El gas lacrimógeno

 

La Auditoría General de la Nación emitió a fines de febrero un informe acerca de las políticas públicas sobre la cadena de valor del gas natural. Este abarca un periodo que comprende casi una década e incluye líneas diversas, pero también constantes que persisten desde las oleadas privatizadoras del siglo pasado. 

La auditoría abarcó el lapso comprendido entre el primer día de 2016 y el último de 2022: casi la totalidad del mandato presidencial de Mauricio Macri y tres cuartos del de Alberto Fernández. Como en otros planos, un retroceso seguido de frenos o tenues reversas, sin soluciones de fondo. Cuadro agravado, cabe vislumbrar, en la deriva actual. 

Entre otros, la AGN evaluó los resultados de la balanza comercial, el nivel de infraestructura alcanzado y el impacto sobre los usuarios, ítems en que las políticas implementadas resultaron insuficientes e incluso perjudiciales para el consumo final o el desarrollo nacional. 

Aunque el INDEC formuló una pregunta ambigua, que refiere a la utilización de gas de red o de garrafa para cocinar, el censo nacional de 2022 permitió estimar que la demanda abastecida del servicio residencial es del 48,61% de la población argentina. De ese modo, más de ocho millones de hogares se vieron afectados por la dolarización de los costos de producción y el retiro del Estado que procuró iniciar el gobierno de Macri y cuyo segundo tiempo está completando el de Javier Milei, como correlato de la fuga de capitales y el endeudamiento externo para sostenerla. 

El encarecimiento del servicio domiciliario durante la primera parte del periodo auditado, restando una porción creciente del ingreso de sus usuarios en perjuicio del consumo, no resultó, sin embargo, en una reducción significativa del déficit de la balanza comercial ni en una expansión del servicio, que sigue atada a los cuellos de botella del transporte y a la necesidad de inversión en redes de distribución. 

Estas últimas aristas del problema no sólo afectan a los usuarios particulares, sino al conjunto de la matriz energética argentina. De acuerdo a la AGN, el gas representaba el 53% de su composición en 2022, pero a su vez constituía la fuente más utilizada para generar energía eléctrica. Más de la mitad del tipo de generación era térmica y el gas natural resultaba el insumo más eficiente para producirla.  

 

 

Pagar en dólares

Durante la primera década del siglo, la recuperación del consumo popular incrementó la demanda de gas y, por la limitación de recursos naturales, obligó a recurrir a la importación. Con el objetivo de revertir el déficit comercial del sector y buscar el autoabastecimiento, en el bienio final de la segunda presidencia de Cristina Fernández se implementaron incentivos a la producción nacional que lograron un aumento en los volúmenes y en los ingresos de los productores, sin impactar en las tarifas. 

El marco permanente es el de una cadena de valor sumamente concentrada y el de la incidencia de los precios internacionales. Para el último año del periodo auditado por la AGN, cuatro firmas se distribuían el 75,2% de la producción interna de gas natural. Desde 2012, la estatización del 51% de las acciones de YPF había permitido reintroducir el peso estatal en ese eslabón, mientras que la distribución permaneció concesionada a nueve empresas, con zonas excluyentes. De ese modo, no compiten entre sí. 

Sin monopolio público ni puja entre privados, los usuarios sufrieron primero la dolarización y quita de subsidios de la era macrista y, ya con la ley Bases de Milei, el retiro completo del Estado de su rol protectorio en materia de precios finales en el mercado local. 

La dolarización de los costos de producción tras las elecciones de medio término de 2017 provocó, como advirtió la AGN en su informe, que el precio al usuario quedase sujeto a aumentos significativos conforme se produjesen devaluaciones como las que el peso padeció el año siguiente. Cuando la volatilidad cambiaria que había propiciado se aceleró, entre el otoño y el invierno de 2018, Macri pretendió que las diferencias acumuladas vertiginosamente se trasladasen a los usuarios finales, en 24 cuotas a pagar desde el 1 de enero de 2019. La proximidad de los comicios presidenciales, en los que aún pretendía revalidar, llevó a la decisión final de que fuese el Estado quien la absorbiese. Milei se está encargando de completar la tarea de trasladar las cargas a las espaldas populares. 

