios masivos suelen olvidarse del resto del país, salvo que algún desastre natural aceche inexorablemente, como con los incendios en la Patagonia o la inundación en Bahía Blanca. Por caso, cuando hay un conflicto laboral en puerta o un historial de vaciamiento empresarial, las ausencias se agrandan al por mayor. Así ocurrió, hace poco más de una semana, en la multitudinaria marcha que un grupo de trabajadores de Vicentin protagonizó en una de sus plantas, Ricardone, hasta la autopista que une las ciudades de Rosario y Santa Fe.

La noticia apenas se conoció: protestaban porque no les habían pagado completo el sueldo de febrero, y después de que el Ministerio de Capital Humano dictara conciliación obligatoria porque los gremios aceiteros habían anunciado un paro nacional. Tampoco se supo que el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo sostuvo como medida de fuerza la “retención de tareas” en las plantas que la compañía administra en Ricardone, en Renopack –otra firma del grupo–, el puerto de San Lorenzo y la planta de biodiesel de Explora –también empresa del holding– por el despido de cuatro trabajadores. El gremio denunció una suerte de “revancha patronal” que se tradujo, en los últimos tiempos, en un combo de ajuste salarial, cesantías y militarización de las plantas. Hasta no hace mucho, en efecto, los trabajadores de Vicentin estaban en estado de asamblea y el gremio aceitero santafesino entró en alerta por la situación de la agroexportadora y su dilatado concurso de acreedores.

Los trabajadores advierten que peligran hoy más de mil puestos de trabajo, pese a que al gigante cerealero se comprometió hace unos días, tras la lucha sindical, a un plan de pagos para abonar lo que resta de febrero. Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODYARA) adelantaron que, de incumplirse la propuesta empresaria, rápidamente volverá el conflicto a las plantas.

La incertidumbre se respira habitualmente en Vicentin. Desde la primera semana de marzo, mientras la trama financiera y judicial sigue en ascuas, las empresas del gigante agroindustrial habían sido frenadas por el directorio. La cerealera responsabiliza a la Justicia local y apunta a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle a su favor. Señala la escasez de materia prima y la dificultad para cerrar nuevos contratos de molienda como factores de la parálisis de la producción. Los trabajadores, por el contrario, hablan de un manejo ineficiente de los recursos y una mala administración, que derivó en un desastre financiero que se arrastra de años.

Mientras tanto, el juez de primera instancia a cargo del concurso, Fabián Lorenzini, dispuso una nueva intervención de Vicentin por 120 días “prorrogables por el tiempo que se necesite”, y designó como veedores a Guillermo Nudenmberg y a Andrés Schocron, los mismos que estuvieron al frente de la anterior intervención, desde marzo hasta agosto de 2024. La cerealera, concursada desde marzo de 2020, empezó en ese tiempo a ser investigada por el juzgado civil y comercial de la ciudad santafesina de Reconquista.

Lo cierto es que los gremios la calificaron como una suerte de “intervención light”, ya que denuncian que el directorio sigue intacto y con poder de decisión en sus funciones. Martín Morales, secretario gremial de SOEA, dijo que cuando terminó la primera intervención empezaron “los problemas de caja” y se terminaron los controles. Según lo que dictamen ahora los veedores, el juez puede decidir futuras represalias contra Vicentin, como por ejemplo sancionar al actual directorio.

La bomba, sin embargo, explotó en el momento menos pensado. De lo que sí se hicieron eco los grandes medios fue del sorpresivo allanamiento de Gendarmería Nacional en veinte lugares distintos, que incluyeron múltiples localidades de Santa Fe, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. De allí que Daniel Buyatti –ex presidente de la compañía– y Roberto Gazze –ex gerente– fueron detenidos. Las acciones fueron ordenadas a último momento por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Oficina de Delitos Económicos, quienes lideran la investigación por estafa y administración fraudulenta contra la empresa y en cuya carga probatoria, según fuentes judiciales, fue clave la declaración del ex jefe regional de la AFIP, Carlos Vaudagna.

Los ex directivos de la compañía ocupaban cargos de alta responsabilidad cuando se declaró el default y son considerados por los investigadores como los presuntos jefes del colosal engaño. Los fiscales creen además que, a pesar de no formar parte del directorio actual, los detenidos continuaban gestionando de manera irregular los fondos que ingresaban a la empresa. También pidieron la detención de Omar Scarel, otro ex presidente de la firma, y del contador público Alberto Julián Macua, que se entregaron ayer. Todo bajo el marco de una causa que ya había presentado acusaciones formales a finales de 2023 contra 16 ex directivos y auditores de Vicentin. Los cargos incluyen asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, y las penas podrían alcanzar hasta 16 años de prisión.

