24 F, 1946: la grieta llega al gobierno
De dónde viene la idea de que el hijo del barrendero muera barrendero
El 24 de febrero se cumplió un nuevo aniversario de las elecciones donde la alianza social y política que se conformó como peronismo llegó por primera vez al gobierno del Estado. Repasar someramente cuales fueron los términos del conflicto político y social (la “grieta”, en el lenguaje de muchos) que se dirimió en ese momento puede ser útil para reflexionar acerca de las continuidades históricas y también de las rupturas.
En octubre de 1943, durante la presidencia del General Pedro Pablo Ramírez, el entonces Coronel Juan Domingo Perón, fue nombrado al frente del Departamento Nacional de Trabajo, que pronto alcanzó el rango de Secretaría.
El 1° de mayo de 1944 Perón hace la primera reseña de su tarea al frente del organismo: se habían firmado convenios con trabajadores de los gremios del vidrio, de la carne, textiles, del mueble, del cartón, de la electricidad, de la alimentación, de los astilleros, metalúrgicos, lancheros, portuarios, del vestido, ceramistas, bancarios, Vialidad Nacional, obrajeros del Chaco y petroleros. Esos convenios regulaban salarios, el derecho a días por enfermedad, a vacaciones pagas e indemnizaciones por despido y accidentes de trabajo. Se implantó por primera vez el descanso dominical sin pérdida de salario, para los trabajadores de la carne. Se estableció el beneficio del aguinaldo como obligatorio para todos los trabajadores a partir de diciembre de 1945. Estos derechos incluían también a las trabajadoras del servicio doméstico.
A través del decreto 31665 se ampliaron estos beneficios a los empleados de comercio, lo cual había sido aprobado por el gobierno de Hipólito Irigoyen y derogado por Alvear por “razones de déficit presupuestario”.
El 13 de octubre se sancionó el Estatuto del Peón Rural, que introdujo en las actividades agropecuarias y forestales la jornada de ocho horas, la regulación de las vacaciones, el descanso dominical, el salario mínimo para cada tarea y la indemnización por despido.
En noviembre, a través del decreto 32347, se dio el primer paso para la creación de los Tribunales del Trabajo.
A fines de 1943 la Unión Industrial Argentina rompió públicamente con el gobierno al calificar a los aguinaldos como “demagógicos” y expresar su alarma por “la indisciplina que necesariamente se engendra en los establecimientos”.
Durante la segunda mitad de 1944, al tiempo que recrudece la resistencia patronal a la política de Perón, Estados Unidos inicia una fuerte ofensiva contra el gobierno argentino. En junio retira su embajador, en agosto los activos argentinos en ese país son congelados, en septiembre la prohibición sobre las exportaciones a nuestro país se extienden a toda la maquinaria petrolera, repuestos para automóviles, ferrocarriles y maquinarias. Y la Secretaría de Estado denuncia el refugio de criminales nazis en la Argentina. Así comienza a presentarse el conflicto como la lucha entre democracia y neofascismo o nazismo.
En 1945, alentados por el apoyo norteamericano y el triunfo de los aliados, las principales corporaciones empresariales del país, encabezadas por la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio, profundizaron su embestida contra el gobierno militar. Esto se expresó en una serie de solicitadas y documentos, en los cuales manifestaban en forma vehemente su “intranquilidad creciente” respecto de las medidas impulsadas por el Secretario de Trabajo y Previsión. En particular, en un “Manifiesto” planteaban “una justificada alarma” por el otorgamiento de un salario mínimo, vital y móvil, de nuevos aumentos generales de salarios y de manera particular cuestionaban que se hubiese aprobado en “forma inconsulta” el sistema general de jubilaciones.
Entre junio y julio de 1945 se designaron los jueces de los tribunales laborales de la Capital Federal; la Corte Suprema de Justicia se negó a recibirles juramento y la Asociación de Abogados separó a dos de sus miembros por aceptar la designación 1.
Por su parte Confederaciones Rurales Argentinas, en nombre de 102 sociedades rurales adheridas, declaraba en una solicitada: “El Estatuto del Peón elimina la jerarquía del Patrón para dejarlo a merced de los peones o de cualquier agitador profesional.” A esta declaración, la Cámara Argentina de Grandes Tiendas sumaba su protesta por la rebaja y congelamiento de los precios de artículos de consumo decretada por el gobierno 2.
En su respuesta a ese “Manifiesto”, Perón señaló el carácter netamente político del mismo y a sus autores como “la eterna oligarquía económica que ha manejado a la oligarquía política”. Y que “en el mundo actual existen dos tipos de dictadura: la del capital y la del proletariado. La nuestra hasta ahora había sido una dictadura del capital y nosotros queremos dar a esa estructura una nueva forma, creando una verdadera democracia en el medio, donde ni el capital ni el proletariado actúen sobre las decisiones del gobierno. (…) El gobierno lo ejerce el Estado por su poder político y nada le sale al cruce para decir cómo tiene que gobernar”.
Ninguno de los sectores patronales con representación corporativa estaba dispuesto a conciliar con la “demagogia”. El camino propuesto fue bien diferente al Pacto Social esbozado por Perón. El 24 de junio de 1945 se publicó en el diario La Nación un documento empresario que sostenía: "Durante 25 años desde aquella Semana Trágica de enero de 1919, el país ha vivido dentro de una perfecta tranquilidad social. Y no es reavivando diferencias entre patronos y obreros, sembrando odios y azuzando pasiones que culminaron y terminaron hace 25 años, que habrá de propenderse con sinceridad al propósito de trabajar por la unión de todos los argentinos”.
