La Sombra del narco
El gobierno no puede eludir la rendición de cuentas sobre quien pagó su campaña
Luego de un mes de silencio el presidente Maurizio Macrì y la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal debieron responder sobre el lavado de dinero en el financiamiento de sus campañas en las dos últimas elecciones generales de 2015 y 2017. Lo hicieron al comprobar que no bastaba con señalar la denuncia como obra del kirchnerismo y cuando el malestar se extendía al interior de la alianza gobernante y comenzaban los desmarques en serie de quienes fueron implicados sin consulta previa.
La investigación periodística fue realizada con mínimos recursos: en un portal noticioso y en un ciclo audiovisual que se transmite en streaming porque las amenazas oficiales lo radiaron de un canal de cable, cuyos propietarios fueron detenidos. En contraste, la demorada respuesta oficial se organizó durante una semana con todos los medios técnicos y humanos a disposición del Poder Ejecutivo, y aun así resultó débil e inconvincente. Esto refleja tanto la gravedad de la crisis económica cuanto la profunda preocupación oficial por la sombra del narco que se proyecta sobre el financiamiento de las campañas electorales.
25 abriles
La investigación sobre el lavado de dinero en la campaña bonaerense de 2015 fue iniciada en El Destape, el portal de texto y videos que dirige Roberto Navarro, por Juan Amorín, un periodista que tenía 10 años cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner.
A partir de una primera denuncia, Amorín detectó otras personas que recibían planes sociales de subsistencia y que figuraban como aportantes de la campaña por la cual Graciela Ocaña y Esteban Bullrich fueron electos a la Legislatura bonaerense. Cada entrevistadx respondía que no había hecho ningún aporte e invitaba a conocer sus condiciones de vida, que tornaban evidente la superchería. Amorín comenzó a chequear entonces listados de aportantes registrados por la Cámara Nacional Electoral, con padrones de beneficiarios de planes sociales y encontró una coincidencia perfecta. A partir de allí avanzó en dos direcciones:
- Constató que ese esquema no se circunscribía al par de partidos del conurbano bonaerense en el que aparecieron los primeros casos, sino que se repetía en numerosos distritos de toda la provincia.
- Descubrió que, para simular una contribución partidaria, las víctimas figuraban como afiliadas al PRO, cosa que también era falsa.
- Con ayuda de periodistas de otros medios (como el platense Diagonales y el porteño Página/12) pudo establecer que también se había sustraído la identidad de los candidatos del partido del gobierno en casi todos los municipios de la provincia, perfeccionando en 2017 un método aplicado en la elección anterior.
- El esquema estaba tan regulado, que partido por partido se repitió la misma pauta: los candidatos a intendente figuraban con un aporte de 50.000 pesos, los aspirantes a concejales de 30.000 y a consejeros escolares de 12.000. Estos son valores a diciembre de 2015, equivalentes a 150.000, 90.000 y 36.000 pesos actuales, con una cotización del dólar que triplica la de entonces. Por cada lista los aportes ascendieron al medio millón de pesos de 2015. Con 81 municipios ya comprobados y varios en los que hubo más de una lista, esto supera los 40 millones de pesos sucios que fueron lavados en la campaña, que superan los 120 millones actuales. Ahora Amorín está cruzando la nómina de dos millones de monotributistas sociales y receptores de planes sociales con la de aportantes.
Maquillaje
La patética conferencia de prensa del presidente Maurizio Macrì fue anunciada con cinco días de antelación. Durante toda esa semana, el gobierno estuvo planificando como responder a la escandalosa situación. Llamó la atención el espeso maquillaje con que Macrì intentó tapar las llamativas ojeras que contradicen su impostado optimismo, que lo llevó a decir: “No nos está yendo mal”. Su puesta en escena fue precedida en cinco horas por otra de Vidal, cuyo mea culpa fue una exigencia del Poder Ejecutivo para que la responsabilidad que legalmente corresponde a quienes ocupen la presidencia y la tesorería del partido en la provincia de Buenos Aires no recayera en el Presidente.
Muy a su disgusto, Vidal tuvo que decapitar a su principal colaboradora en esta operación, María Fernanda Inza, a quien apenas un día antes había puesto en funciones como contadora general de la provincia. Su mención a lagunas en la ley electoral que trataría de llenar con una reforma legislativa no atenuó el impacto, pero reforzó la idea de que no tenía respuestas congruentes que ofrecer. Nada en la ley vigente impide la bancarización de los aportes, y de hecho Unidad Ciudadana recibió 98 de cada 100 aportes por esa vía (menos de 400.000 pesos), exactamente al revés que Cambiemos. También son inversos los respectivos proyectos de ley. El del Poder Ejecutivo enviado de urgencia al Congreso admite los aportes de personas jurídicas, prohibido desde la reforma de 2009 (para lo que importa, empresas privadas) sin control previo o simultáneo, mientras Máximo Kirchner propuso prohibir también los aportes de personas físicas, restringir el financiamiento al Estado y reforzar los controles, incluyendo al Congreso. Tarde, pero preciso, el diario La Nación informó que PRO recibió en 2017 aportes por 155 millones de pesos, en su mayor parte proveniente de empresas y de sus directivos, lo cual supone una minuciosa ingeniería recaudatoria. “Las donaciones de compañías están permitidas para el desarrollo institucional de los partidos, pero están prohibidas en campañas electorales, aunque la línea suele ser difusa. La Justicia determinó el año pasado que los aportes registrados por el Pro durante 2015 habían sido utilizados para la campaña presidencial de Mauricio Macri, uno de los motivos de la jueza María Servini para no aprobar las cuentas electorales de Cambiemos” escribieron en ese diario Maia Jastreblansky e Iván Ruiz.
Vidal también dijo que había ordenado una auditoría (tarea que no le corresponde al Poder Ejecutivo y menos que menos al funcionario responsable del delito, sino a la Justicia) pero hasta hoy se ignora a quién se la encomendó y cómo la realizaría. Inza integra el círculo íntimo del poder macrista. Cuando el ahora Presidente era alcalde porteño, ella fue jefa de gabinete de la secretaría legal y técnica, que es el organismo que controla la legalidad de las decisiones que firma el jefe de gobierno. Con Vidal ocupó la Secretaría Legal y Técnica de la provincia y al mismo tiempo fue tesorera de la campaña de PRO en 2017, una acumulación de tareas a la cual tampoco obligaba la ley vigente. La diputada Graciela Ocaña también hizo su modesto aporte a la operación de maquillaje, invocando su compromiso con la transparencia. La mediática saltimbanqui aún no ha terminado de entender que esa imagen del pasado ha perdido toda credibilidad.
El peligro de las metáforas
En 24 horas, Macrì sumó la conferencia de prensa, una alocución ante la Bolsa de Comercio y un contacto en vivo por Instagram, donde se atuvo al manual Durán Barba: contó qué dibujitos veía con su hija menor, qué galletitas comía, si le gustaba más como bailaba Britney Spears o Shakira, cómo tomaba que lo llamaran Gato, si era feliz, si le gustaba ser Presidente y otros temas de igual relevancia para su futuro y el de la Nación. Marcos Peña Braun había dicho pocos días antes que estaban pensando cómo ganar las elecciones de 2019. Esta es una notable polarización con la realidad. El economista Horacio Rovelli comparó la situación con la de 2001, se preguntó por la intensidad de la resistencia social y dijo que, si se mantenía en los niveles recientes o se incrementaba, la única duda es si le permitiría al Presidente llegar hasta el helicóptero. Esta percepción generalizada es la que indujo a Macrì a exponerse ante las preguntas de la prensa, aunque sólo atinó a responder generalidades que a esta altura refuerzan la irritación. Ante la primera pregunta sobre el lavado de dinero oscuro en el financiamiento de la campaña dijo, lo mismo que Vidal, que promoverían la bancarización. Cuando otro periodista le señaló que la responsabilidad por los aportes en efectivo no era de la ley sino de Cambiemos, habló sobre la transparencia. Pero dejó sin contestación la curiosidad de un tercer periodista acerca del origen del dinero que no provino de quienes figuran como aportantes al PRO.
Su estilo para surfear los temas no es muy sutil. Por ejemplo:
Pregunta: ¿Cómo piensa bajar la inflación, que en seis meses alcanzó el total de lo previsto para el año?
Respuesta: La inflación es lo que más daño le causa al salario. Por eso estamos abocados a bajarla. El año próximo bajará más de 10 puntos.
Pregunta: ¿Cuál será el porcentaje del aumento de tarifas en el resto del año?