 

 

 

Cagar con la puerta abierta

La crisis de Vicentin se remonta a diciembre de 2019, cuando la empresa se declaró en cesación de pagos –que la situó al borde de la quiebra–, lo que derivó en un concurso de acreedores que aún no se resolvió. A la par, los principales acreedores continúan presionando para que avance el proceso de “cramdown”, una instancia que permitiría que otros actores tomen el control de la firma si no se llega a un acuerdo definitivo. Pero eso no es todo, porque además de las dificultades económicas y sindicales, Vicentin enfrenta cuestionamientos por parte de la Justicia. Existen denuncias en su contra por presuntas irregularidades en su manejo financiero previo al default de 2019. Algunos sectores sostienen que hubo desvío de fondos y maniobras que perjudicaron a los acreedores, lo que generó investigaciones y procesos judiciales en curso. La caída fue en picada: se le sumaron permanentes conflictos laborales, multas por desobediencia judicial y un directorio sospechado por estafas millonarias. ¿Es posible aún una expropiación desde el Estado con el gobierno de Javier Milei? ¿O todos los caminos, que en un principio llevaban a una empresa mixta, volvieron a foja cero?

“Se dan el lujo de cagar con la puerta abierta, ni siquiera se preocupan en cerrarla. Te estafan y te dicen ‘no sé qué pasó con la plata y ni sé dónde está’”, dice a cámara Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, en el documental Cuellos blancos, el caso Vicentin, dirigido por Andrés Cedrón. Allí, una serie de recortes periodísticos muestra que, en un contexto de pobreza en crecimiento, algunas empresas han tenido récords de ganancia en los últimos años. Vicentin no ha sido la excepción. “Una burguesía con olor a bosta, predominantemente rentista”, define el periodista Alejandro Bercovich. Y en los nombres de los vinos de Vicentin, que de máxima productora de granos expandió sus inversiones a todo tipo de mercancías, se refleja la ironía: el “tramposo”, el “canalla”, el “contrabandista”.

El de Vicentin parece un novelón que suma capítulos, la mega trama de una historia perdida. Perdida, corrupta y en quiebra. El gigante empresarial, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior con una facturación de 4.000 millones de dólares, ocupando el puesto 29 entre las 50 mayores riquezas del país y siendo la firma que más creció durante el macrismo, yacía hasta hace poco con sus bienes embargados e inhibidos y con sus directivos sin poder salir del país, sospechados de millonarias estafas. Hasta los acreedores privados, en un hecho inédito en lo financiero, creían que el salvataje del Estado era urgente y necesario para que Vicentin no terminara en manos extranjeras. Sin embargo, nada puede normalizarse si los investigadores judiciales no despejan primero el enigma: dónde están los más de 1.500 millones de dólares que faltan de su magnánima deuda. Algo que todavía sigue sin revelarse.

 

 

 

La historia casi centenaria de los Vicentin se ancla en la leyenda rosa de los inmigrantes y de un almacén de ramos generales que se convirtió en financiera y que fue posterior apropiadora de campos en la próspera Pampa Húmeda. Las acusaciones de fraude, evasión y fuga de capitales surgieron poco tiempo después de los enormes beneficios otorgados por las políticas neoliberales de gobiernos militares y de Carlos Menem, cuando la empresa empezó a cambiar su matriz productiva por la especulación financiera y la diversificación de negocios, a tono con la época.

“Vicentin es un reflejo de la historia política y económica reciente de la Argentina”, explica Andrés Cedrón, que en su documental exhibe los puertos privados del complejo oleaginoso de Santa Fe, que comercializan la mitad de las exportaciones totales del país. El gigante Vicentin se niega a que lo controlen: se resguarda en su fortaleza. “Mientras las deudas de Vicentin se licuan con el paso del tiempo, la sociedad argentina no condena la responsabilidad empresarial, ni discute las leyes que benefician a los poderes económicos. No son señalados como delincuentes ni por los medios hegemónicos ni por la opinión pública debido a los lazos sociales entre los poderes existentes. Fácilmente, los ubica como víctimas de las garras del Estado o de un atentado contra la propiedad privada”, remarca Cedrón.

En una zona agroexportadora por excelencia, el grupo atiende en los dos lados del mostrador: se vende y se compra a sí mismo yendo de una empresa a otra del holding, manipulando los precios de transferencia. En los pueblos santafesinos, Vicentin es dueño y señor, articula el lazo social: los empresarios nunca son percibidos como delincuentes, sino como “hombres de bien”, responsables de dar trabajo y prosperidad. A eso se suma la solidaridad de clase de los dueños de los medios de comunicación, que crean un muro casi indestructible.

El vaciamiento resultó obsceno, tanto como sus deudas pesificadas. Vicentin, de forma sucesiva, continuó acumulando favores judiciales. Los trabajadores temen que, a la corta o la larga, el juez Fabián Lorenzini –sospechado de ser amigo de la empresa– avale el achicamiento y desguace del grupo. “El objetivo del holding es dilatar la situación y posibilitar que se consume un fraude monumental sobre el Banco Nación, que es uno de sus principales acreedores, y así hacia el conjunto de los argentinos”, reflexionó Claudio Lozano, quien auditó la deuda de Vicentin cuando fue director de la entidad bancaria. Dilatar, no pagar, estafar, disciplinar, no obedecer y procurarse impunidad: una costumbre tan empresarialmente argentina.

 

 

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