Perón respondió inmediatamente con declaraciones públicas: “Respecto a una teoría esbozada de que la Semana Trágica aseguró al país 25 años de tranquilidad social, eso hace suponer que quisieran otra Semana Trágica. Entendida así la tranquilidad social, no hay nada que conversar. Si se trata de matar cinco o seis mil obreros para luego obligar a trabajar como se quiera, con el objeto de asegurar así 25 años de tranquilidad social, yo no me voy a prestar a eso”3.
En estos términos de Pacto Social o represión queda planteado el conflicto.
El proyecto del gran capital tenía fuerte arraigo en la sociedad civil. La totalidad de los partidos políticos, de las entidades patronales, la universidad, la casi totalidad de la prensa y unos pocos sindicatos confluyeron en la oposición al gobierno.
El sector del ejército encabezado por Perón y Mercante solo tenía el apoyo de la movilización obrera, impulsada por los sindicatos y algunos radicales que habían roto con su partido. Antes Amadeo Sabattini y más tarde el Partido Comunista habían rechazado la propuesta de sumarse al gobierno.
La movilización obrera y popular del 17 de octubre de 1945 modifica la relación de fuerzas. El gobierno militar ya presidido por el general Farrell se ve obligado a recurrir a Perón, y ratifica y le pone fecha a la convocatoria a elecciones nacionales que había anunciado el 6 de julio.
Un grupo de dirigentes sindicales provenientes de todas las tendencias históricas del movimiento obrero forma en diciembre el Partido Laborista, con el objetivo de defender en el plano institucional las conquistas logradas.
El 24 de febrero de 1946 el Partido Laborista, con la fórmula Juan Domingo Perón–Hortensio Quijano, logra el 52.4% de los votos emitidos contra el 42.51% de la Unión Democrática, donde se agrupaban todos los partidos políticos preexistentes a 1945.
El conflicto continúa en el terreno institucional hasta 1949, cuando la Unión Cívica Radical se retira de la Convención Constituyente —convocada para reemplazar a la Constitución de 1853— calificándola de “farsa”, y en consecuencia desconociendo las normas que surgieran de ella 4. Se inicia entonces una estrategia golpista con una violencia terrorista creciente, hasta 1955. Entre junio y septiembre de ese año, luego del mayor atentado terrorista en nuestra historia —si evaluamos el bombardeo de la Plaza de Mayo por la cantidad de víctimas fatales que produjo—5 el gobierno constitucional es derrocado.
El objetivo de ese sangriento golpe de Estado lo expresó el contralmirante Arturo Rial, cuando dijo a un grupo de sindicalistas: “Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero muera barrendero”. La claridad brutal de este golpista remite al presente. Aunque en un contexto nacional e internacional muy diferente, los términos del conflicto institucionalizado en 1946 son similares al actual.
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1 Manifiesto del Comercio y la Industria, en el diario “La Nación” 6 de junio de 1945.
Crónica mensual de la Secretaría de Trabajo y Previsión Año II Nª 9 enero 1945 pág. 53. En febrero de 1946 la Corte declaró inconstitucional todas las resoluciones de la Secretaría de Trabajo. (Fallos de la Corte Suprema de la Nación Vol. IV 1946 Bs.As. Imprenta López 1946 págs. 23-30.)
2 En del Campo Hugo, “Sindicalismo y Peronismo, Los comienzos de un vínculo perdurable”. CLACSO, Biblioteca de Ciencias Sociales, 1983, p.197.
3 En del Campo p.195/6
4 En diciembre de 1948 se realizan elecciones para convencionales constituyentes con el objetivo de renovar la Constitución de 1853. El Partido Peronista obtiene el 61.38 % de los votos emitidos, la U.C.R. el 26.86 % , el Partido Comunista el 2.95 %. Las sesiones se inician en enero de 1945. Los radicales (único partido que accede a la Convención) se retiran el 8 de marzo con argumentos contradictorios entre sí. El convencional Alcorta se pronunció contra “la llamada nacionalización de los servicios públicos” y argumentó que "con el monopolio del comercio exterior (por parte del Estado), se limita el estímulo a la iniciativa privada limitando así los poderes del espíritu”. Otro de sus correligionarios cuestionaba el concepto de función social de la propiedad pues “no modifica el régimen capitalista”. Moisés Lebenshon manifiesta su acuerdo con las nacionalizaciones pero “con un Estado dirigido democráticamente”. (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, imprenta del Congreso de la Nación, 1949, pp.122/609/61en Slodky Javier “El Estado Justicialista”, II Tomos n°203/4, Biblioteca Política CEAL Bs.As. 1988). También puede consultarse el diario de sesiones en: http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/centro_historia_politica/materiales/Diario%20de%20sesiones/_presentacion.asp
5 En el bombardeo del 16 junio a la Plaza de Mayo, reconocidas por el Estado hay 308 víctimas fatales; en la represión y enfrentamientos de septiembre hay –hasta ahora en una investigación inconclusa— 156 muertos. En ambas existen relatos de decenas de muertos que no han podido hasta ahora confirmarse. Investigaciones realizadas en el Área de Investigaciones Históricas del Archivo Nacional de la Memoria.
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