28 años de impunidad

 

Cuando el último tren arribó a la capital bonaerense, el rubio “San Gato” cumplió con una tarea que era parte de su trabajo: recorrerlo en busca de gente dormida. Por eso, no le extrañó ver a uno tapado con una campera. Tiempo después, durante una caminata por las calles de tierra por Villa España, en Berazategui, le relató a El Cohete a la Luna lo que debió haber hecho aquella madrugada del 29 de agosto de 1994, cuando el rastro de sangre que vio no le dejó dudas de que se trataba de un sueño eterno.

El empleado ferroviario relató lo que declaró ante el juez Federico Atencio, quien tomó testimonio a otro habitué de los trenes, el vendedor ambulante Daniel Silva, cuyo apodo de “Conejo” devenía de unos incisivos que ya no tiene, pero con los que contaba hace 28 años, cuando ofrecía fundas para controles remotos al autor de esta nota, ante quien siempre se mostró seguro y enfático.

A diferencia de “San Gato”, “Conejo” vio cuando asesinaron al hombre. Sin embargo, no podía saber que era Jorge Omar Gutiérrez, subcomisario de la Segunda de Avellaneda, quien sospechaba que unos depósitos cercanos se dedicaban al contrabando.

Otra testigo fue una mujer que venía de verse con otro hombre, a escondidas de su marido. “Carolina” llamó en forma anónima a varias comisarías para contar la verdad hasta que al fin se animó a confesarse con su esposo y –acompañada por él– declaró ante el juez, quien destacó la actitud de ambos.

Esa suma de actitudes nobles, que tanto contrastan con la estética de los años '90, contribuyó a que la sociedad vislumbrara lo que aún no estaba probado: jefes policiales encubrían a una empresa de contrabando o al narcotráfico.

 

 

 

 

Condena

Con la instrucción de Jorge Piazza, el jefe de la seccional platense que recibió la denuncia de “San Gato”, el juez Atencio condenó al cabo Alejandro Santillán sobre la base de los testimonios de los testigos del tren. Se determinó que su cómplice había sido Francisco Severo Mostajo, alias Colorado, quien se puso prófugo.

“Conejo” Silva fue secuestrado y golpeado por policías que lo amenazaron con buscar a su familia. El día que debió sentarse ante un tribunal, juró decir la verdad, pero no pudo continuar. La audiencia se detuvo cuando entró un grupo de uniformados con cascos, que ordenaba el desalojo por una amenaza de bomba.

Hasta entonces, Santillán era visitado en su celda por Pablo Baltasar García, subjefe de la Policía Federal Argentina, y por su jefe, Adrián Pelacchi.

 

 

El jefe

Pelacchi se mostraba como protector de sus hombres. Hacia julio de 1996 salió en defensa de “Alacrán”, Ricardo Scifo Módica, un represor de varios campos clandestinos de detención, reconocido mientras ejercía un paradójico nuevo empleo en el Centro de Orientación a las Víctimas. Pelacchi dejó su puesto a Baltasar García cuando fue designado por el Presidente Carlos Menem como secretario de Seguridad Interior. Proponía endurecer penas, extender los períodos de incomunicación y devolver a la policía la posibilidad de interrogar, el momento propicio para las torturas. Fue entonces, cuando estaba por asumir un puesto en la Interpol Internacional –hacia abril de 1998–, que se conoció su participación en la dictadura.

Había prestado servicios entre el 8 de marzo de 1977 y el 19 de diciembre de 1983 en la Superintendencia de Seguridad Federal. Según el diario La Nación, en su legajo SSF 157 tenía una felicitación “por abatir un delincuente subversivo” el 23 de octubre de 1977. Él admitió ese “tiroteo”.

Los familiares de la víctima vieron algo distinto: “A Jorge Sanz, que era delegado en el gremio de los judiciales, lo fusilaron. Metieron al cadáver en un calabozo junto a su hermana, que perdió entonces su embarazo”.

 

 

Los jueces

Santillán fue condenado en 1996 por el juez Atencio a prisión perpetua. El caso pasó a la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de La Plata, integrada por María Clelia Rosenstock, Eduardo Hortel y Pedro Soria. Era el tribunal que en 1995 había condenado al cuádruple femicida Ricardo Barreda, aunque la mujer de esa Sala considerara “inimputable” al odontólogo porque “no comprendía la criminalidad de sus actos”.

Luego juzgó la desaparición del estudiante Miguel Bru, “uno de los procesos más agotadores. Durante las últimas semanas, con los otros camaristas, abandonamos nuestras actividades sociales y de familia”, explicó su presidente, Hortel, ante Clarín. Soria no suspendió sus ejercicios de aerobics en el Parque. Rosenstock discontinuó su deporte: la natación. En 1999, seis años después de aquella desaparición en una comisaría, condenaron a perpetua a los policías Justo López y Walter Abrigo.

Sin embargo, a “Chiquito” Santillán, lo absolvieron. “Prefirieron creerle a la madre de su ex pareja, quien declaró que el policía había cenado pescado en su casa temprano”, le dijo David Gutiérrez, hijo de Jorge Omar, a El Cohete. Aquella mujer, Claudia Acuña (ya fallecida), pudo relatar en otra instancia que dijo eso bajo amenazas, contra ella y su familia, algo en lo que coincidió su hijo Adolfo Salvador, y así se hizo constar ante la Comisión Investigadora de la Aduana Paralela que en Diputados presidía Mario Das Neves.

La familia apeló ante la Suprema Corte bonaerense, pero esta le inició un sumario al juez Atencio, que pendió sobre él durante 18 años. Entre declaraciones de incompetencias y otras dilaciones, sólo quedó acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que llegaron con auspicio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

 

 

Un segundo asesinado

El derrotero de Jorge Piazza, el segundo asesinado, fue resumido por David Gutiérrez en una entrevista con José Haro, por FM Sur: “Dos días antes de declarar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue secuestrado y asesinado con un disparo de nueve milímetros, de la nuca hacia la frente, igual que como mataron a mi viejo. Su cuerpo terminó en un depósito de autos de la Policía Bonaerense. Mensaje más mafioso que ese…”.

 

 

 

Piazza, ya retirado, fue secuestrado en Avellaneda, donde Gutiérrez investigaba. Trabajó en la comisión investigadora de la “Aduana paralela”. Se desempeñó en Asuntos Internos hasta que en 1998 el ministro León Arslanian lo pasó a retiro. Asesoró a la legisladora Marta Ferrara, del partido de Luis Patti. Fue liquidador para la aseguradora Meridional y recuperaba vehículos robados. El día de su secuestro iba en un coche a gas con diez años de antigüedad. No resultaba creíble la hipótesis del comisario Julio Ravena, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata: “Intervino una banda de ladrones de autos, en un robo al azar”.

El 24 de febrero de 2003, “su cuerpo apareció en avanzado estado de putrefacción, sin la mano izquierda y con el rostro desfigurado. Tenía marcas que pueden ser leídas como un mensaje mafioso”, dijo el jefe de la DDI Quilmes, Aníbal Degastaldi.

 

 

 

La jueza

Otra magistrada de transición (entre el viejo y el reciente Código de Procedimiento Penal) instruyó un nuevo proceso: “La impunidad se perpetuó con la bochornosa actuación de quien tuviera la causa desde 1999 hasta 2012, la jueza Marcela Garmendia”, expresó la familia.

Es la magistrada que, hacia noviembre de 2019, fue apartada por el Tribunal de Casación cuando investigaba las denuncias de Elisa Carrió contra la gobernación de Daniel Scioli, y fue centro de serios cuestionamientos a su falta de imparcialidad tras opinar en demasía sobre los imputados.

En enero de 2021 fue contra Juan Buzali, el marido de Carolina Píparo, por atropellar a un motociclista. Fue más dura aún contra una locutora que dejó a su hijo solo en un auto, para quien rechazó la excarcelación y le endilgó “abandono de persona agravado” en octubre pasado. En cambio, cuando debió enfrentarse a dos policías de bajo rango, no estuvo tan aguerrida.

Así la recuerda uno de los hijos de Gutiérrez ante El Cohete: “Sometió a maltrato a la familia. No quería atendernos, hasta que nos movilizamos a La Plata y forzamos que la causa no prescribiera. Cuando el cómplice de Santillán, el prófugo Mostajo, fue hallado y traído desde Tucumán, la jueza lo liberó, dijo que no había pruebas. Por fin se conformó un tribunal que elevó a ambos a juicio; pero ella no hizo nada. Al contrario, hizo lo posible por embarrarla”.

 

 

 

 

En 2013, la familia viajó a Costa Rica para ser oída por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado a indemnizar a la familia y a realizar un nuevo juicio. En 2015 tuvo lugar el resarcimiento hacia los deudos, anunciado por el ministro de Justicia Julio Alak.

 

 

 

En 2018 se revocó la absolución y se convirtió el caso en uno de cosa juzgada írrita, o sea, reabierto con nuevo tribunal. Al ordenarlo, los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini solicitaron al fiscal general de La Plata “una investigación completa, imparcial y efectiva, con el objeto de determinar la responsabilidad intelectual y material de todos los demás que hayan intervenido”.

 

 

El empresario

En busca del autor intelectual, los querellantes señalaron al dueño de Depósitos Fiscales S.A. (DeFiSA), que el subcomisario investigaba:

“Julio Ernesto Gutiérrez Conte, ‘empresario fashion’, amigo de los torneos de polo y de figurar en las revistas del glamour, era el propietario de los Depósitos Fiscales vecinos a la Comisaría donde prestaba servicios el subcomisario. (Era) protegido por un círculo mafioso integrado por Carlos Gallone, preso condenado por la Masacre de Fátima, y ‘El Tigre’ Jorge Acosta”.

La descripción se parece a la de Alfredo Yabrán, un hombre que hizo fortuna de la nada, en base a compartir los dividendos con los funcionarios y que se deshacía de los molestos mediante la fuerza que le aseguraban ex represores.

Por esta acusación, el neo-empresario Conte querelló al ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez, hermano del asesinado, ya que la “mala fama” lo llevó –según él– a perder un contrato con Telecom, en una pulseada que le ganó Clarín.

 

 

 

El subcomisario Gutiérrez llevaba una libreta donde escribió: “Cocaína”. Creía que eso era lo que escondían los autos que contrabandeaba el depósito al que Conte llegó de la mano de Carlitos Menem (h), habilitado recién quince días después del crimen, luego de lo cual –según recuerda el hijo de la víctima– “los autos fueron trasladados a un segundo piso del Hipódromo de Palermo”.

Para cerrar las parábolas, cuando Conte trepó hasta la administración de Aeropuertos Argentina 2000, nombró como Jefe de Seguridad al ex comisario Pelacchi. Mientras se desempeñaba allí, al salir de su casa en José Mármol –Almirante Brown– el 12 de diciembre de 2002, fue atacado a tiros, de los que resultó ileso gracias a sus custodios. Vivió hasta 2020.

Cuando el periodista Daniel Otero quiso darle al empresario la posibilidad de réplica para el documental G. Un crimen oficial, que filmaba con apoyo del CELS, la respuesta provino del abogado Fernando Burlando, quien inició una gestión que no tuvo concreción.

Por aquellos años, Burlando defendía a narcotraficantes. Había patrocinado a las hermanas Aicardi, que vendían droga en la casa de su hermano, presidente del Concejo Deliberante de Berazategui. Según le relató al autor de esta nota, su patrocinio lo pagaba desde una ciudad costera alguien con más poder.

Tal tipo de poder no gubernamental incidió sobre muchos funcionarios, en pos de prolongar la impunidad, que ya lleva 28 años, de criminales encubiertos por un oscuro manto cuya posibilidad de ser rasgado no aparece como probable en las audiencias que, ante el fiscal Martín Chiorazzi y los jueces Miriam Patricia Ermili, Laura Irma Lasaga y Juan Alberto Benavides, comenzarán mañana en La Plata.

 

 

 

 

 

 

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