Apartheid en la cordillera

 

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, avanzó en la cooptación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con las últimas designaciones de magistrados. A la vez, se fortalece el rol político de Héctor Reinaldo Iturrioz, ministro de Seguridad y Justicia, con tal concentración de poder que subordina al Ministerio Público Fiscal y opaca a la Jefatura de Policía local. La investigación judicial de un incendio en una estancia en la zona andina muestra la política criminal para esta etapa a nivel local, que desconoce derechos elementales a las personas más vulnerables que viven en tierras rurales. La razzia del 12 de febrero en el noroeste de la provincia puede vincularse a las violencias estatales perpetradas en 2003 en Vuelta del Río y en 2009 en Corcovado, en la misma zona castigada ahora.

El grito punitivista y persecutorio de la ministra Patricia Bullrich sirve de máscara protectora para los actores e intereses locales, que no hacen explícitos ni los alcances ni las relaciones de algunos hechos con los proyectos estratégicos de los grupos dominantes en la región.

Por debajo del gobernador hay una larga lista de operadores y funcionarios públicos que materializan este plan persecutorio, cuyas identidades quedan protegidas por los uniformes policiales. La última semana el gobernador respaldó a la policía provincial y la participación en los comandos unificados, lo que en definitiva fue una renovación de la confianza en Iturrioz.

 

Quién es quién

Iturrioz y Jorge Miquelarena, jefe de los fiscales provinciales, tienen su propia construcción de poder y de articulación, con gran capacidad de permanecer en los pliegues de la burocracia tanto como de renovarse. En febrero se mostraron juntos en Esquel, abroquelados en las acciones por el supuesto incendio intencional ocasionado la madrugada del sábado 18 en la estancia Amancay, sobre la ruta provincial 71, entre las localidades de Trevelin y Villa Futaleufú. No es la primera vez que coinciden, ya que tiempo atrás fue Miquelarena quien actuó en favor de Iturrioz para hacer naufragar en la Legislatura un pedido de juicio político.

Nacido en la provincia, Iturrioz es abogado. En 2014 juró como jefe del cuerpo de fiscales en Comodoro Rivadavia, la plaza más activa por cantidad de población y el poder de las petroleras concentradas allí. De alto perfil, verborrágico según la prensa local, en 2020 un Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut resolvió por unanimidad la formación de una causa por su desempeño como fiscal. A pesar de que él adjudicó la medida a una maniobra de la Procuración, es decir a sus jefes máximos, en realidad fue el procurador Maquilarena el vehículo de su salvataje, según fuentes de los poderes judicial y legislativo que conocieron de cerca el desarrollo del caso.

En 2023, antes de asumir al frente de la gobernación, Torres anticipó la designación de Iturrioz al frente de Seguridad y partieron juntos a Israel, donde avanzaron en gestiones ante empresas vinculadas al área. Desde la Asociación de Magistrados advirtieron que es incompatible el cargo, incluso solicitando licencia como fiscal, porque nunca pierda la condición y luego debería volver a ejercer en la justicia. Así es que está con Torres desde el inicio de su gestión. Con él asumió como subsecretario de Justicia, Rodrigo Mariano Miquelarena, sobrino del procurador general, y como secretaria de Vinculación Ciudadana, Laura Mirantes, luego promovida a ministra de Producción.

 

 

 

Así como Torres cuestionó a Guido Otranto por su intervención en causas contra el pueblo mapuche, Iturrioz atacó a jueces del fuero local asegurando que “no quieren trabajar los domingos”.

En Comodoro coincidieron con el comisario Pablo Lobos, oficial de investigaciones con responsabilidad operativa en la razzia del 12 de febrero en la zona andina, como consta en la documentación firmada por Jorge Criado, juez penal que convalidó las medidas. Iturrioz y Lobos ofrecieron conferencias de prensa conjuntas en las que el policía se refería al fiscal por su nombre, en innegable muestra de confianza. Ya como ministro, supervisó personalmente procedimientos policiales, como hizo durante los allanamientos en el territorio de la lof Pillañ Mawiza, en Corcovado, y la detención de Victoria Núñez Fernández, Vic, integrante de esa comunidad, como presunta coautora del ataque incendiario en Amancay.

Antes, ambos se reunieron con María Bottini, fiscala general de Esquel, y con el equipo de la procuración, para analizar el mismo caso. En este verano intenso, el ministro aseguró que el incendio de Epuyén fue intencional, pero no se conoce ningún avance ni anuncio oficial sobre esta investigación, a diferencia del caso Amancay.