Respuesta: Esta no es una pregunta para mi sino para el ministro de Economía. Cuidamos el valor del salario, no podemos seguir endeudándonos para que lo paguen nuestros hijos y nietos. Hemos vuelto a producir energía en la Argentina.
Pregunta: ¿Se mantendrá el cronograma de disminución de las retenciones?
Respuesta: Necesitamos aumentar las exportaciones, porque esa es la manera de generar trabajo.
También dijo que se crearon 700,000 nuevos puestos de trabajo, lo cual motivó una contundente respuesta del economista Mariano Kestelboim.
Por el contrario, se perdieron 74.000 empleos industriales de calidad.
El Presidente también atribuyó la corrida cambiaria a “cosas que no dominamos que pueden pasar en el mundo”, pero pretendió que las enfrenta “cada día con mayor fortaleza”. Igual que Vidal, recurrió a imágenes hídricas. Macrì habló una y otra vez de tormenta, como si los problemas que enfrenta la economía fueran un azar meteorológico y no la consecuencia directa de las opciones asumidas por su gobierno. Nadie dejó de advertir su colosal acto fallido, cuando comenzó a decir que ante la intensidad del fenómeno había arriado las banderas y a mitad de la palabra corrigió por velas. Esta oportuna enmienda no lo salvó del ridículo. Como escribe un lector navegante, “en una tormenta tratás de no bajar todas las velas. Necesitás una vela de capa para conservar el control y gobernar el barco, porque de otro modo quedás al garete y podés terminar en África, salvo que estés en una tempestad extrema y siempre que puedas navegar a palo seco. Y lo que hagas tenés que hacerlo antes de la tormenta, para no romper las velas y el barco”. El peligro de las metáforas elegidas a la ligera es que pueden ser más expresivas de lo pensado.
Consuelo de Tontos
Más allá de las tonterías que planteó en la conferencia de prensa, Macrì debe rendir cuentas acerca de quiénes pagaron su campaña. La investigación de Amorín comenzó por unos pocos lugares de la provincia de Buenos Aires, el padrón electoral y los beneficiarios de planes sociales, pero luego se extendió a toda la provincia y a los candidatos del oficialismo. El próximo paso podrían ser las demás provincias y la detección de otros patrones de comportamiento, desarmando el ovillo de los big data, de los que el gobierno se apropió con el pretexto de llegar con precisión a los sectores sociales alcanzados por las distintas políticas públicas. A esto se suman el procesamiento del intendente de Paraná y la imputación a un concejal de PRO que ha acompañado al Presidente en encuentros nacionales de juventud. Tampoco en este caso la investigación fue llevada a cabo por un medio nacional de los más importantes, sino por una revista provincial Análisis, que dirige Daniel Enz.
También por lavado de dinero está procesada una diputada nacional oficialista que antes fue intendenta de Resistencia e integrante del gabinete de Macrì, Aída Ayala, cuyo desafuero fue pedido por una jueza especializada en el narcotráfico y que fue una de las visitantes del Papa Bergoglio en Roma, Zunilda Niremperger. El defensor de Ayala es Ricardo Gil Lavedra.
No es el periodismo el que está en crisis, sino los medios de comunicación, tanto los más grandes, que son utilizados como instrumentos para obtener ventajas del Estado en negocios más lucrativos, como en los menores, alimentados por la pauta oficial, que se distribuye a cambio de simpatía en la cobertura. El episodio de Paraná, cuyo intendente Sergio Varisco ha sido indagado por la justicia federal como financiador del transporte y comercialización de drogas, proyecta la sombra del narco.
Enz investiga desde hace años el vínculo entre Varisco y el narco detenido en 2016 Daniel Tavi Celis, quien creó un Movimiento Vecinalista del Oeste, MVO. En un libro de 2015, Los hijos del narco, sostiene que la relación de Varisco y Celis se remonta a 2010, cuando Varisco fue derrotado por la intendenta kirchnerista Blanca Osuna. De acuerdo con Enz, Celis aportó unos cinco millones de pesos a la campaña de Varisco, quien designó en cargos municipales a no menos de 150 personas señaladas por su benefactor, para que distribuyeran drogas en camiones de la intendencia. Siguiendo el hilo expuesto por Enz, en 2017 la Policía Federal secuestró centenares de kilos de marihuana cuando eran estibados de un avión a una camioneta y practicó dos decenas de detenciones, entre ellas la del chofer de campaña de Varisco, Cristian Silva. Sintiéndose traicionado, Celis implicó al intendente y a los funcionarios de seguridad del municipio, Ricardo Franks y Griselda Bordeira. En una grabación cuya reproducción en las redes sociales fue prohibida por la Justicia, uno de los abogados de Tavi amenaza a un alto funcionario de la intendencia y le dice que va a correr sangre, porque Celis puso mucho dinero en la campaña de Varisco. Incluso hay fotos en las que Varisco encabeza una caravana de campaña en una camioneta de Celis. Lo acompaña en la caja del vehículo Maurizio Macrì.
Otro imputado es el concejal Emanuel Gainza, de Cambiemos, quien pidió licencia por tiempo indefinido, cuya concesión o rechazo será decidida por el cuerpo el lunes 23 de julio. Gainza no es un mero concejal, sino la gran figura del neoliberalismo y el emprendedurismo entrerriano, presidente provincial y vicepresidente nacional de la Juventud de PRO y con acceso fluido al intendente Varisco, al presidente Macrì, a María Eugenia Vidal desde sus tiempos de vicejefa de gobierno de la Capital.
Gainza también se codeó con un alto número de ministros del gabinete nacional: Mario Quintana, Hernán Lombardi, Andrés Ibarra, Rogelio Frigerio, Guillermo Dietrich, Jorge Triaca, Carolina Stanley, según abundantes testimonios fotográficos.
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Una vez detenido Celis, el negocio quedó a cargo de su pareja, Luciana Lemos. Una libreta que le secuestraron en un allanamiento detalla los pagos realizados por Varisco, Gainza, Bordeira y otros funcionarios, por la cocaína que luego comercializaban.
La UCR desafilió a Varisco, pero hasta ahora el PRO no se ha pronunciado sobre la situación de Gainza, como si la penetración del narco en el financiamiento de la política fuera una cuestión menor, o un mal de muchos.
Pugna salvaje
En otra nota de esta edición, Mónica Peralta Ramos señala que la pugna salvaje entre fracciones del capital por apropiarse del excedente producido por toda la sociedad pone al país al borde de la hiperinflación y de un nuevo default, como consta en el informe del equipo técnico del FMI, que ubica ese riesgo en lo que queda del año. Esto explica la premura con que llegó el viernes a Buenos Aires Christine Lagarde, quien debe rendir cuentas ante las naciones más poderosas que conducen la institución. Uno de sus propósitos es presionar a gobernadores, sindicalistas y legisladores para que consientan las pautas de ajuste impuestas al gobierno, ya que es evidente que Macrì ha perdido toda capacidad de persuasión. Varios actos muy concurridos le dieron un primer acercamiento a las dificultades que deberá enfrentar. El propio viernes hubo dos concentraciones de repudio y el sábado una tercera.
A mediodía del viernes, las dos CTA, la CNCT, Izquierda Latinoamericana, el Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad se movilizaron sobre el Ministerio de Desarrollo Social. Entre los oradores estuvieron Hugo Yasky, Roberto Baradel, Walter Correa, Daniel Catalano y Coco Garfagnini. Allí plantearon que no tienen sentido las mesas de amigos para administrar el conflicto social y que se impone una paritaria social con representación de todas las organizaciones para discutir la distribución de la riqueza y no como hasta ahora la distribución de la pobreza.
Por la tarde, numerosos dirigentes entre los que estaban el mismo Yasky, el vocero pontificio Juan Grabois, el Cuervo Larroque y Horacio Pietragala, de La Cámpora, Martín Sabbatella, Itai Hagman, el metrodelegado Beto Pianelli, el Movimiento Carolina, la CCC, Barrios de Pie, la CTEP y grupos de Camioneros, entre otros, no pudieron llegar a la vallada sede del Banco Central pero leyeron frente a la vecina Iglesia de la Merced (donde suelen reunirse) la carta a Madame Lagarde difundida hace unos días en la que se comprometen a desconocer la legitimidad del acuerdo y de la deuda contraída. El sábado a mediodía se movilizó la izquierda del FIT sobre la sede en la que Lagarde se reunió con los ministros de Finanzas del G20.
El sábado a mediodía se movilizó la izquierda del FIT sobre la sede en la que Lagarde se reunió con los ministros de Finanzas del G20.
La palabra justa
En los últimos días abundaron las reuniones políticas con vistas a 2019. Fue el senador opoficialista Miguel Pichetto quien eligió la Tribuna de Doctrina del diario La Nación para anunciar la candidatura presidencial de CFK, no como promoción sino a modo de advertencia. Pichetto pertenece a un sector que preferiría la reelección de Macrì antes que el regreso de Cristina, pero el desinfle del gobierno aleja esa posibilidad y atiza sus miedos. Principal operador legislativo de Cambiemos, llegó a fantasear con su propia candidatura, lo cual muestra que el pánico es el peor consejero. El presidente del justicialismo bonaerense, Gustavo Menéndez, admitió haberle sugerido a Vidal que aún estaba a tiempo para desmarcarse de Macrì y probar suerte el año que viene. Pero negó haberle dicho que los intendentes del FpV podrían acompañarla, como ella hizo decir en Clarín. El diálogo tuvo lugar a bordo de un auto en movimiento por las calles de Morón, que es la forma en que Vidal sostiene sus encuentros más reservados, a prueba de intercepciones, o al menos es lo que ella cree. Todas las combinaciones ideadas en el vasto universo panperonista chocan con el hecho de que nadie se acerca ni de lejos al atractivo electoral de la ex presidente. Todos los aspirantes a jubilarla se hundieron en 2017. Randazzo apenas pasó del 5%; Massa perdió en su bastión de Tigre; Juan Schiaretti cayó en Córdoba aunque esta vez fiscalizó la elección; Urtubey salió tercero en la provincia que gobierna desde hace seis años. La última ilusión de ese sector es el ex candidato radical a la presidencia Roberto Lavagna, quien ha hecho saber desde su cabaña en el oeste bonaerense que estaría dispuesto a desconectarse de Netflix para completar el mandato de Macrì y postularse para un solo periodo en 2019. En cambio el gobierno imagina que polarizar con Cristina es su mejor opción, pero la estrategia kirchnerista lo desconcierta.
La idea de que Cristina no habla, que por eso ha recuperado simpatías y que a Cambiemos le convendría forzarla a romper el silencio es un mito confortante para el oficialismo. El 25 de mayo CFK cuestionó el regreso al FMI, con un documento muy elaborado en el que cotejó el estado de la economía, la política y la sociedad, bajo el gobierno de Néstor Kirchner y el actual. El 29 reclamó que se quitara del memorándum de entendimiento con el FMI que los recursos del sistema previsional hayan sido “incautados” y presentó un proyecto de ley para que se suprimiera esa afirmación tan falsa como peligrosa; el 30 impugnó desde el Senado el último tarifazo, de acuerdo con un proyecto de ley propio, que aprobaron ambas cámaras y Macrì vetó. Cuando el Presidente aconsejó a los peronistas de PRO que no siguieran las locuras de Cristina, lo fulminó en pocas y precisas líneas que recorrieron el mundo: “Llamar loca a una mujer. Típico de machirulo”. El 14 de junio anunció que ella y todo el bloque de Senadores que integra apoyaría la derogación del aborto clandestino, oneroso y de riesgo. También denunció que Juan Martín Monge, el titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que el gobierno se propone liquidar, fue CEO de Metlife, empresa que demandó a la Argentina ante el CIADI por la recuperación del sistema jubilatorio (lo que el gobierno llama incautación). El 5 de julio dijo que a la detención de Lula en Brasil se suma el pedido de detención de Rafael Correa, como parte de un plan en ejecución, denominado Lawfare o guerra judicial, para “perseguir y proscribir a los líderes populares” en América Latina. Es decir, se pronunció sobre los temas de fondo que padece el país. Lo que no hizo es sumarse al pelotudeo de declaraciones insustanciales sobre combinaciones electorales, candidaturas y otros asuntos menores que entretienen al gobierno y al opoficialismo de los Pichetto, los Bossio y los Urtubey. En cambio dedicó ese tiempo a reuniones con representantes de Lula, cuya libertad reclama; de los sindicatos que rechazan las medidas de ajuste y del Papa Bergoglio.
Foto: Vatican Media (transm. V. Sokolowicz)
Uno de los obispos que integran la comisión ejecutiva de la Iglesia Católica argentina se reunió dos veces con ella y le transmitió sin ambages el deseo del pope romano de que vuelva a postularse para la presidencia en las elecciones que hasta ahora están previstas para octubre de 2019. Parecería que no piensa defraudarlo.
La música que escuché mientras escribía esta nota.
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