La auditoría detectó además que el sendero de precios en dólares que las autoridades habían estimado escalonadamente hasta fines del mandato macrista resultó superior a los surgidos de la competencia de oferentes en las subastas finalmente abiertas entre el cierre de 2018 y principios de 2019. El mecanismo permitió verificar también que, por efecto de las bajas de los precios de importación, los valores concedidos a la producción local se ubicaron por encima de los internacionales. 

 

 

Incluso con cuantías dolarizadas, políticas de estímulo a la producción y una merma en el consumo por la caída del poder adquisitivo popular, la balanza comercial en materia de gas natural y gas natural licuado continuó siendo deficitaria.

 

 

 

Por un tubo

El documento de la AGN observa además que las políticas implementadas durante el periodo 2016-2022 se concentraron en incentivar la producción, pero omitieron atender la necesidad de expandir la infraestructura para transportar sus resultantes. 

Con el reservorio de Vaca Muerta en auge, en noviembre de 2018 el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) advirtió que la capacidad de transporte de su producción por gasoducto hacia los centros de consumo estaba saturada. Lo mismo ocurría con otras cuencas neuquinas y apenas en menor medida con la Austral, ubicada en Tierra del Fuego y Santa Cruz. 

De ese modo, la demanda interna debió ser atendida nuevamente con importaciones. Recién con la construcción del gasoducto “Presidente Néstor Kirchner”, al que luego Milei le cambió el nombre, comenzó a atenderse a ese problema nodal. El financiamiento debió ser estatal, porque los intentos de avanzar en un modelo de participación público-privada fracasaron. 

Una manifestación explícita del déficit del transporte de gas es el grado de cobertura territorial, cuyo crecimiento en los últimos tres lustros ha sido menor al del número de habitantes. En el conjunto del país, la población en viviendas particulares creció un 13,71% entre los censos nacionales de 2010 y 2022, mientras que la cobertura de gas de red lo hizo en un 9,24%. El uso de garrafa, por su parte, aumentó un 19,74%. 

Esos números revierten los de la primera década del siglo: hasta 2010 la población había crecido 10,6% y el acceso a gas de red avanzó por encima de 20 puntos, incorporando a 3,6 millones de personas.  

El punto de quiebre fue 2018, el año del colosal endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional y la licuación inflacionaria de los ingresos populares, que venían sintiendo el impacto de los tarifazos desde el inicio del mandato de Macri. Hasta ese año, la demanda abastecida había experimentado un crecimiento sostenido.

 

Asimetrías del mapa

Al resultado general de 2022 contribuye también que las cuatro provincias del noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) hayan tenido una incorporación reciente, con porcentuales aún marginales de cobertura al recogerse el último censo. 

Es sólo el extremo de las asimetrías, habituales cualquiera sea el ítem desde el que se peine el mapa federal. En este caso, impacta también la variable histórica, que dibuja tendencias. Comparados los últimos tres censos nacionales, diez jurisdicciones aumentaron su cobertura entre 2001 y 2010, pero la redujeron para 2022. Solo cinco anotaron tres mejoras consecutivas y cuatro acumularon tres registros en baja. 

Llamativamente, una de ellas es CABA, que perdió doce puntos entre 2010 y el último censo. El retroceso en la cobertura fue incluso en términos absolutos: la población en viviendas particulares con acceso a gas de red superaba hasta 2010 los 2,5 millones de personas, pero en 2022 el número de habitantes en hogares que utilizaban principalmente ese combustible para cocinar (tal la consigna estricta de ese censo) no llegaban a esa cantidad. 

El retroceso porteño no es habitual en estadísticas que marcan que otras jurisdicciones crecen, ni podría adjudicarse a carencias de transporte, lo que induce a observar la distribución dentro del propio distrito capitalino. Siempre según el censo 2022, ninguna de las quince comunas que lo componen alcanzó el grado de cobertura que la ciudad en su conjunto tenía en 2001 y 2010, aunque doce se ubicaron por encima del 78,2% total de 2022. Las tres que no lo alcanzaron dibujan el sur:

• La 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución), con 62,38%.
• La 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), con 65%. 
• La 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), con 54,11%.

Si los números oficiales no yerran, hilvanar tres Presidentes porteños consecutivos no parece haber contribuido al bienestar de los más pobres de sus coterráneos. 

 

 

 

 

 

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