 

 

 

Elenco estable

Jorge Luis Miquelarena era abogado de la Dirección General de Rentas (DGR) en Trelew cuando dio el gran paso, sintetizó una fuente de la política local. En ese organismo trabó relación con Norberto Yahuar, quien a su vez lo posicionó ante el gobernador Mario Das Neves. Fue designado Fiscal de Estado, pieza fundamental para la entrega del yacimiento Cerro Dragón a Pan American Energy (PAE) y la protección a la maniobra del proyecto energético Ingentis, por mencionar algunos casos. Lejos de debilitarlo, su legajo profesional le permitió ser designado procurador en 2008, cargo en el que permanece. Justamente en ese cargo, fue jefe de Iturrioz.

En febrero de este año viajó a Esquel para participar de la conferencia de prensa que brindó Torres inmediatamente después que el juzgado local confirmara la detención de Vic por su supuesta participación en el ataque incendiario en Amancay. Junto a él estaba María Bottini, funcionaria de su confianza, al punto de que asistió a su casamiento, según indicó una fuente del fuero local. Bottini fue parte en 2015 del grupo de espionaje a 26 militantes del No a la Mina, miembros de pueblos originarios y periodistas.

 

 

 

Puerta trasera

El supuesto ataque incendiario a la estancia Amancay el 18 de enero permitió desplegar un dispositivo represivo contra las comunidades Catrimán Colihueque (lagunas Larga y El Martillo), Nahuelpan (Esquel), Cañío (Buenos Aires Chico) y Pillañ Mawiza (Corcovado), que tuvo su momento más fuerte el 11 de febrero con varios allanamientos simultáneos y la detención preventiva de Vic.

Al fundamentar la razzia, el juez Criado criminalizó hechos políticos lícitos, propios de la solidaridad y el activismo mapuche-tehuelche y social contemporáneo. Consideró sospechosos el acompañamiento a la lof Paillako antes y durante su desalojo del Parque Nacional Los Alerces, el 9 de enero pasado, una manifestación pública de protesta en las vías de la Trochita en Esquel y actividades con machis (autoridad espiritual propia del pueblo mapuche) oriundas de Chile, entre otros hechos indicados en el escrito oficial por el que autorizó el mega-operativo policial por Amancay. Afirma, además, el supuesto origen intencional del último incendio de Epuyén, sin indicar ningún elemento serio que justifique mencionarlo en relación a los hechos por los que se libraron los allanamientos.

Criado conoce esos mismos territorios de otros legajos, en causas por presunta usurpación que promueven particulares. En ese sentido, es posible sostener que continúa el legado de José Oscar Colabelli, racista y misógino, para retratarlo en pocas palabras.

Criado declaró en su momento que Esquel es la ciudad del “No”, aludiendo al movimiento del No a la Mina. En otras declaraciones públicas consideró “un exceso” el reconocimiento de derechos a las mujeres. Sumó puntos y en 2017 el Sindicato de Trabajadores Judiciales lo denunció ante el Consejo de la Magistratura.

En relación al conflicto territorial, cuando tuvo oportunidad actuó en forma complementaria a la acción de la justicia federal en el desalojo de la lof Resistencia Cushamen de tierras que reclamaba el grupo Benetton. Rechazó hábeas corpus, proceso que dos años después trepó hasta el crimen de Santiago Maldonado. Por su acción discriminadora contra Catrimán fue denunciado ante organismos internacionales.

 

Triste memoria

El Poder Judicial resolvió en 2003 en favor del terrateniente José Vicente El Khazen, quien reclamaba como propia la tierra ocupada por la comunidad Vuelta del Río, asentada junto al río Chubut. Durante tres días seguidos, entre el 15 y el 17 de marzo de 2003, la policía local montó un dispositivo de desalojo de la familia Fermin dispuesto por Colabelli, juez que tuvo acciones públicas racistas y filo-nazis. En 2012, un tribunal condenó al comisario a cargo a seis meses de prisión en suspenso y una inhabilitación de un año por su responsabilidad penal en el operativo policial, que generó graves daños contra los bienes y personas. Dos años después, el fallo fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia. Al ex gobernador Mariano Arcioni no le importó y nombró a ese comisario condenado su jefe de policía.

Un domingo de marzo de 2009, sin orden judicial, la policía de Chubut desarrolló un procedimiento sangriento que duró varios días en Corcovado y el cerro Centinela. Buscaban a un muchacho prófugo de la justicia y mataron a su hermano de 19 años, provocaron la parálisis de otro de 15 durante la tortura y aterrorizaron a toda la población de la pequeña localidad, durante un cuasi estado de sitio que duró varios días.

La impunidad en el uso de la fuerza pública es la que supura en cada procedimiento, cada audiencia, cada fallo. Las garantías elementales están en el freezer. Eso acrecienta la preocupación sobre el presente y el futuro de Vic y de tanta gente judicializada.

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí