LA IMPUNIDAD Y SUS VARIANTES
El ataque violento a los mapuche que protegían un bosque nativo sigue impune
En medio del dispositivo de seguridad internacional por la reunión preparatoria del G-20 en Bariloche, en junio del año pasado un grupo entrenado arribó desde Buenos Aires, golpeó y privó de su libertad a una decena de jóvenes despojando por unas horas a una comunidad mapuche del control de tierras en conflicto en Villa La Angostura. La justicia neuquina tiene prácticamente paralizada la investigación por ese ataque violento al resguardo territorial que frenó la tala del bosque nativo iniciada por el Fideicomiso Lago Correntoso SA en territorio de la comunidad Paisil-Antreao, en tanto que hace avanzar otras causas contra los mapuche por hechos posteriores.
Lago Correntoso SA pretende urbanizar 87 hectáreas sobre la ladera del cerro Filo Belvedere, en zona prohibida por la ley nacional de protección de bosque nativo, para lo que inició la apertura de un camino interno de mil metros produciendo severos daños ambientales. La obra vial con maquinaria pesada desató el conflicto que derivó en la instalación de un resguardo para bloquear los trabajos, en el único acceso, en abril del año pasado. El grupo con formación militar que lo atacó goza de total impunidad hasta el momento.
Nakas Murat, financista vinculado al Club Boca Juniors; Alberto Artemio Rossi, concuñado del presidente Macri; Javier Coria, directivo del CEAMSE, son algunos de los doce titulares del fideicomiso que compró esas tierras con amplia costa al lago Correntoso. Otros dos de sus miembros, Norberto Omar “Piti” Dabas y Jorge Roberto Torres, están identificados como líderes de la banda atacante, los que también están denunciados como partícipes de los ataques a los manteros en Retiro y Constitución desde 2016. Tampoco en Buenos Aires avanzan las investigaciones.
Grupo comando
El domingo 15 de abril de 2018 la Paisil instaló el resguardo en el inicio del camino interno, dentro del lote de 12 hectáreas en conflicto con el empresario y deportista Emanuel Ginóbili, ya que hasta ahora es el único modo de ingresar con maquinaria al proyecto de urbanización de Lago Correntoso. Una ruka de madera levantada a metros de la tranquera y de la vivienda del casero. Había dos únicos responsables de la llave de la tranquera, el casero y la comunidad. El casero le habilitaba el ingreso en camioneta a su hermano, quien trabajó en la obra del desmonte con un aserradero portátil y personal a su cargo; durante año y medio se manejó con total libertad en el lugar.
La justicia determinó que el resguardo sobre el camino interno (la servidumbre de paso) no constituye usurpación. Fracasada la vía judicial, apareció el plan B.
Nevó mucho por esos días. Angostura se mantiene lejos del intenso movimiento de seguridad que se despliega cada vez que se elige la ciudad vecina para un evento que involucra jefes de Estado, como la preparatoria del G-20. El lunes 12 de junio de 2018 llegó a Bariloche un grupo de doce hombres altos, fornidos. Dabas y Torres parecían estar al frente. En una agencia de alquiler de autos sin chofer contrataron una camioneta y un coche, uno a nombre de Dabas, el otro de Torres. Dejaron la ciudad, pasaron los controles sobre el río Limay que debe haberlos registrado con sus cámaras de seguridad, ingresaron a Villa La Angostura pasando también ahí los controles viales de rutina.
Las heladas mantenían la nieve y el hielo. Después de cenar, la gente del resguardo se ocupó del fuego y la leña antes de dormir. Escucharon el motor de la camioneta del hermano del casero que entró, estacionó como siempre detrás de la vivienda y salió. Al filo de la medianoche, como en un clásico policial, los encapuchados patearon y rompieron la puerta de la ruka, tomaron la motosierra y la destruyeron en minutos mientras perseguían a la decena de jóvenes en la noche cerrada. Una joven delgada alcanzó a escurrirse por el vaivén de la tranquera, pequeño espacio que no pudo sortear el matón que la perseguía. Corrió por la única calle resbalando en la nieve y el barro. Avisó al resto de la comunidad.
Para entonces, unos habían logrado escapar, otros seguían cautivos bajo los botines típicos de fuerzas de seguridad. Un kona intentó defenderse con las herramientas, lo que hizo que se ensañaran con él. Lo tiraron al piso boca abajo, le doblaron el brazo sobre la espalda, lo pisaban con los botines de punta. Otro kona, sintiendo la asfixia que le provocaba la prensa del brazo en la garganta, identificó a los que daban las órdenes y le habló a uno de ellos, el de zapatos elegantes de suela poco aptos para la nieve. “Nos mandan los dueños”, insistió sin identificarlos. Les propuso un arreglo económico para dejar el territorio.
Corriendo llegaron los integrantes de la comunidad que viven más cerca, desconociendo a qué se enfrentaban. Se reunieron frente a la tranquera exigiendo la liberación de los que seguían retenidos por la fuerza. Bastante después llegó la policía provincial. La respuesta rápida y masiva de la comunidad los obligó a negociar durante dos horas su propia retirada. Algunos descorrieron las capuchas; un hombre de unos 50 años, rubio ceniza, asumió el liderazgo ante los mapuche.
Cuando los agresores se retiraron, de madrugada, uno permaneció oculto en la vivienda del casero hasta el día siguiente cuando salió con el dueño de casa, con el rostro cubierto. El martes por la tarde, en Bariloche, Dabas-Torres pagaron los daños sufridos por la camioneta y entregaron los vehículos en la empresa de alquiler.
Amparo estatal al ataque privado
Exactamente un mes después de instalado el resguardo y un mes antes del ataque comando, en Villa La Angostura se hizo la tercera Reunión de Comando Unificado de Fuerzas Federales y Provinciales (Chubut, Río Negro y Neuquén) encabezada por el Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, de la que participó Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
En once meses, Adrián De Lillo, fiscal de la IV Circunscripción que entiende en el caso, solamente localizó a dos de los doce integrantes de la banda individualizados. No ha planteado la conexión local de logística e inteligencia previa. Pedro Eduardo Falcón y Víctor Ismael Ojeda, de provincia de Buenos Aires, guardaron silencio durante la reciente audiencia de formulación de cargos por lesiones leves, como si hubiera sido una riña callejera.
El apoderado del fideicomiso vive en La Angostura, la fiscalía lo conoce ya que le recibió una denuncia contra la comunidad; podría suministrarle las direcciones de sus socios Dabas y Torres, las que además constan en el registro de la propiedad inmueble, por citar documentación pública neuquina disponible para notificarlos y obligarlos a presentarse ante el poder judicial.
Consultamos a De Lillo para preparar esta serie de informes, entendiendo que al menos cuatro legajos son piezas complementarias de un mismo tablero, que en forma aislada tergiversan los hechos. Aunque está legalmente autorizado a brindar información sobre los casos, por criterio personal decidió no hacerlo.
A diferencia del poder judicial, los representantes gremiales de la CTA Autónoma de los manteros y vendedores ambulantes de ciudad de Buenos Aires rápidamente buscaron entre los trabajadores perseguidos grabaciones de las golpizas recibidas durante los desalojos sufridos desde 2016. En el celular de un nigeriano apaleado estaban guardadas imágenes que, analizadas junto a las que se tomaron el 13 de junio en La Angostura, permiten sostener coincidencias con los responsables de los desalojos violentos atribuídos a Dabas y Torres en Retiro y Constitución.
Las características de la banda parapolicial y de su acción en el terreno no tienen precedentes en la zona, a pesar que la violencia –en todas sus variantes— es el método tradicional para intentar sofocar el conflicto territorial. El ataque no mereció el más mínimo pronunciamiento por parte de los representantes institucionales, ni de los partidos políticos, ni de la Jefatura de la policía de Neuquén.
Junto con la identificación de todos y cada de uno de los responsables materiales y operativos, parece relevante saber si el financiamiento de este operativo planificado es parte de los costos fijos del avance de la frontera inmobiliaria sobre el territorio ancestral mapuche.
(Javier Grosso realizó la cartografía)
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